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@arpassv
Está previsto que en los próximos días o semanas, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) emita su resolución sobre la demanda de Pacific Rim-Oceana Gold contra el Estado salvadoreño. La publicación del fallo se retrasó porque a última hora la transnacional minera intentó en vano una salida negociada con el gobierno salvadoreño.
La empresa canadiense Pacific Rim, absorbida después por la australiana Oceana Gold, demandó a El Salvador por 300 millones de dólares como indemnización por no permitirle explotar la mina El Dorado en San Isidro, Cabañas.
La compañía extractivista alegó que la licencia de exploración otorgada durante el gobierno del ex presidente Francisco Flores le asignaba automáticamente el derecho de explotación. Sin embargo, al no cumplir con los requisitos ambientales y de factibilidad, los sucesivos gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes le negaron los permisos.
El rechazo gubernamental al proyecto de Pacific Rim-Oceana Gold también respondió a la constatación científica de la inviabilidad económica, social y ambiental de la minería metálica en país debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y el grave deterioro de los recursos hídricos.
Para la negación de los permisos también fue clave la oposición de diferentes sectores del país (ONGs ecologistas, la jerarquía católica, etc.) y, fundamentalmente, la resistencia comunitaria en Cabañas, donde -incluso- fueron asesinados ambientalistas.
A pesar de que la defensa salvadoreña en el CIADI expresa confianza en un fallo favorable (dado que Pacific Rim-Oceana Gold no presentó ningún argumento válido), la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llama a estar atentos ante el peligro de una resolución contraria la decisión soberana del país de no permitir la explotación minera.
Y este temor no es infundado, pues el CIADI es un tribunal del Banco Mundial muy influenciado por las grandes corporaciones que recurren ahí para extorsionar a los Estados cuando éstos no acceden a sus pretensiones lucrativas.
Por eso todos los sectores debemos estar pendientes del CIADI, para rechazar contundentemente cualquier fallo desfavorable a los intereses nacionales y contrario a nuestra soberanía, independencia y autodeterminación. Ningún tribunal corporativo puede definir las políticas económicas, de protección ambiental y convivencia social del país.
