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Gloria Silvia Orellana
@Redacción DiarioCoLatino
“El informe de la CIDH confirma algo que ya sabemos, las violaciones a los derechos humanos en El Salvador son una política de Estado”, afirmó Celia Medrano, experta y consultora en derechos humanos.
La presentación del “Informe Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador”, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha visibilizado las reiteradas denuncias de las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, y otras denuncias individuales de personas víctimas de este régimen jurídico, que cumplió su trigésima prórroga consecutiva, aprobadas por la bancada del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) en la Asamblea Legislativa.
Para Celia Medrano, El Salvador forma parte de un contexto internacional de “disputa de esferas de influencia de un mundo cada vez más multipolar y mapas de poder”, y afirmó que están cambiando y que los estándares que exigen el cumplimiento y garantías de derechos, por parte de estos gobiernos, eran cada vez más bajos.
“La Comunidad Internacional falla al negarse ser inequívoca en sus relaciones y tratamiento con gobiernos autoritarios que se mueven velozmente a dictaduras”, dijo y agregó que “sobre todo aquellas que se alimentan del populismo”.
“El populismo se mantiene con engaños o medias verdades y millonaria propaganda financiada con fondos públicos. Eso no debería intimidar a referentes diplomáticos o representaciones de países que se han jactado de defender la democracia y el respeto a los derechos humanos en el mundo”, argumentó Medrano.
La especialista en derechos humanos también reaccionó a las declaraciones en contra del informe de la CIDH, hechas por el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión (CDHH) del Gobierno, Andrés Guzmán Caballero, quien señaló problemas “metodológicos” en la elaboración del documento por su falta de transparencia e imparcialidad.
Medrano consideró que era la reproducción de estrategias de gobiernos autoritarios, como el de El Salvador y Nicaragua, en donde su objetivo “apunta a lesionar la credibilidad” y negar una realidad innegable
“Parte de esta polarización alcanza a instancias cuyo principal capital es su credibilidad ante los Estados. El último informe de la Comisión IDH se publica con meses de atraso a partir del cuestionamiento de dos comisionados más enfocados en disputas ideológicas e intereses políticos al interior de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la misión y mandato de la CIDH”, explicó.
“Son 311 personas inocentes que han muerto en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción. Ni siquiera se sabe cuántas de las 81 mil personas detenidas hasta la fecha son inocentes. Porque al Estado salvadoreño no le importa mantener presa injustamente a un poco más del 1 % de su población”, manifestó Medrano.
También celebró el llamado de la CIDH al Gobierno salvadoreño, desde su informe, en el que le piden que “cese el régimen de excepción”. Medrano consideró que llega en un momento en que las reformas penales recientemente aprobadas por la bancada oficialista, evidencian “lo innecesario de mantener esta medida que por su naturaleza debió ser excepcional”, resumió.
“Estas reformas penales, basadas en la lógica de derecho penal del enemigo deja marcado permanentemente la inobservancia a derechos básicos de las personas, como la garantía de un tribunal imparcial. Y pese a las divisiones que se han evidenciado al interior de los comisionados de la CIDH, el informe confirma algo que ya sabemos: las violaciones a los derechos humanos en El Salvador son una política de Estado”, sostuvo Medrano.
CIS: El Salvador debe aplicar justicia, verdad y protección ciudadana
Para Leslie Schuld, directora del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el régimen de excepción y Derechos Humanos, ha sido “excelente”; además, de completo, cuenta con recomendaciones que deben ser retomadas por las autoridades estatales.
“Nuestra postura como Centro de Intercambio y Solidaridad es que consideramos que no existe ninguna contradicción en buscar la seguridad ciudadana junto a la protección de los derechos humanos de la población. Y felicitamos que la CIDH haga énfasis que esto debe ir de la mano para generar un ambiente de paz en el país”, afirmó.
Agregó que es importante “incluir observaciones, documentar los casos y destacar la importancia de cumplir con el debido proceso, la presunción de inocencia, la suspensión de audiencias masivas. Y, como Gobierno, investigar a fondo las muertes de personas detenidas bajo su custodia, que son más de 300 personas. Me parece una decisión con rectitud”, acotó Schuld.
Otra de las observaciones que destacó la directora del CIS es la referida a que el Estado salvadoreño elabore un listado en línea que dé acceso a las familias de los detenidos y sus abogados, con el fin de que los familiares tengan conocimiento de sus paraderos y su situación de salud.
“Y no olvidemos que la CIDH ha recomendado al Estado salvadoreño a realizar reparaciones y tomar responsabilidad de las personas a quienes violaron sus derechos con arrestos arbitrarios, las personas que han sido torturadas y, por supuesto, a quienes murieron en las cárceles. Por eso es importante cuando les recomienda medidas inmediatas que den la libertad a los inocentes”, expresó Schuld.
El Centro de Intercambio y Solidaridad lleva 22 casos de pescadores artesanales y lancheros del Espíritu Santo, Jiquilisco, Usulután, quienes fueron capturados de forma arbitraria, afirmó Schuld, por lo que las recomendaciones de la CIDH se constituyen en una oportunidad para que libertar a las víctimas inocentes del régimen de excepción.
“Se debe liberar a las personas que fueron detenidas en sus hogares, y no en la calle o realizando actos delictivos como lo han reportado falsamente las autoridades, que un día antes o después de su captura los policías o soldados les tomaron fotos y sus DUIS, para generar los antecedentes delincuencia les para capturarlos”, refirió.
“Es un informe de 354 páginas, pero hay algunas cosas importantes de mencionar como elaborar un registro que individualice a las víctimas de la violación de derechos humanos perpetrados en el marco de las detenciones y acción penal iniciado en el régimen de excepción. Y la participación de víctimas y la sociedad civil organizada en el proceso, como terminar con los jueces sin rostro para respetar el debido proceso, porque la seguridad ciudadana no debe ser excusa para violar gravemente los derechos humanos de la ciudadanía inocente”, puntualizó Schuld.
