Editorial Arpas
La semana pasada se cumplieron 100 años del surgimiento de la radio: el 20 de agosto de 1920, la estación 8MK (ahora WWJ), en Detroit (Michigan, Estados Unidos), transmitió su primer programa, en la frecuencia 1500 Kilohertz; y en noviembre del mismo año salió al aire la emisora KDKA, en Pittsburg (Pensilvania).
En América Latina, fue Argentina el país que inauguró la radio, el 27 de agosto de 1920, escasos siete días después de Estados Unidos, en la voz de Enrique Susini, el primer locutor del mundo. Chile fue el segundo país de la región donde comenzó a transmitir la radio, en 1922.
En nuestro país la radio comenzó el 1 de marzo de 1926, por iniciativa del entonces presidente Alfonso Quiñónez Molina, quien le puso sus iniciales AQM a la ahora Radio Nacional de El Salvador (RNES). Durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez (1932-44), asesores y funcionarios del entorno presidencial operaron frecuencias radiales.
A pesar del origen estatal, la radiodifusión salvadoreña pronto tomó el camino privado-comercial, generando una alta concentración mediática que perdura hasta hoy; a pesar de los esfuerzos por democratizar el acceso a la espectro y la distribución de las frecuencias radioeléctricas que han promovido las radios comunitarias y organizaciones sociales.
Una de estas iniciativas es el reconocimiento legal de los medios comunitarios y otros sin fines de lucro, logrado el 5 de mayo de 2016, mediante una reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Dicha reforma también eliminó la subasta como único procedimiento para la asignación de frecuencias y prohibió la renovación automática de las concesiones.
Sin embargo, dicha disposición legal es “letra muerta”, pues -cuatro años después- no ha sido otorgada ni una sola concesión para medios comunitarios. El gobierno del expresidente Sánchez Cerén postergó la implementación de las reformas y tardó tres años para elaborar un reglamento que aprobó el 31 de mayo de 2019, horas antes de irse; y ahora la administración de Nayib Bukele no nuestra ningún interés en aplicar dicha normativa.
Ante las solicitudes de frecuencias para radio y una para televisión comunitaria presentadas hace dos años por ARPAS, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) ha incumplido los plazos establecidos en la ley y sigue sin responder.
Así que la histórica conmemoración del primer centenario de la radio, es oportuna para exigir el inicio de un proceso gradual de desconcentración y democratización del espectro radioeléctrico en el país, implementando las reformas de 2016 y otorgando concesiones de frecuencias para medios comunitarios.