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Por Leonel Herrera*
Tal como estaba previsto, la triste y vergonzosamente célebre bancada legislativa oficialista reformó ayer la Constitución de la República.
Por orden de un presidente que -supuestamente- no está ejerciendo el cargo porque tiene “licencia” y con una dispensa de trámite al mejor estilo de “los mismos de siempre”, los diputados bukelistas modificaron el Artículo 248 referido al procedimiento y la forma de realizar cambios al texto constitucional.
Hicieron una “leguleyada”, como bien señaló la parlamentaria opositora Claudia Ortiz. Los oficialistas le llaman “jugada maestra” para darse falsas ínfulas de estrategas políticos y porque confunden inteligencia con abuso de poder, vandalismo legislativo y traición a la democracia, los derechos humanos y la dignidad de la gente.
Por alguna razón, estos sepultureros de la democracia salvadoreña no tuvieron a tiempo el paquete de reformas a la Constitución y sólo aprobaron cambiar la manera de reformarla para que la legislatura entrante se encargue, ella sola, de culminar la tarea de adecuar la ley fundamental a la nueva dictadura que comenzará formalmente el 1o de junio, cuando Bukele asuma un segundo mandato presidencial consecutivo prohibido en -al menos- siete artículos de la carta magna.
Probablemente esto también se deba a cálculos políticos. Por un lado, Bukele prefiere llegar al 1o. de junio sin el escándalo de haber cambiado la Constitución para no ser tan mal visto, sobre todo, por la comunidad internacional; y por otro, prefiere aplicar la estrategia de “calentar gradualmente la olla”, en vez de hervir el agua de una vez.
En este último sentido, posiblemente la “jugada” sea una reforma constitucional por partes y no de una vez.
Primero cambiarán la conformación del TSE, para negarle magistrados a la oposición; después aumentan el período de los alcaldes y diputados, para suprimir las elecciones de 2027; y ya llegando las elecciones de 2029 eliminan la prohibición de la reelección, y la dejan indefinida para que Bukele se perpetúe en el poder, como lo adelantó el ex demócrata vicepresidente Félix Ulloa.
Y en medio de esto irán modificando disposiciones constitucionales referidas al sistema republicano de separación de poderes, el pluralismo político, las atribuciones del presidente, el rol de la Fuerza Armada, la propiedad y tenencia de la tierra, la autonomía de la Universidad de El Salvador y otros aspectos fundamentales que Bukele y sus hermanos quieran modificar.
La reforma aprobada ayer es totalmente inconstitucional y, por tanto, lo serán también las que apruebe la nueva legislatura. En noviembre de 2017 la Sala de lo Constitucional estableció que las reformas constitucionales deben ser aprobadas con elecciones legislativas de por medio; es decir, la reforma de ayer debió aprobarse antes de los comicios del 4 de febrero.
El propósito de esto es que se genere el debate necesario alrededor de las propuestas de reformas y que el electorado se exprese a favor o en contra de éstas, votando o no por los diputados que las abanderan.
En otros artículos de opinión también señalé que los diputados que promovieron la reelección presidencial violaron el Artículo 75 de la Constitución; por lo cual se quedaron sin derechos políticos, su elección es ilegal y no pueden reformar la Constitución.
Además, por la magnitud de la reforma, se trata -en realidad- de una nueva constitución y, por tanto, debe ser aprobada por una Asamblea Constituyente y no en un proceso ordinario de reforma constitucional.
Finalmente, la reforma aprobada ayer es totalmente ilegítima porque no tiene objetivos democráticos relacionados con la ampliación de derechos, la participación ciudadana, la transparencia del sistema político y otros objetivos válidos; sino que busca habilitar ilegalmente a la nueva legislatura para que ésta adecúe el marco constitucional a la medida de las ambiciones autoritarias, las necesidades de acumulación de riqueza y las ansias de perpetuarse en el poder del clan familiar gobernante.
*Periodista y activista social.
