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Por Colectivo Tetzáhuitl*
La Dictadura Pro Oligárquica de Bukele, la más reciente “estocada” de la Derecha Oligárquica y Estados Unidos contra la izquierda salvadoreña y los sectores populares.
Ha sido una constante en la historia de América Latina desde el siglo pasado que cuando los intereses de la Oligarquía y de Estados Unidos se ven amenazados, ambos recurren a arremeter contra la izquierda, el movimiento social revolucionario, la intelectualidad progresista y todo lo que “huele” a amenaza.
Uno de los ejemplos más dramáticos en la región en el siglo pasado fue el golpe militar contra Salvador Allende en Chile, diseñado, fraguado y perpetrado por Estados Unidos.
Desde la llegada del Presidente socialista Salvador Allende al poder, la CIA y el Departamento de Estado buscaron su desestabilización y aislamiento y planearon el golpe militar hasta concretarlo en 1973 con la participación de los militares chilenos con el general Pinochet a la cabeza.
Esta es una práctica golpista que recientemente la hemos visto repetir en Bolivia con el intento de derrocamiento del Presidente Luis Valle y su equipo de gobierno.
El ascenso de Pinochet al poder (1974), luego del golpe de Estado y del asesinato de Allende en el ataque al Palacio de la Moneda, le permitió a la derecha empresarial Chilena en alianza con el capital transnacional estadounidense, impulsar un modelo de gestión gubernamental basado en el desmantelamiento del Estado de Bienestar de Allende, en la imposición del Neoliberalismo y en una cruel represión genocida que le permitiera al nuevo gobierno acabar con cualquier expresión de oposición política y social, sobre todo de izquierda.
Pinochet desmanteló el sistema democrático, disolvió el Congreso Nacional, proscribió a la mayoría de partidos políticos, restringió las libertades individuales (de prensa, expresión y movilización), persiguió a la prensa independiente y a la clase artística y violó sistemáticamente los Derechos Humanos.
Pinochet llevó a cabo una gestión económica Neoliberal, basada en los principios de los llamados “Chicago boys”, un reconocido grupo de economistas chilenos, la mayoría formados en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, siguiendo las ideas de Milton Friedman y Arnold Harberger.
Con Pinochet comenzó la contrarrevolución en Chile y la recuperación del poder del Estado por parte de la Oligarquía chilena.
Algo similar, aunque con matices propios, está ocurriendo en nuestro país con Bukele en la Presidencia de la República.
Bukele intentó disolver por la fuerza la Asamblea Legislativa en Febrero del 2020 cuando ocupó militarmente el Salón Azul.
Desde entonces ha trabajado en la anulación de la oposición y en el desmantelamiento del sistema democrático así como en la restricción de libertades fundamentales como la de movilización, expresión y prensa.
Con la aprobación del régimen de excepción, Bukele ha perseguido penalmente y encarcelado a la oposición, tanto política como social.
Ha asesinado en las cárceles a cientos de inocentes, con lo cual ha podido crear un clima de terror entre la población (Terrorismo de Estado).
Desde su llegada al poder en el 2019 ha desarticulado las políticas sociales de los gobiernos del FMLN, ya sea cerrando programas o desfinanciándolos.
Su gestión económica ha favorecido a los grandes empresarios.
Los negocios del Estado volvieron a caer en manos de los grupos oligárquicos, tal como ocurrió durante los 20 años de gobiernos de ARENA.
Entre la “medicina amarga” recetada para estos próximos cinco años está el aumento del IVA, la eliminación o reducción de subsidios, el despido de empleados públicos y más recortes en el gasto social.
La “medicina amarga” es el componente principal de la contrarrevolución emprendida por Bukele y su gobierno en alianza con el capital financiero sionista de Estados Unidos y los grupos oligárquicos del país.
¿Por qué hablamos de “contrarrevolución”?
El término “contrarrevolución” lo usamos en sentido alegórico para hacer referencia al retroceso democrático y a la progresiva desaparición de las políticas sociales que viene ocurriendo en el país desde hace cinco años.
Como lo hemos sostenido en otros artículos: el acceso al poder por parte del FMLN no fue a través de un proceso revolucionario que le permitiera el control total del Estado.
El triunfo electoral del 2009 hizo posible que la izquierda controlara el Ejecutivo pero no el resto de los poderes e instituciones del Estado.
La derecha siguió manteniendo el control de las decisiones legislativas y del poder judicial.
El FMLN tuvo que construir una correlación que le permitiera gobernar y ejecutar algunas políticas públicas, sobre todo sociales, que le garantizaran a los pobres mejores condiciones de vida.
Para comenzar a desmontar el poder de los grupos oligárquicos y por tanto el avance del Neoliberalismo en el país había que tener el control de la Asamblea y del Órgano Judicial y eso no fue posible en los diez años de gobierno del FMLN.
No obstante esas limitaciones en el ejercicio del poder público, la sola presencia dominante de la izquierda en el Ejecutivo representaba una amenaza para los intereses económicos y políticos de Estados Unidos en la región y en el país en particular.
En el 2009 se puso freno a las privatizaciones y al despojo de los Bienes Públicos por parte de los grandes empresarios en complicidad con ARENA.
Las políticas sociales emprendidas permitieron reducir la pobreza y las desigualdades sociales.
Por primera vez, la disidencia no fue perseguida y hubo plena libertad de expresión y movilización.
Cuando Bukele gana las elecciones en el 2019 inicia un proceso contrarrevolucionario para dar marcha atrás con lo poco que se había conquistado y avanzado.
No es que estemos hablando de una contrarrevolución en el sentido literal del término, pero sí de un significativo retroceso democrático que tiene como propósito desmantelar la democracia en el país y el Estado de Derecho, acabar con la oposición política y social y desecharla como opción de poder y de esa forma continuar avanzando en la profundización del Neoliberalismo Pro Oligárquico.
Ya comenzaron a tomarse algunas decisiones en ese sentido.
El Ministerio de Hacienda recortó el subsidio al gas en $35.5 millones de dólares con lo que se afectará a no menos de 300 mil familias.
Si hacemos el cálculo que cada hogar tiene entre 3 y 4 miembros en promedio, este recorte afectará a más de un millón de personas.
Lo mismo hizo Hacienda con el presupuesto para las Alcaldías.
Ha recortado $57 millones de dólares de los fondos que estaban asignados para este año.
Hacienda ha ordenado además recortes en Educación de $63.2 millones de dólares y en Salud por casi $100 millones de dólares.
En este último rubro se afectará el funcionamiento de los Hospitales y al Primer Nivel de Atención.
Recién ordenó el despido de más de 300 trabajadores en el Ministerio de Cultura por tratarse de personas que promovían una agenda que no es la del gobierno.
Lo más seguro es que antes que termine este año fiscal, se apruebe un incremento del IVA de al menos tres puntos porcentuales (del 13% al 16%) así como un aumento en otros impuestos al consumo.
No se descarta tampoco la venta de los pocos activos del Estado que aún le quedan de modo de hacer llegar recursos adicionales al fisco.
Se ha profundizando además el clima de terror en el país y ha arreciado la persecución de la oposición y el encarcelamiento de inocentes.
La “medicina amarga” y los retrocesos democráticos son los dos componente fundamentales de la contrarrevolución emprendida por Bukele.
Vivimos una etapa contrarrevolucionaria que busca preservar el “status quo” existente antes de las victorias electorales del FMLN.
De la intensidad de la rebeldía y de la lucha de resistencia del movimiento popular y de su capacidad para intensificar las protestas callejeras y movilizar a la población en la defensa de sus intereses dependerá que Bukele recurra al aparato militar y policial para reprimir las protestas callejeras y terminar de imponer el modelo de dominación oligárquico.
*El colectivo Tetzáhuitl está integrado por un grupo de periodistas, investigadores y analistas de la realidad nacional sin vinculaciones partidarias ni ataduras ideológicas.
Su objetivo es esclarecer procesos políticos y económicos como el que vive El Salvador.
