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Gloria Silvia Orellana
@Redacción DiarioCoLatino
“Hay un retroceso significativo de derechos laborales, del derechos a la información pública en nuestro país. Los primeros cinco años de este Gobierno fue un retroceso grave. Y en este segundo quinquenio se va acentuando cada vez más”, dijo Héctor Rodríguez, integrante de la Mesa de los Trabajadores Despedidos (MTD).
Integrantes de la MTD conmemoraron sus cinco años de lucha laboral que, agregó Rodríguez, “han sido muy difíciles pero también nos han dejado muchas satisfacciones”, al reseñar los procesos de acompañamiento a trabajadores por despidos injustificados, la violación a derechos laborales y la criminalización del sindicalismo en el país.
“Al principio sólo eran los trabajadores del Gobierno como los primeros despedidos que se hicieron en junio 2019, y comenzamos a trabajar y logramos buenas alianzas cuando se sumaron compañeras y compañeros de las municipalidades, luego fueron trabajadores de la Asamblea Legislativa, todo eso nos dio un gran aprendizaje”, sostuvo.
“Y ese aprendizaje lo hemos incorporado para ir defendiendo a todas las personas víctimas de este régimen, en este su segundo mandato inconstitucional y que generó durante su primer quinquenio 20 mil personas despedidas ilegalmente. De estas, 14 mil provenían de diversas dependencias del Gobierno, 4 mil 444 de 75 alcaldías gobernadas por el oficialismo y 2 mil 550 trabajadores de la Asamblea Legislativa”, señaló Rodríguez.
Régimen de excepción utilizado para campaña de persecución política
Patricia de Claudio, representante de la organización, afirmó que el régimen de excepción, decretado por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele, ha sido utilizado con el fin de una “campaña de persecución política” contra trabajadores y trabajadoras que engrosan las “fuerzas progesistas” que defienden derechos humanos y laborales en el país.
“Han irrespetado el derecho a la libre sindicación y el fuero de 285 liderazgos sindicales, de los cuales 209 han sido despedidos arbitrariamente; otros 59 han sido suspendidos, 17 se encuentran encarcelados y 13 tienen medidas sustitutivas”, acotó.
“Condenamos la muerte de José Leónidas Bonilla, un crimen de lesa humanidad por el cual deben ser juzgados (el presidente Nayib) Bukele, sus funcionarios y los funcionarios del Sistema Judicial. Demandamos también la libertad de Sabino Ramos, Giovanni Aguirre y Misael Itamar Gómez, quienes han sido criminalizados por defender los derechos de la clase trabajadora”, manifestó de Claudio.
Asimismo, menciona que en este segundo mandato presidencial ya registraron 2 mil 250 despidos ilegales en dependencias de Gobierno como el Ministerio de Cultura, con 900 despedidos, e igual número en la Asamblea Legislativa con 900 cesantías.
Al que suman tres gobiernos locales del partido oficialista Nuevas Ideas, con el despido de 450 trabajadores en San Salvador Centro, alcalde Mario Durán; San Salvador Sur, alcalde Mario Vásquez y la alcaldesa Marcela Pineda de la Paz Este.
“Denunciamos que en los recientes despidos no se han entregado las respectivas indemnizaciones, para el caso a los despedidos del Ministerio de Cultura les han retrasado los pagos de la compensación y les van entregando a cuentagotas. Por eso demandamos el pago inmediato del 100 % de lo adeudado a las compañeras y compañeros despedidos”, sostuvo.
“Advertimos a los funcionarios que no están por encima de la ley y deben actuar en apego a la Constitución, al Código de Trabajo y los Tratados Internacionales (OIT), que están suscritos por el Estado. Y demandamos al Tribunal del Servicio Civil, la Sala de lo Contencioso Administrativo y Juzgados de lo laboral a cumplir la ley y dejar las matonerías y amenazas”, indicó de Claudio.
Sin lucha laboral, el régimen seguirá violentando a la clase trabajadora
“Como Mesa de Trabajadores Despedidos creemos firmemente que esta lucha por los derechos laborales y también sindicales de los trabajadores y trabajadoras salvadoreñas es una lucha constante que debemos seguir apoyando”, dijo Salomón Alfaro.
Mientras, hizo un llamado a las trabajadoras y trabajadores del sector público, municipal y privado a “unir fuerzas” y defender los derechos laborales y humanos, que por ahora son criminalizados por las autoridades de Gobierno.
“La historia nos ha demostrado que en los últimos 5 años del régimen de Bukele ha sido indolente contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Prácticamente tenemos una visión y acción de trabajo permanente porque este régimen seguirá violentando y vulnerando los derechos de la clase trabajadora”, afirmó Alfaro.
También mencionó procesos que ganaron en los últimos 5 años, como los trabajadores y trabajadoras en la Asamblea Legislativa, cuando realizaron una negociación para reubicar a un centenar de personas que iban a ser despedidas.
“Esa fue una batalla importante que logró y el caso de la Superintendencia del Sistema Financiero, demandaron al exprocurador Apolonio Tobar, para que actuará haciendo una auditoría de procesos frente a 250 despidos que logramos frenar y se lograron nulidades de despidos como en Migración y Extranjería, en donde erán más de 150 casos que se logró una reubicación de los compañeros y compañeras”, acotó.
Héctor Rodríguezbagregó, sobre el trabajo de la MTD, que han iniciado trámites ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una docena de casos interpuestos y se encuentran a la espera de las resoluciones del ente regional.
“Sabemos que vamos a ganar este proceso, pero sabemos también que es difícil porque son procesos bastante largos, pero animamos a los compañeros a emprender todas las batallas que estén a su alcance, pero primero debemos acudir y agotar el sistema de justicia en este país, antes de demandar ante la CIDH, y con su último informe han visto la criminalización a la población vulnerable”, enfatizó.
En cuanto a las nuevas plazas asignadas por el Gobierno, que han evidenciado altos salarios y la falta de idoneidad para asumir estos cargos, Rodríguez señaló que esta evidencia oficial fue por los hackers que se identifican como “Ciberinteligencia”, que marca altos “índices de corrupción” en la gestión gubernamental.
“Son casos graves de corrupción y, claro, cuando estos datos circularon públicamente el único chivo expiatorio al buscar culpables de la filtración de los datos fueron los de informática de las instituciones a quienes despidieron, porque es el eslabón más débil de la cadena y me refiero a los compañeros de la Asamblea Legislativa”, explicó.
“Ahora con la información del ISSS, ya esperamos el despido un número alto de empleados de informática, pero lo que ha quedado al descubierto es que este Gobierno en su planilla de salarios ha incrementado, ya decíamos que despidieron a 21 mil personas y recontrataron a igual número; pero al año 2024 eran ya 24 mil trabajadores más; o sea, son 45 mil personas”, alegó Rodríguez.
La Mesa de Trabajadores Despedidos (MTD) recordó que la administración del presidente Nayib Bukele ha cerrado 24 instituciones públicas, a las que se suman 5 mil las escuelas que necesitan reparaciones urgentes. Y que la media de los salarios actuales en el Gobierno son de 2 mil dólares a los 41 mil dólares, que se traduce en una “falta de ahorro, despilfarro de fondos públicos y sin beneficios a los sectores populares”.
