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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El ministro de Seguridad Pública, sickness Benito Lara, buy cialis negó anoche que el Gobierno pueda utilizar para reforzar el trabajo de la Policía, health algunos préstamos ya aprobados, como lo quieren hacer creer a la población algunos sectores.
El funcionario explicó que 138 millones de dólares aprobados en préstamos para proyectos de seguridad tienen un fin determinado como la construcción de centros penales o la ejecución de programas de prevención y por tanto no se pueden reorientar.
En ese sentido, el destino de los fondos para seguridad incluidos en los $900 millones en bonos bloqueados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, también tienen una asignación clara, por lo que la falta de ese dinero limita los planes anunciados para combatir la delincuencia.
“No es cierto que a uno le ponen la maletada y que va a la tienda, como a comprar dulces, no… todo esto tiene un proceso”, aclaró el ministro, cuando le preguntaron en la entrevista “Debate” de Canal 35, si pueden ser reorientados los 138 millones ya aprobados.
La Sala de lo Constitucional suspendió la emisión de $900 millones en bonos, de los cuales $96 millones estarían siendo utilizados para proyectos de seguridad, entre estos el equipamiento de batallones especializados para combatir a las pandillas y la compra de equipo para la PNC.
Lara detalló que, por ejemplo, uno de los empréstitos del BCIE está programado para financiar la construcción del centro penal de Izalco fase II y fase III, que consiste en la ampliación de está cárcel.
Además el crédito por 71 millones serviría para la instalación de entre 4 y 6 granjas de rehabilitación de reos y para la compra de los brazaletes que serán colocados a miles de reos. Este es un proyecto que viene desde antes del 2009.
“Estamos en el proceso de aperturar la oferta económica Izalco fase III, eso quiere decir que dentro de poco estaremos poniendo la primera piedra. Pero también ya tenemos la fase de licitación para Izalco fase II “, informó el ministro.
Lara dijo que el presupuesto completo para el proyecto “El Salvador Seguro”, son 2 mil millones de dólares en los cinco años de Gobierno y que esa o es una cifra que el Gobierno se haya inventado sino que es un cálculo elaborado por entidades internacionales como la Unión Europea (UE), Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para El Desarrollo (PNUD).
“Hicieron todo el esfuerzo técnico para ir definiendo cuánto es lo que se necesita para completar el plan; una buena parte lo lleva el tema preventivo, pero también el control, y el sistema penitenciario”, manifestó.
El funcionario explicó que lo que están planteando es que hay una serie de necesidades urgentes, para ya, como por ejemplo, intervenir en los 10 municipios más violentos del país, lo cual solo se puede llevar adelante con los fondos incorporados en los $900 millones de bonos
Lara aclaró que con el presupuesto ordinario de Seguridad Pública, que es solo para salarios, combustibles y otros gastos de funcionamiento, es complicado obtener más recursos para combatir el crimen, pero hay una serie de esfuerzos para reorientar algunos recursos de las diferentes carteras de Estado, informó.
Lara afirmó que el presidente Salvador Sánchez Cerén ha mandado a todo el gobierno a revisar los presupuestos para enrumbar la inversión a los 10 municipios donde hay más incidencia delincuencial.
“O sea, que a pesar de la dificultad que nos ha puesto la Sala de lo Constitucional, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de cumplir con lo que nos hemos comprometido”, aclaró el ministro, y adelantó que ya se hacen algunas readecuaciones en busca de fondos.
El Ministro hizo un llamado nuevamente al sistema judicial, a apegarse a la realidad que se vive, pues no es posible que la policía y la Fuerza Armada hagan un esfuerzo para combatir la delincuencia, incluso, a costa de vidas de policías y soldados, pero el sistema de jueces liberan con facilidad a delincuentes.
Por ejemplo, se quejó Lara, este lunes se seguía un proceso contra una persona por encubrimiento y “habían pruebas y quedó libre”.
El titular de la cartera de seguridad estuvo anoche en la entrevista “Debate”, junto con el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, quien aseguró que se están llevando a la cárcel a todos los que han atentado contra militares, o miembros de la corporación policial.
El director de la Policía dijo que solamente cuatro agentes policiales han muerto cuando ejercían su labor y que en el resto de asesinatos de agentes de la PNC, la delincuencia ha aprovechado que están con sus familiares y en días de descanso para atentar contra ellos.
Landaverde dijo que el recrudecimiento de los ataques contra la Policía y la Fuerza Armada, provenientes de una de las estructuras de pandillas, obedece a los golpes que esta agrupación ha recibido y donde han sido eliminados importantes jefes pandilleros.
Dijo que ninguno de los ataques contra la policía han quedado impunes y que después de un ataque contra agentes ocurrido en abril de 2014, donde los hechores fueron llevados a la justicia, estos cambiaron su forma de operar y ya no enfrentaron directamente a los agentes sino que los han estado atacando a traición y en sus horas de descanso.
Sobre el asesinato de dos soldados el domingo pasado, Landaverde dijo que están en los comienzos de la “investigación inicial” y que por el momento se tienen identificados a tres autores materiales y están en la búsqueda de más responsables de estos hechos.
“Tenemos a varias personas que se investiga su participación. El caso apenas inicia, tarde o temprano vamos a dar con ellos, donde se vayan, México, Estados Unidos”, advirtió el jefe policial.
Lara señaló, por su parte, que el conflicto con las pandillas ha escalado, pero que las autoridades se están dotando de mejores herramientas para combatir a los criminales, como la tecnología.
