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@SilviaCoLatino
“Era una extorsión”. Así describió Luis Parada, abogado de la firma que llevó el litigió del Estado salvadoreño contra la minera Pacific Rim/OCeanaGold, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI).
Acompañado de representantes de“Cuidemos la Casa de Todos”, la “Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica” y la “Alianza Ambiental de El Salvador”, el jurista compartió pormenores jurídicos del “laudo arbitral” entregado al Estado salvadoreño, el pasado 14 de octubre en la ciudad de Washington, Estados Unidos. “Esta no es la victoria de un grupo de abogados, es de una sociedad civil organizada y los pobladores de Chalatenango, Cabañas y otras zonas del país, que estaban directamente amenazadas por la minería metálica, que alarmados con lo que quería hacer Pacific Rim, alzaron sus voces y se organizaron”, expresó.
– ¿Cuáles son las impresiones del caso Oceana Gold?
El pasado 14 de octubre tuve la oportunidad de acompañar al Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, al CIADI, junto con la Embajadora de El Salvador en Washington, Claudia Canjura de Centeno, y otros funcionarios para recibir de manos de la Secretaria General del CIADI el laudo arbitral que ponía final al caso.
Fue emocionante, porque con dos gobiernos que escucharon a su pueblo, se mantuvo una política de defensa de la vida, del agua, en vez de favorecer las ganancias corporativas. Al llegar al CIADI no conocíamos el resultado, nos lo iban a entregar en físico en una copia certificada, pero dos minutos antes de entregarlo lo enviaron por correo electrónico a las partes.
En ese momento no había tiempo de leerlo pero, cuando recibí una fotografía de las compañeras (Despacho de abogados) con la expresión de “ganamos”, eso habló por mil palabras.
– ¿Por qué fue una extorsión la demanda de OceanaGold?
En perspectiva, la demanda de la minera fue abusiva, bastante intimidatoria y con el propósito de extorsionar al gobierno de El Salvador, para que le diera una concesión a la empresa minera, a la cual no tenía derecho, de conformidad a las leyes salvadoreñas.
La demanda comenzó con 314 millones de dólares, luego de una corrección por errores matemáticos en el modelo de cálculo de daños, que bajó a 250 millones de dólares, pero es una cantidad bastante grande para cualquier país.
Sería el presupuesto de la Fiscalía General de la República por seis años o el presupuesto combinado junto a los ministerios de Medio Ambiente, Economía y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, juntos, era una cantidad intimidatoria.
– ¿Qué desestimó el tribunal arbitral?
Desestimó todos los reclamos de la empresa, y dijo que el Estado salvadoreño fue generoso y benevolente con la empresa y que nunca lo trató de manera arbitraria, sino que, fue la empresa quien decidió arriesgarse y en lugar de cumplir con las leyes de El Salvador, decidió presionar al gobierno, para que cambiara las leyes, para que los requisitos que no podía llenar fueran eliminados. El gobierno intentó ayudarle pero no fue posible, entonces la empresa amenazó con el arbitraje e inicio la demanda, primero, la empresa Pacific Rim, pero a partir del 2012 a 2013, y lo digo porque Oceana Gold, una empresa australiana-canadiense, es dueña de todo esto, y que compró primero el 20% de las acciones de Pacific Rim por 4 millones de dólares; y luego en el 2013 compró el resto un 80% equivalente a 10 millones de dólares.
Esto permitió que continuara el arbitraje porque Pacific Rim estaba en banca rota, prácticamente en el año 2012, se hubiera terminado esta amenaza, pero vino Oceana Gold y compró Pacific Rim sabiendo que lo único que estaba comprando era el arbitraje, porque quería mantener también, este chantaje para El Salvador.
Y ahora, que no venga Oceana Gold a decir que heredaron este arbitraje, es falso, ellos compraron a Pacific Rim a sabiendas que estaba en un arbitraje y lo único que quería es utilizarlo como método de presión para el gobierno de El Salvador y obtener la concesión para explotar la minería.
– ¿Qué ocurrió en el tribunal arbitral?
A menos de dos meses (de presentar dictamen) se da algo insólito, los abogados de Oceana Gold envían una carta al tribunal arbitral, con copia a nosotros, informando que habían hecho una oferta a El Salvador para poder llegar a una solución negociada, por lo tanto, pedían la suspensión del laudo arbitral mientras negociaban.
Esto me alarmó, no teníamos conocimiento de esto y pedí instrucciones al Fiscal de la República y en menos de dos horas recibí instrucciones directas del Fiscal de dar un rotundo no a la empresa y que El Salvador no tenía ningún interés en negociar, y en lugar de suspender la emisión del laudo arbitral, pedían que se emitiera el dictamen lo más pronto posible.
De haber actuado de otra forma, creo que todos los esfuerzos y sacrificios que nacieron con la población y los ambientalistas asesinados en Cabañas, y otros que recibieron presiones hubiera sido traicionados, pero no pasó y la respuesta inmediata y enérgica de la fiscalía para no permitir esto, fue satisfactorio.
– ¿Se dudó en ganar el caso?
Yo siempre he sido muy optimista de que podíamos ganarlo, porque sabía que nos asistía la justicia, nos asistía el derecho y que también Dios estaba de nuestra parte. Porque a veces se cometen injusticias en este mundo y tenía la certeza que habría justicia.
El tribunal no solo desestimó todos los reclamos, no solo reconoció que el Estado salvadoreño trató a este inversionista de forma benevolente y generosa, sino que, condenó a pagar a la parte demandante a El Salvador 8 millones de dólares, para reembolsar los costos del arbitraje y que están relacionados a todos los gastos en la última etapa del arbitraje a partir del ingreso de Oceana Gold como demandante.
Lo norma en los arbitrajes no es ordenar a una de las partes reembolsar costos procesales, lo normal es que, el árbitro declare un ganador y cada una de las partes pagan sus propios gastos y precisamente, cuando es un Estado.
– ¿Por qué?
Porque algunos árbitros sienten que de alguna forma el demandante perdió su inversión y perdió el caso, entonces es algo inusual que un tribunal le otorgue a un Estado ganador las costas procesales y que fuera de 8 millones de dólares, que es una de las más altas que hemos visto otorgue el CIADI en su historia de trabajo. Este es un triunfo verdadero del pueblo salvadoreño, para la sociedad civil organizada y el gobierno.
– ¿OceanaGold puede apelar al laudo arbitral?
No hay una corte superior que revise el caso desde el principio y decidir algo diferente, lo que hay es un proceso de anulación, pero es muy limitado. Se nombran tres nuevos árbitros que solo pueden decidir si se anula parcial o totalmente.
Y las causales de nulidad solo son cinco, y el laudo arbitral está bien escrito, y toman bien cada argumento. Es mas, le hacen favores a la parte demandante. Yo le diría a Oceana Gold que lo piense dos veces, porque de irnos a una anulación saldrían cosas que dañarían el prestigio corporativo de la minera. Tenemos el documento que pedimos incorporarlo al proceso, y el CIADI dijo que era irrelevante, pero ese documento va a demostrar que ellos, le mintieron al tribunal, y no solo Pacific Rim, antes que llegara OceanaGold , en la audiciencia de septiembre de 2014, los abogados de la minera le mintieron al afirmar que no sabían que había una disputa con El Salvador, cuando le cambiaron la nacionalidad a la empresa de papel que es la demandante. Si podría haber una solicitud de nulidad pero ya lo revisamos y el laudo arbitral está bien redactado.
Lo que le diría a Oceana Gold es preguntarle si va enviar los 8 millones de dólares por cheque certificado o transferencia bancaria, y cuando regrese a Washington le daré los datos para que, lo ingresen al erario salvadoreño.
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