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@RosmeriAlfaro
Uno de los temas que más ha causado polémica entre economistas, políticos, y sobre todo de la clase trabajadora que ahorra para una pensión digna al jubilarse, es la necesidad de crear un nuevo sistema de pensiones.
El Gobierno de El Salvador y la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones (ICP) han presentado su propuesta para solucionar la actual crisis que enfrenta el Estado salvadoreño. A ellas se unirá la propuesta de organizaciones de la clase trabajadora, entre los que se encuentra el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (SITINPEP), que presentará el miércoles 17 ante las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa un “Sistema Mixto: Integral, Solidario, Vitalicio y Universal”, un sistema que promete no colapsar.
Más de 19 años han pasado desde que entró en vigencia el Sistema de Ahorro para Previsional (SAP). El cambio del SAP a manos privadas con las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) ha generado desequilibrio en las finanzas públicas al asumir el Estado, compromisos cuyo financiamiento no se consideró en 1998.
Para Patricio Pineda, encargado de comunicaciones del SITINPEP, esto ahondó la crisis a nivel financiero, político, económico, jurídico y social afectando a toda la población salvadoreña, al no cumplir sus promesas.
“No responden al costo de la vida, prometieron que se ampliaría la cobertura y no fue así, asimismo, que se invertirían los fondos de pensiones en instrumentos rentables, esto se ha cumplido a medias. $9,252 millones es el fondo total de pensiones actualmente, de esos, el 60.98%, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, están invertidos para pagar pensiones”, señaló.
Agregó que en 1998 prometieron garantizar un sistema permanente de cuentas individuales y son los actuales cotizantes en las AFP, los que mantienen a pensionados que “ellos dijeron que se iban a morir”.
“Este sistema de reparto es perverso”, dijo. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ACEFI, a esta fecha la deuda previsional es del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) que produce El Salvador, es decir, de 28 mil millones de dólares, hay 14 mil millones comprometidos en deuda previsional.
A diferencia de la propuesta presentada por la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones (ICP), esta busca la ampliación de la cobertura del sistema de pensiones al incorporar en un año a 150 mil personas que laboran en el “mal llamado sector informal”, 50 mil trabajadores independientes, 50 mil asalariados, como mínimo, de este sector y la misma cantidad de propietarios de micros y pequeños negocios.
Indicó que la única forma de ampliar la cobertura en el sistema de pensiones, es incorporar a los trabajadores del sector independiente, uno de “los mercados laborales débiles del país”.
“La incorporación sería libre y voluntaria para este sector, además que tendrán incentivo del Estado. No obstante, el único requisito para ser incorporado y gozar del incentivo es cumplir con el requisito de asociatividad (sea en sindicatos o asociaciones gremiales o específicamente de previsión y seguridad social)”, indicó la fuente.
Además, busca incorporar en el corto plazo, a 100,000 personas de las 200,000 que aportan al Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales del ISSS, pero no cotizan al sistema de pensiones. De acuerdo con Pineda, en la categoría uno y dos (trabajadores independientes y asalariados de ese sector), la persona trabajadora aportará el 6% de sus ingresos mensuales, 5% para el fondo de pensiones y 1% al ISSS) y el Estado pondrá otro 5% como incentivo.
Los propietarios de micros y pequeños negocios cotizarán el 5% de sus ganancias, en especie de monotributo y el Estado aportará un incentivo del 1% para el ISSS.
Con esta propuesta, la clase trabajadora, dice el dirigente de SITINPEP, busca aumentar en un 40% la pensión mínima, y aumentar de 6.75% a 8.75% la aportación patronal (empresa privada/Estado), y ampliar los rendimientos de los fondos de cotización invertidos, frenando el endeudamiento del Gobierno con las AFP y canalizando más fondos hacia inversiones con altos rendimientos.
“Sumando, eso permitirá una recaudación en el primer año de $101 millones, a diferencia de la otra propuesta, la de los empresarios, nosotros no empezamos con déficit sino con superávit, incorporamos 250 mil personas nuevas, eso eleva la cobertura del 24% actual al 32% y gradualmente se irá incorporando el 10% de cada rubro”, manifestó.
También busca el mejoramiento de las pensiones y la sostenibilidad financiera y administrativa del sistema. Este será administrado por una Institución Pública, Financiera y Autónoma, sin fin de lucro. cobrará una comisión del 9.2% y estará exenta del impuesto sobre la renta.
Se creará el Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social (INAPS), a partir de la fusión integral de UPISSS y el INPEP. Este será regido por una amplia representatividad Laboral y Gubernamental, a través de un Consejo Superior Administrativo que será la máxima autoridad de dicha institución. Manejará todos los fondos por lo que el Ministerio de Hacienda no tocará ese dinero.
El sistema busca “eliminar la ganancia en el componente público de los fondos, distribuyendo la comisión del 9.2%, en un 2% para el gasto de funcionamiento de la nueva institución y 7.2% para pagar los incentivos para los trabajadores independientes conocido como Fondo de Ampliación de Cobertura Previsional (FACOP).
El sistema constará de cuatro componentes, el Fondo Rotativo Solidario y Vitalicio (FRSV), en el cual las personas con empleos formales y cuyos salarios mínimos no sobrepasen dos salarios mínimos del sector comercio y servicios ($600) dejará de cotizar en las AFP y pasará a hacerlo en el FRSV. Los fondos acumulados en las AFP pasarían al fondo común.
El Fondo de Pensión no Contributivo (FPNC) que ampliará de 32,400 que cubre actualmente el programa a 42,400. Se les dará un monto de $50 mensuales a adultos mayores en extrema pobreza. Esto saldrá de la comisión que cobrarán.
Otro de los componentes será el Fondo de Ahorro Individual Público (FAIP), en el cual las personas con empleos formales cuyos salarios sobrepasan los dos salarios mínimos del sector comercio y servicios ($600) solo cotizarán por el excedente de los dos salarios mínimos, pues la cotización por el ingreso hasta 600 dólares irá al FRSV. Si la persona desea cotizar en el fondo privado por dicho excedente, podrá hacerlo, al igual que en el componente Privado, la diferencia es que este será administrado por las AFP.
Uno de los aspectos novedosos es que la propuesta protege a las mujeres. En sus meses de postgestación, si cotizarán, la pensión mínima para mujeres y hombres será igual. Además, actualmente las viudas tienen pensión por sobrevivencia, pero si se casan de nuevo la pierden, en esta propuesta no la perderán.
Aunque con algunas modificaciones, el sistema es basado en la propuesta del Gobierno salvadoreño, orientada a crear un sistema mixto para promover la equidad en los beneficios, en la inclusión social, ampliar la población cubierta por el sistema, disminuir el impacto en las finanzas públicas y garantizar los recursos para el pago de las pensiones en un marco de sostenibilidad financiera y viabilidad fiscal en el mediano y largo plazo.
Los requisitos actuales para acceder a una pensión no cambian, la edad de jubilación se mantendrá en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, al igual que el tiempo de cotización en el sistema, que se mantendrá en 25 años.
De igual forma propone una reducción en la comisión por administración y seguro de las AFP del 2.2% al 1.9%.
El Sistema Mixto: Integral, Solidario, Vitalicio y Universal, trabajada por SITINPEP, la Concentración Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS) y la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) es apoyado por un aproximado de 300 mil personas, y fue presentada el 1 de mayo al presidente de la República Salvador Sánchez Cerén.
“Aprobar la propuesta de la ICP es darle más fuerza al negocio y las pensiones no pueden ser mercantilizadas porque es un tema de vejez… Si las cosas se ponen duras vamos a movilizar a la gente porque esta es una cuestión política también… No decimos que esto sea la panacea de todo, lo que estamos diciendo es que convoquen a debate nacional en la Asamblea Legislativa”, concluyó Pineda.
