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Alberto Romero de Urbiztondo
@aromero0568
El MINSAL y el UNFPA, han presentado el mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador 2017. Los datos son aterradores: 19,190 niñas y adolescentes embarazadas, de ellas 781 de 10 a 14 años. Invito a reflexionar sobre esta cifra. Pensemos en nuestras hijas, nietas, familiares, vecinas de esta edad, embarazadas, obligadas a ejercer la maternidad. Como sociedad no podemos permanecer indiferentes, el Estado tiene el deber de garantizar los derechos de estas menores.
Aunque hay una cierta disminución respecto a años anteriores, se han tomado algunas medidas como la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y en Adolescentes 2017-2020, sigue existiendo una oposición de algunos sectores a tomar medidas básicas. Por ejemplo, el ministerio de Educación dispone desde 2013 de manuales ya impresos, del “Curso Básico de Educación Integral de la Sexualidad EIS: para docentes de educación inicial, parvularia, básica y media”, sin embargo, solo ha realizado alguna experiencia piloto, no implementándose en los Centros Educativos Públicos, al haber tenido la oposición de sectores conservadores religiosos dentro y fuera del MINED. Los sectores religiosos conservadores argumentan, que la educación en sexualidad deben de hacerlo las madres y padres, es decir, que una formación tan importante se quiere poner en manos de personas que en su mayoría tampoco tuvieron la oportunidad de recibir educación integral en sexualidad, ni la formación pedagógica para impartirla. Se piensa que porque los progenitores tengan actividad sexual, ya son expertos en sexualidad y pedagogía.
Estos grupos conservadores también argumentan que la educación sexual no impide la violación, pero ignoran que una niña o un niño formado podrá identificar cuando lo estén intentando abusar, saber que eso no es normal y buscar ayuda. Y que esa niñez y adolescencia formada, es menos propensa a convertirse en el futuro en abusadora sexual.
El Estado, debe promover políticas para prevenir el embarazo de niñas y adolescentes, de forma autónoma e independiente, sin dejarse imponer las concepciones y códigos morales sobre sexualidad, que tengan diversas iglesias; las cuales no pueden pretender utilizar el aparato del Estado, para imponerlas a toda la sociedad.
