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@GloriaCoLatino
Las manos toscas y rugosas de Santos Almendariz son el fiel reflejo de su edad y una vida dedicada al campo, sovaldi y son las que sin titubeos marcaron el “No” en la papeleta de la Consulta Popular para “defenderse” contra la minería metálica en el municipio de Arcatao, troche Chalatenango.
Santos procede de un pequeño valle del cantón Teosinte, find en Arcatao, Chalatenango, a sus 84 años de edad y con dificultades de salud, tomó parte de su tiempo para acercarse a un centro de votación para que el gobierno local emita una “Ordenanza Municipal” que prohíba en su totalidad la minería metálica en su municipio.
“Vine a votar porque (la empresa minera) va a destruir los cerros y si lo hacen me dejan sin casa. Para mí esto no es bueno porque me quedo sin casa y sin agua, es cierto… yo me puedo morir dentro de poco pero se quedan los chiquitos”, reflexionó.
Los ecos de un pueblo luchador no estaban equivocados, con 1 mil 027 votos emitidos el 8 de noviembre, en la consulta popular para conocer si permitían o no los proyectos mineros, se obtuvo 1 mil 023 personas que votaron por el “No” y solo 3 votaron a favor de esta industria que se dedica al “extractivismo de metales preciosos en el mundo”.
El gobierno local de Arcatao instaló 9 Juntas Receptoras de Votos a lo largo del municipio e igual número de centros de votación distribuidos entre los cantones El Sitio, El Pepeto y el Portillo, con 3 urnas de votación; para los cantones Teosinte y Sicahuite que comprende la zona baja de Arcatao 2 urnas; para el Cerrón Grande y Las Vegas otras 2 urnas. Y para el casco urbano habilitaron 2 urnas para los barrios El Calvario, El Centro, San José y San Esteban, que permitió un consolidado del 99% de asistencia a través, del sistema de voto residencial.
Arcatao se ha convertido en el cuarto municipio junto a sus vecinos: San José Las Flores, San Isidro Labrador y Nueva Trinidad, en una zona exclusiva que ha decidido de forma autónoma erradicar de sus territorios la exploración y explotación minera, que ampara jurídicamente una ordenanza municipal.
Commerce Group incursionó en el año 2005, en tierras altas del cerro Eramón, en donde se emplaza Arcatao, experiencia que provocó un inmediato rechazo de pobladores y autoridades locales. La sola sospecha que la alta contaminación que produce esta industria aniquilara al río Sumpul, afluente principal de la zona, que serpentea 77 kilómetros de longitud cercana a sus tierras, era inaceptable.
Las protestas y cerrar filas contra la empresa minera no se hicieron esperar y por ahora, el Sumpul aún recorre tranquilo su camino y ejerce su labor como límite geográfico natural entre El Salvador y Honduras.
José Alberto Avelar, Alcalde del Concejo Municipal de Arcatao, felicitó a la población por emitir su voto en mayoría, que lo consideró un valeroso acto cívico de la voluntad soberana del pueblo arcatense contra esa industria transnacional.
“Es importante destacar que todo este resultado es un compromiso que asumimos durante la campaña electoral como Concejo Municipal y ahora, le estamos dándole una respuesta a la población que se expresaron, a través de las comunidades organizadas y el Comité Gestor que unidos logramos que esta tierra que tiene metales preciosos en el subsuelo sea protegida de forma completa”, expresó.
El edil arcatense consideró además, que con el cierre de toda actividad minera en los municipios de San José Las Flores, San Isidro Labrador y Nueva Trinidad se ha logrado dar una oportunidad de conservación a los recursos naturales y preservar la vida de la población salvadoreña. “Aquí estamos defendiendo la vida de todo El Salvador, no solo se trata de Arcatao, debemos mencionar que la población de San Salvador estaría fuertemente amenazada con el tema de la minería y de llevarse a cabo un proyecto de muerte de estos, nuestros mantos acuíferos serían altamente dañados y San Salvador consume el agua que nace en los cerros de Chalatenango”, afirmó.
Mientras, Dennis Orellana, representante del Comité Gestor señaló que esta decisión de colectivo fue viable, a partir del compromiso de quienes se involucraron para echar adelante el proceso de la consulta popular. “La toma de conciencia de todas las comunidades del municipio de Arcatao fue estratégico y ahí trabajamos junto a la Mesa Nacional contra la Minería sobre los posibles efectos y daños de este tipo de industria que solo deja a su paso destrucción y amenazas a la vida, para todo el país”, explicó.
Karla Cortez, Procuradora Adjunta en Medio Ambiente (PDDH) y observadora de la consulta popular felicitó la iniciativa y decisión que tomaron en común acuerdo frente a la minería metálica utilizando mecanismos acreditados por el Código Municipal que permite la libertad de expresión de sus habitantes en temas de trascendencia.
“Para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es claro que, la población deja un mensaje concreto al que deberán darle cumplimiento – y recordar también- que todo proceso en el cual la Constitución de la República o los compromisos internacionales en materia de derechos humanos no sean tomados en cuenta, serán al final procesos irregulares y que carecen de toda validación”, indicó.
En cuanto al accionar de las empresas transnacionales mineras, la Procuradora Cortéz afirmó que cuando se le solicita información suelen brindarla de forma sesgada, por lo tanto era importante que los compromisos soberanos adoptados por el Estado salvadoreño fueran de fiel cumplimiento.
“La consulta popular es la voz de los pueblos y democráticamente este tipo de acciones colectivas son más fuertes para este tipo de decisiones como prohibir la minería. La Consulta Popular no es solo una votación “per se” es la expresión de todo un pueblo que decide sobre su futuro”, acotó.
“Es muy importante lo que está ocurriendo contra la minería en la zona Nor-oriental de Chalatenango que están generando un posicionamiento político, público y jurídico”, dijo Bernardo Belloso, de CRIPDES, organización que se encuentra dentro la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, al explicar la incidencia social de este ejercicio democrático.
“Al declarar estos territorios libres de minería se da un paso muy importante, porque quienes toman el liderazgo y se involucraron en todo este proceso de consulta popular, prácticamente fueron las comunidades, un paso importante porque, amerita una responsabilidad este grupo que por casi 4 meses se dedicó a trabajar, por toda la población y su derecho a decidir”, reiteró.
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