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William Siliézar
@DiarioCoLatino
A diario son muchas las mujeres que son víctimas de violencia de cualquier tipo, ya sea en sus hogares, en las calles o hasta en su lugares de trabajo, este último con mayor frecuencia en la actualidad, tal como lo presenta el reciente estudio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
El estudio es una investigación sobre violencia institucional que determina los aspectos en los que las mujeres enfrentan la violencia, tanto político, económico y corporal, asimismo, trata de evidenciar las prácticas visibles y sutiles de agentes del Estado.
Uno de los hallazgos encontrados en esta investigación es que la mayoría de las mujeres que participaron en el estudio no cotizan en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), lo que excluye, según las representantes de ORMUSA, a las mujeres de un sistema de salud integral.
Silvia Juárez, coordinadora del programa de mujeres de ORMUSA, explicó que las mujeres que atraviesan esta situación son las que trabajan en instituciones públicas, a quienes en ocasiones se les niega el derecho a un seguro médico y maternidad.
Sin embargo, esta situación también incluye a las mujeres que laboran en la industria manufacturera, quienes reportan más enfermedades debido al trabajo que llevan a cabo.
En ese sentido, es notable la persistencia de estereotipos de género en los lugares de trabajo, los cuales no limitan que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos en condiciones de igualdad, así como la valorización de su trabajo. Ante esto, Juárez consideró que es necesario que el ISSS y el Ministerio de Trabajo mejoren los registros sobre las enfermedades de origen ocupacional.
Pero la violencia que atenta contra las mujeres que diariamente trabajan para llevar el sustento diario no sólo es de inequidad y exclusión, ya que también el acoso sexual y abuso prevalece, lo más lamentable es que es ejercida por algunos funcionarios públicos y garantes de seguridad.
Según datos lanzados por el estudio de ORMUSA de 2012 a junio de 2016 la Fiscalía General de la República (FGR) registró 152 víctimas que denunciaron delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, 106 miembros de la corporación policial, seguidos de 40 soldados y otros 9 funcionarios públicos. Juárez señaló que la mayor cantidad de casos de abuso y acoso sexual por parte de agentes policiales y miembros del ejército se concentra en mujeres de entre 4 y 19 años.
Para la coordinadora del programa de violencia de ORMUSA es preocupante que miembros del Estado que deben garantizar la seguridad de las personas sean quienes cometan este tipo de actos, especialmente, contra niñas y jóvenes. Sonia Cortez de Madriz, Procuradora General de la República, agregó que este estudio ayudará a que las instituciones del Estado encargadas de la defensa de los derechos humanos de las personas, especialmente, de las mujeres fortalezcan su trabajo.
La Procuradora reafirmó que la institución que preside está trabajando para atender a las víctimas de violencia, no obstante, afirmó que es un proceso concientizar a las personas a no cometer actos que dañen la integridad física y moral de las mujeres.
Además, Cortez de Madriz invitó a las mujeres que continúen denunciando cualquier acto de violencia, pues de esta manera se pondrá mayor atención a la situación.
