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Por Alessia Genoves
Colaboradora
@DiarioCoLatino
La Asamblea Legislativa aprobó por décimo novena vez la prórroga de la vigencia del régimen de excepción, decretado inicialmente el 27 de marzo de 2022. Con 67 votos a favor, el pleno legislativo dio luz verde a 30 días más de suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad de correspondencia, el derecho a ser informado de los motivos de detención y la prolongación de la detención administrativa a 15 días.
Desde su implementación, el régimen de excepción ha resultado en la detención de 73,000 personas acusadas de pertenecer a pandillas, de las cuales 7,000 han sido liberadas por falta de pruebas. Entre marzo de 2022 y octubre de 2023 se han registrado más de 6 mil denuncias por violaciones a derechos humanos y 175 muertes en prisión, según organizaciones sociales. Asimismo, se ha informado que más de 20 mil de los capturados son inocentes.
Menos homicidios, pero pandillas aún activas
Según cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), en lo que va del año se han perpetrado 118 homicidios, 73.3% menos que los 442 registrados en el mismo período de 2022. En comparación, en ese lapso se cometieron 894 homicidios en 2021, 1,007 en 2020 y 2,092 en 2019.
Pese a esta reducción de la violencia homicida, un reciente informe de InSight Crime, basado en documentos confidenciales de la PNC, reveló que las tres principales pandillas del país -MS13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios- aún mantienen 54 grupos armados, sobre todo, en zonas rurales.
La PNC estima que 67,000 de los 73,000 detenidos bajo el régimen son mareros o presuntos pandilleros. Se calcula que 111,121 pandilleros permanecen en libertad en el país. Ello contradice las afirmaciones del gobierno sobre la supuesta erradicación de las pandillas. “Informes policiales detallan con precisión la situación de las pandillas y su actual presencia dispareja en el territorio nacional”, apuntó InSight Crime.
El informe policial, citado por Insight Crime, se asevera que las maras más impactadas han sido la MS13 y Barrio 18 Sureños, pero un 33% y 35% de sus miembros, respectivamente, continúan libres. En el caso de Barrio 18 Revolucionarios, el 46% no ha sido capturado.
Polémica por violaciones a derechos humanos
La implementación del régimen de excepción ha estado rodeada de polémica. Según cifras de organizaciones sociales, en el contexto de esta medida se han registrado 6,250 denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos.
Además, se han reportado 175 muertes en prisión de personas detenidas bajo el régimen, de las cuales 142 fueron sobreseídas por órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR), según lo informó el titular de la FGR, Rodolfo Delgado.
Organizaciones como el Servicio Social Pasionista (SSPAS) indicó que la suspensión de garantías constitucionales ha validado la violación sistemática de derechos. En ese sentido, Cristosal y Human Rights Watch condenaron las “detenciones arbitrarias masivas” que se han llevado a cabo, y exigen la abolición del Régimen; sin embargo, los pandilleros en libertad son más de 10,600, según se infiere de los datos publicados por la PNC.
