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Por Leonel Herrera*
Ayer se cumplieron veinte meses de la absurda detención de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES. Son veinte meses de criminalización de defensores de derechos humanos y persecución contra el activismo ambiental en El Salvador.
Lo ha dicho en varias ocasiones la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor. Esta reconocida abogada irlandesa ha pedido reiteradamente al Estado salvadoreño retirar los cargos contra estos ambientalistas que lucharon para prohibir la minería metálica en el país y ahora denuncian intenciones gubernamentales de reactivar esta nociva industria extractivista.
La última vez que Lawlor pidió a las autoridades salvadoreñas que desestimen el caso y liberen a los líderes comunales fue el pasado 22 de agosto.
Sin embargo, la Fiscalía y las instancias del sistema judicial no han acatado la petición de esta alta funcionaria de la ONU, a pesar de que la misma solicitud ha sido planteada también por el movimiento social del país, 250 organizaciones de treinta países y 17 congresistas de los Estados Unidos. Todos señalan la falta de pruebas contra los detenidos, su condición de defensores del medioambiente y el contexto de la posible reactivación de proyectos mineros en el que se dieron las capturas y se desarrolla el cuestionado proceso judicial.
Los responsables de esta injusticia son, en primer lugar, la Fiscalía General de la República, que montó un caso teniendo como principal “prueba” el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido. Acusa a los activistas ambientales de cometer un supuesto asesinato en 1989, cuando ellos eran combatientes de una de las organizaciones beligerantes del conflicto armado.
En segundo lugar, el Juzgado de Paz de Victoria, que les decretó detención provisional y los mandó a padecer inhumanas, crueles y degradantes condiciones carcelarias Ahí sufrieron -entre otros atropellos y vejámenes- falta de agua, alimentación y atención médica; insalubridad y falta de saneamiento; incomunicación total con su abogado y familiares; así como también actos de violencia física, verbal y psicológica.
En tercer lugar, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, que prolongó el terrible sufrimiento carcelario durante ocho meses, hasta que la Cámara Penal de Cojutepeque concedió el arresto domiciliar. La sádica jueza de instrucción rechazó en dos ocasiones la petición de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, llegando al extremo de amenazar al abogado defensor de los ambientalistas con sancionarlo si volvía a plantear “solicitudes repetitivas”.
Posteriormente esta misma jueza mandó a vista pública a los líderes comunitarios, a pesar de la debilidad probatoria de la acusación fiscal.
Y, en cuarto lugar, han contribuido a la prolongación de este injusto proceso penal dos magistrados suplentes de la Cámara Penal de Cojutepeque, que rechazaron los recursos de apelación presentados por la defensa legal de los activistas antimineros.
Ahora viene la fase final del proceso penal: el juicio que se realizará en el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, del 8 al 10 de octubre próximo. En manos de este juzgado está la posibilidad real de hacer valer la legalidad, el debido proceso penal y la verdadera justicia.
Ayer, en conferencia de prensa, Santa Marta y ADES, respaldadas por la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN) y la Red Continental Cristiana por la Paz, llamaron a las organizaciones nacionales e internacionales a una mayor solidaridad y a respaldar con más fuerza la demanda de libertad de estos héroes ambientalistas salvadoreños.
Ojalá que este urgente llamado tenga eco total en el país y en el mundo. Hoy más que nunca es necesario cerrar filas por la causa de los ambientalistas de Cabañas. Su libertad, no sólo sería un triunfo de la justicia, sino que también el país habrá ganado la primera batalla de la nueva lucha por el agua, los ecosistemas y la vida gravemente amenazados por la minería metálica.
Ojalá que así sea.
Periodista y activista social.
