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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Los líderes comunitarios de Santa Marta cumplieron este 11 de mayo dieciséis meses de persecución judicial por un supuesto homicidio durante el conflicto armado de El Salvador, suceso que la Fiscalía General de la República no ha logrado demostrar, según la comunidad.
Es de recordar que Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes y ambientalistas de la Comunidad Santa Marta y directivos ADES-Santa Marta, fueron arrestados por un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado salvadoreño.
La Fiscalía General de la República y el sistema judicial los están procesando sin que hasta la fecha se haya comprobado los hechos que alegan en sus argumentaciones de imputación, entre esto que no existe el cadáver de la supuesta víctima.
La comunidad Santa Marta planteó que la acusación de la Fiscalía General de la República contra los líderes “carece de pruebas y solo se explica desde el intento de manipular al sistema judicial para criminalizar el activismo ambiental.
«Y detrás de tan perversa manipulación de la justicia están las intenciones de reactivar la minería metálica, a pesar de estar prohibida por ley”, dijo la comunidad en un pronunciamiento.
“Consideramos que este proceso judicial busca silenciar e intimidar a las comunidades organizadas que mantenemos vivas las aspiraciones y sueños de vida digna, con verdad, memoria histórica, justicia, igualdad y vigencia plena de los derechos de todas y todos», agrega.
«Por eso rechazamos esta injusticia y seguiremos denunciando hasta lograr la libertad de nuestros compañeros”, concluyó la comunidad.
Los líderes ambientalistas se encuentran en detención domiciliaria de forma injusta.
