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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El Juzgado Quinto de Paz resolvió instrucción con detención provisional contra 17 imputados que se presentaron personalmente o mediante representante legal a la audiencia inicial en el caso conocido como “Saqueo público”. Sobre el resto el juez resolverá en una audiencia especial.
Además, el juzgador giró orden de captura judicial en contra de la secretaria de Inclusión Social y exprimera dama Vanda Pignato, medida que no había sido solicitada por la Fiscalía.
A juicio de la defensa, el juzgador se extralimitó en la decisión, ya que se tomó atribuciones que no estaba solicitando la Fiscalía General de la República (FGR).
Manuel Chacón, abogado del empresario Miguel Menéndez, dijo que era sorprendente la decisión del juzgador, sobre todo, porque hizo una argumentación muy personal que podía dar pie a una recusación.
“Si hubiéramos sabido cuál era el criterio de él, hubiéramos recusado. Al final hizo una valoración muy personal, que era un acto para él repudiable y que veía que estos hechos denunciados por FGR habían afectado a los pobres”, relató el abogado.
“Puede ser que tenga razón o no, fueron argumentos fuera de la sentencia lo que a mí personalmente y con todo respeto me llama la atención que él mostró prejuicio en la resolución, si hubiéramos sabido esto a lo mejor lo hubiéramos recusado”, reiteró Chacón.
Miguel Menéndez es uno de los seis imputados que estuvieron presentes durante la audiencia, y que junto a otros fue enviado a un centro penitenciario por parte del juez. Chacón aseguró que evaluarán la situación para presentar un recurso, ya que el caso pasa a la etapa de instrucción y tendrá 6 meses.
Con respecto a la exprimera dama Vanda Pignato, el juzgador decidió dar orden de captura a pesar que la Fiscalía no lo había solicitado por el estado de salud de Pignato.
“No se dijo absolutamente nada de la detención durante la audiencia en el caso de Pignato pero de repente el juez sorpresivamente ha tomado la decisión de ordenar la detención de ella, por supuesto que haremos uso de los medios y recursos pertinentes”, dijo la abogada Francis Vaquero.
La defensora de Pignato recalcó que tal decisión no se la esperaba “porque quien está haciendo la solicitud de la petición en concreto de medidas sustitutivas era la Fiscalía, y quien tiene el conocimiento total y certero de la investigación y de la situación de la doctora hasta este momento es la Fiscalía”, argumentó.
La abogada comentó que Pignato ha enfrentado las acusaciones en juzgados, como el caso civil, “es ella quien estaba a disposición y a la orden de los juzgados presentándose voluntariamente”, dijo.
Durante la audiencia inicial, Vaquero presentó las constancias médicas que le imposibilitaron presentarse a esa audiencia, ya que su estado de salud es grave. “No comprendo por qué el juez ha tomado esa decisión excesiva, contraria a la petición de la Fiscalía”, enfatizó.
Por su parte, la Fiscalía General de la República se mostró satisfecha por la resolución del juez de paz.
“Tenemos un resultado en beneficio de la población, el juez dijo que era indignante y así lo manifestó él con esas palabras, que funcionarios públicos se están quedando con el dinero del pueblo”, dijo el fiscal del caso.
“El juzgador manifestó que se ha establecido una serie de hechos en las cuales ese dinero malversado podría haber sido utilizado para personas como vendedores de agua u otras personas, que podrían haber sido beneficiadas”, expresó el fiscal del caso.
Ese mismo discurso fue sostenido por el fiscal general de la República Douglas Meléndez en una entrevista televisiva.
El fiscal dijo que en los próximos días se presentará la solicitud a las autoridades pertinentes para interponer la difusión roja en contra de todos los imputados que no están capturados. De la misma forma, se solicitará la extradición desde Nicaragua del expresidente Mauricio Funes y su grupo familiar.
El expresidente Mauricio Funes y una treintena de sus exfuncionarios y su grupo familiar son acusados por los delitos de peculado y lavado de dinero por 351 millones de dólares.
El expresidente de la República Mauricio Funes cuestionó al juez Quinto de Paz, junto al fiscal general de la República Douglas Meléndez, por las declaraciones de este último en las que el Ministerio Público seleccionaba muy bien a qué juzgado presentar el requerimiento de acusación.
Mauricio Funes
“Ahora entiendo por qué el fiscal dijo que ellos decidían los jueces adonde enviar los casos luego de investigarlos”, sostuvo el exmandatario a través de redes sociales.
Para Funes “no es extraño que el juez quinto de Paz haya ordenado la detención de Vanda, pasando por alto su delicado estado de salud y que no representa ningún riesgo de fuga”.
Funes recalcó que la Fiscalía no tiene pruebas en su contra, sino que las acusaciones contra él, familiares y amigos son el resultado de las declaraciones de dos testigos criteriados: Leonel Flores y Jorge Hernández, “quienes tampoco han presentado pruebas en mi contra”, dijo.
