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Luis Armando González
Este jueves 15 de octubre se cumplen 36 años del último golpe de Estado en la historia política del país. Cómo pasa el tiempo de rápido y cómo, viagra sale sin darnos cuenta, clinic El Salvador ha cambiado extraordinariamente desde aquel momento, crucial para lo que vendría después, hasta el día de hoy.
Es inevitable no evocar en la memoria aquel mes de octubre de 1979, con sus tensiones, conflictos, represión, ansias de cambio y esperanza. El país cerraba estaba por terminar el año envuelto en dinámicas irresolubles que presagiaban algo peor, si no se hacía algo que cambiara el rumbo seguido hasta entonces.
Quienes, aunque jóvenes, vivíamos con la expectativa de un país mejor, no dejaba de preocuparnos nuestra situación inmediata y no tanto el futuro que por entonces no era tan urgente como el clima de persecución política se agudizaba y ponía en riesgo nuestra integridad personal. Nuestros ideales y juventud chocaban con un entorno hostil, marcado por las decisiones de la camarilla militar que rodeaba al entonces Presidente de la República, el general Carlos Humberto Romero.
Su llegada al poder, en 1977, mediante un fraude descarado y la violencia política estatal que se generó en el marco de su “Ley de defensa y garantía del orden público”, no presagiaba nada bueno para la sociedad salvadoreña, especialmente para sus sectores más críticos que veían como sus derechos democráticos mínimos eran pisoteados por los temibles “cuerpos de seguridad” y el accionar creciente de los escuadrones de la muerte, y las actividades de persecución y vigilancia emprendidas por la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN).
Del Estado salvadoreño emanaban persecución, violencia e intolerancia hacia la sociedad civil organizada. Respuestas violentas a problemas sociales, económicos y políticos que exigían apertura política, compromiso con las mayorías y respeto de los derechos humanos. El gobierno de Romero no tenía ni la voluntad ni el interés en renunciar a la represión estatal que daba paso a un terrorismo de Estado cada vez más abierto. El Salvador, en octubre de 1979, se encontraba en un callejón sin salida. Y casi en un punto de no retorno.
Un grupo de militares jóvenes, junto con civiles progresistas, quisieron enderezar el rumbo del país, el 15 de octubre de 1979. Su proclama –conocida como la Proclama de la Fuerza Armada de la República de El Salvador—apuntaba a resolver asuntos inmediatos, como poner un alto a las violaciones a los derechos humanos y detener la persecución política.
Pero también tenía la mirada puesta en problemas estructurales, cuya solución era clave para desactivar la polarización socio-política: las reformas económicas (reforma agraria, nacionalización de la banca y el comercio exterior), permitirían transitar hacia un esquema económico menos excluyente y empobrecedor.
Los sucesos posteriores pusieron de manifiesto que la oportunidad de semejante esfuerzo había pasado. Quizás a mitad de los años 70 esa hubiera sido una buena salida para El Salvador. A finales de 1979, el descrédito de los militares y sus divisiones internas, así como la inconformidad popular y la apuesta por otras soluciones, hicieron inviable la propuesta de la Juventud Militar.
El estamento militar no estaba en condiciones (ni tenía la voluntad) de cambiar el rumbo del país en el sentido propuesto por los golpistas de octubre de 1979. Mucho menos voluntad e interés tenían los grupos oligárquicos.
El fracaso de ese proyecto, plasmado en la Proclama, revelaba la magnitud de la crisis política nacional, que, a partir del 1980, se encaminaba con firmeza hacia un desenlace violento de tipo político-militar. Las represión de agudizó, tanto la estatal legal como la paramilitar. Las organizaciones político-militares de izquierda respondieron con una mayor unificación, fruto del cual fue el FMLN, fundado en octubre de 1980. En enero de 1981, inició formalmente la guerra civil, que terminó en 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz.
Los militares golpistas del 15 octubre de 1979, junto con los civiles que se sumaron al proyecto original (entre ellos, el entonces Rector de la UCA, Román Mayorga) quizás querían evitar lo que sucedió posteriormente. No pudieron hacerlo y en ese sentido su esfuerzo fue un fracaso.
Se trató de un fracaso político, sin duda alguna. Pero no de un fracaso moral. Porque la Proclama del 15 de octubre de 1979, más allá de su alcance efectivo como programa de reformas políticas y económicas, estaba animada por el afán de construir una sociedad más justa, inclusiva y democrática. Esa es su fuerza y ese es el legado de esos hombres de honor que, en unos momentos críticos para el país, tuvieron la osadía de comprometerse con un proyecto que nos pusiera en una senda distinta. No lo lograron, pero –al perdurar su sueño entre nosotros— su derrota política es una victoria moral.
Quienes los sucedieron, en las Juntas que dieron al traste con el proyecto original, son los derrotados moralmente, pues traicionaron los ideales de justicia e igualdad de esos militares y civiles jóvenes que se lanzaron a la aventura del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979.
Ese fue el último golpe de Estado en la historia política del país.
No ha habido otro, por más que en distintos momentos se haya tenido rumores al respecto. Los golpistas de octubre de 1979 no sabían que, con ellos, llegaría a su fin esa práctica tan nociva para la democracia, como lo son los golpes de Estado.
Nuestro país ha cambiado notablemente desde entonces. Los derechos políticos son algo indiscutible y a nadie se le ocurre que las autoridades públicas pueden mancillarlos, como sucedía cotidianamente en el pasado. Se trata ahora de poner en sintonía esos derechos políticos con esquemas socio-económicos inclusivos, que permitan un mayor bienestar para la sociedad. Ese fue el sueño de los golpistas de octubre del 15 de octubre; un sueño que ahora podemos hacer realidad en un marco democrático.
