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Alessia Gneoves
Colaboradora
@DiarioCoLatino
Durante los 21 meses de régimen de excepción en El Salvador, implementado desde el 27 de marzo de 2022, organismos de derechos humanos han contabilizado más de 73,800 detenciones y 190 muertes bajo custodia del Estado, de acuerdo a un informe divulgado por Amnistía Internacional (AI).
El documento, titulado “Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador”, detalla que muchas de las detenciones habrían sido “motivadas por razones discriminatorias” y sin orden judicial, afectando principalmente a personas en situación de pobreza.
Asimismo, AI advierte sobre la adopción de un “marco legal que pone en riesgo el debido proceso” y documenta la “falta de investigación” por parte de las autoridades ante las denuncias de violaciones a derechos humanos.
De acuerdo al informe, el Gabinete de Seguridad conformado por la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República (FGR), reporta 7,100 excarcelaciones. No obstante, AI precisa que la “mayoría sigue estando sometida a un proceso judicial en el que no gozan de todas las garantías de un juicio justo”. Por su parte, el movimiento Socorro Jurídico Humanitario registró 190 muertes en centros penales, atribuibles presuntamente a falta de atención médica, torturas, maltratos y condiciones inhumanas de reclusión.
Seguridad y detenciones
En cuanto a la inversión en seguridad pública, el informe refleja que el presupuesto del Ministerio de Seguridad casi se ha duplicado durante la actual gestión gubernamental, pasando de $195 a $304 millones de dólares entre 2018 y 2022. Esta tendencia, según AI, profundiza “un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad” y la militarización, en detrimento de programas de prevención de la violencia y rehabilitación.
La percepción de seguridad es medida, por otra parte, en distintas encuestas de opinión, con un margen de aprobación mayor al 90%, según encuestas como Cid Gallup, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroanericana “José Simeón Cañas” (Iudop-UCA) y otras.
Hasta el pasado lunes 4 de diciembre, el registro de días sin homicidios, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) era de 500 durante el quinquenio del presidente Bukele, situación que se justificaría con el encarcelamiento de más de 70,000 miembros de maras y pandillas, responsables del asesinato de más de 110 mil salvadoreños en las últimas tres décadas.
Sobre las detenciones, la organización internacional afirma que “la mayoría de las personas han sido detenidas en redadas” sin orden judicial ni flagrancia, y han sido acusadas de pertenecer a estructuras criminales. Expone también que la detención administrativa se amplió de 72 horas (sin ejecución del las política del Régimen) a 15 días (con la ejecución del Régimen), mientras los procesos penales se realizan en “audiencias masivas” que dificultan una defensa técnica.
No obstante, la FGR reportó en junio pasado el archivo de 142 expedientes de muertes en cárceles al no hallar delitos.
AI critica la “falta de investigación y posterior sanción por parte del Estado hacia funcionarios y agentes estatales sospechosos de violaciones a derechos humanos”, situación que ha propiciado un “ambiente que agudiza la impunidad”. En conclusión, la organización advierte que “los cimientos de lo que podría representar una de las crisis más graves desde el fin del conflicto armado interno”.
