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@JoakinSalazar
Preocupación por la independencia judicial y dejando a un lado los derechos del pueblo salvadoreño, Mónica Pinto Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, de la Organización de las Naciones Unidas, se pronunció ante la disputa entre el Gobierno salvadoreño, sectores sociales y la Corte Suprema de Justicia, mostrando su apoyo a esta última.
“Si bien en un régimen democrático el derecho a manifestarse pacíficamente es fundamental; las acciones, incluyendo bloqueos, que impiden el adecuado funcionamiento del poder judicial y ponen en riesgo la seguridad y la integridad física de los magistrados constituyen un ataque inaceptable en contra de la independencia judicial”, explicó Pinto a través de un comunicado.
Organizaciones sociales, comunidades y diversos sectores de la sociedad salvadoreña, han salido a las calles durante las últimas semanas para protestar en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes a su juicio los magistrados responden a una agenda, para beneficio de los sectores oligarcas del país. Desde el año 2012, la Sala de lo Constitucional ha emitido diversas sentencias, en las que se bloquean las finanzas del Estado, dichos fondos ascienden a más de $1,100 millones de dólares, poniendo en riesgo la ejecución de programas sociales y proyectos a beneficio del pueblo salvadoreño. La crisis en las finanzas pública coyuntural es parte de esas acciones.
Muchas de estas sentencias, emitidas por la Sala de lo Constitucional, incluían beneficios para Seguridad, Educación, Salud e inversión; estos han quedado en riesgo por la injerencia de los magistrados, que no tarda mucho para emitir resolución en temas económicos del Estado.
El pasado lunes, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, decretó una Emergencia Fiscal, por los problemas financieros que presenta el Estado Salvadoreño, lo que algunos magistrados consideran que es producto de una “mala administración”; sin embargo, es resultado del bloqueo económico que sostiene la Sala de lo Constitucional.
Pese a ello, la relatora agregó que “los pronunciamientos de funcionarios públicos al más alto nivel del Estado también podrían considerarse una forma de intimidación… Los fallos de la Sala de lo Constitucional son sentencias de última instancia, y como tal deben respetarse aun cuando existan diferencias,” subrayó la funcionaria.
El gobierno salvadoreño y funcionarios de gobierno, han reiterado en varias ocasiones que acatan todas las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, pero, se ha mostrado en contra de todos los ataques que de manera subliminal han realizado los magistrados, puesto que a través de sus sentencias benefician a sectores adinerados y de derecha de la sociedad, acrecentando la polarización y la desigualdad social.
Ante la denuncia de los magistrados, la relatora instó a las autoridades salvadoreñas “a que respeten las sentencias judiciales y garanticen la independencia del sistema de justicia, de conformidad con las obligaciones internacionales del país,”.
Poco o nada es reconocido por la relatora Pinto a favor del pueblo salvadoreño, quienes ven con preocupación el riesgo que se encuentran los programas sociales, como el paquete escolar, uniformes, vaso de leche, entre otros. Finalmente, la Relatora, hizo un llamado a las autoridades para tomar medidas urgentes y frenar los ataques personalizados e individualizados, que ponen en riesgo la integridad física de los magistrados y socavan su independencia, contrario a lo que denuncia la funcionaria internacional, el pueblo salvadoreño no ha hecho más que protestar en contra de los magistrados, a través del derecho a la libertad de expresión.
