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Oscar López
@Oscar_DCL
Un grupo de treinta organizaciones sociales condenó el intento de golpe de Estado ocurrido el pasado 9 de febrero, en el que el presidente de la República (Nayib Bukele) militarizó la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados para que aprobaran un millonario préstamo para financiar el plan de seguridad.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) externó preocupación por el “atropello” a la institucionalidad del país y el rompimiento del orden constitucional.
“Es una afrenta grave a la institucionalidad democrática y a la Constitución, esperamos que esos hechos no se repitan. Atentados a la democracia como los que vivimos el 9 de febrero nos parecen lamentables y repudiables. Vemos que fue un intento de golpe (de Estado) y eso es preocupante, esperamos que esas prácticas no se repitan y que prevalezca el respeto a la institucionalidad”, aseveró Castro.
Al respecto, Rubén Zamora (analista político) consideró que con las acciones ejecutadas por el presidente Bukele existe un “retroceso frente a los Acuerdos de Paz”, ya que el objetivo principal de los mismos era la desmilitarización de la vida política de El Salvador, que por años fue dominada por las Fuerzas Armadas en el Gobierno.
“El intento de golpe de Estado de este fin de semana lo que nos muestra claramente es una voluntad de retroceder frente a esos objetivos que costaron tanta sangre al país y tantos esfuerzos”, afirmó Zamora.
Las organizaciones condenaron que se recurra a amenazas y al uso de fuerza militar y pública para obtener la aprobación de un préstamo y otros propósitos, justificándose en la interpretación errónea y conveniente de la Constitución de la República.
Además, para las organizaciones hubo un claro irrespeto a la separación de poderes, los que la Constitución determina como base de la República y que son necesarios para el balance de poder y para el correcto funcionamiento del sistema democrático salvadoreño.
“Nos resulta preocupante la situación porque como nación habíamos logrado entender que las diferencias se resolvían por las vías institucionales, por la vía de la legalidad, y se habían abandonado estas prácticas que implicaban el uso de la fuerza. Debemos de volver a los canales institucionales para resolver cualquier controversia”, declaró Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Escobar explicó que no es cierta la dicotomía planteada por el presidente Bukele, en la que sostiene que se está en contra de la lucha contra la criminalidad por exigir que se respete la Constitución de la República.
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