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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Es claro que Ocean Gold no quiere pagar, entonces, ya hay que intervenirla, ahí la Policía (PNC), la Fiscalía (FGR) deben intervenir sus bienes”, dijo Ricardo Navarro, presidente del CESTA al rechazar el retraso del pago de 8 millones de dólares al Estado salvadoreño, que adeuda la empresa transnacional minera, que perdió el “laudo arbitral” en el litigio ante el CIADI.
“Ya tenemos nosotros problemas serios en El Salvador con toda la contaminación ambiental, el problema del Cambio Climático y encima de esto, la minería. Nos quisieron robar 250 millones de dólares (Pacific Rim/Oceana Gold) y menos mal que los señores del CIADI dijeron que era evidente que El Salvador tenía la razón (al fallar a favor del Estado)”, afirmó.
Este 14 de febrero se cumple el plazo para que la empresa transnacional minera Oceana Gold, antes Pacific Rim, pague, en concepto de indemnización al Estado salvadoreño ocho millones de dólares, según el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por lo que las organizaciones ambientalistas y sociales demandan su cumplimiento.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, el Movimiento de Víctimas, Afectadas y Afectados por el Cambio Climático y las Corporaciones (MOVIAC), la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y la Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” (UCA) reiteraron al Estado a promover las acciones pertinentes que concluya en una ley que prohíba la minería metálica en el país.
Navarro manifestó que se debe hacer una revisión del Tratado Libre de Comercio (DR CAFTA), ante el casi nulo beneficio generado para los pueblos de la región y en especial El Salvador, en el intercambio comercial de bienes con los Estados Unidos.
“Esto solo ha servido para las grandes corporaciones, para beneficiar a los que tienen dinero; entonces, aquí, en este caso necesitamos los votos en contra de la minería metálica; que los diputados y diputadas muestren que son dignos y dignas de sus puestos y dejar claro, que están del lado, de los intereses de la nación salvadoreña. Que no defienden los intereses de las grandes corporaciones, ojalá y tomen la decisión adecuada”, sentenció.
Mientras, Andrés Mc Kinley, en representación de la UCA, reafirmó que hay suficientes elementos y estudios científicos que rectifican los graves impactos que causaría la minería metálica en El Salvador, ya sea por su extensión territorial como por la densidad poblacional, que haría colapsar la integridad del medio ambiente en unos cuantos meses.
En cuanto, al retraso del pago de Oceana Gold, que afirmó que haría una revisión del fallo del CIADI, para su revocatoria, Mc Kinley expresó que el abogado que llevó la causa, Luis Parada, explicó que la trasnacional minera tenía que haber pagado de inmediato, luego de conocerse el dictamen del CIADI.
“No hay un período de 120 días para el pago de esos ocho millones de dólares, o sea, Oceana Gold ya está en violación del fallo, y no existe ninguna base legal para hacer reclamaciones, más bien, creemos que el gobierno de El Salvador ha sido bastante bondadoso con Oceana
Gold, en todo este proceso y que fue injusto en todo momento esta demanda contra el país”, subrayó.
Leonel Herrera, Director de ARPAS, invitó a los órganos del Estado a “cerrar este capítulo de la minería” en el país y tomar decisiones bajo criterios del bien común, porque está demostrado que esta industria extractiva no es viable para el medio ambiente, la salud de las personas y las capacidades para lidiar con efectos de la contaminación.
“Diferentes sectores del país estamos planteando la prohibición de la minería, los sectores religiosos, académicos y sociales, hasta el CIADI le dio la razón al Estado salvadoreño, que es un tribunal del Banco Mundial, rechazó las pretensiones de la empresa minera, es decir, todos los argumentos están ahí y es un debate de más de 10 años, que
ha tenido consecuencias lamentables (asesinatos de ambientalistas) y esto se puede cerrar con 43 votos de la Asamblea Legislativa, ojalá fuera de consenso, para aprobar el proyecto que ha sido presentado por la Iglesia Católica y la UCA. Necesitamos diputados y diputadas consecuentes que voten a favor de legislar por el bien común”, concluyó.
