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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Varias personas me han dicho ¿Y usted no tiene miedo que la dañen? Yo sólo les respondo -No, no tengo miedo, porque todo el daño que pudieron hacerme ya lo hicieron al quitarme a mi hijo inocente”, dice con firmeza Maribel Amaya, al referirse a su lucha frente al sistema judicial, para que le devuelvan a su hijo Jorge Luis Amaya, de 18 años de edad, encarcelado en el marco del Régimen de Excepción.
“He tocado muchas puertas buscando ayuda para mi hijo Jorge Luis. Agradezco a Socorro Jurídico Humanitario porque son los únicos que nos han ayudado, y agradezco a los periodistas que están documentando lo que nos están haciendo”, prosiguió Maribel.
Sobre la captura de su hijo, recordó que fue detenido el 14 de mayo de 2022, cuando se dirigía a estudiar inglés a su centro de estudios. Ella llegó, cuando los policías lo interrogaban y sólo le dijeron que “presentara los registros académicos de su hijo” en la delegación del Guayabal, Quezaltepeque, y que luego sería liberado, pero han pasado un año y 2 meses de eso.
“Mi hijo fue interceptado por los policías -cuando me avisaron- porque somos muy conocidos en Quezaltepeque. Cuando le pregunté al agente ¿cuál es el problema con mi hijo?, me respondió: ninguno, es rutina. Cuando llegamos a la delegación a mi hijo lo esposaron, me dijeron que quedaba detenido, nos llevaron con mentiras y lo peor es que le fabricaron delitos a mi hijo, y allí empezó mi calvario y el de mi familia”, manifestó Maribel Amaya.
El Informe del Primer Año del Socorro Jurídico Humanitario en el Contexto del Régimen de Excepción, recoge una serie de violaciones al debido proceso jurídico de las personas detenidas, además de torturas, detenciones arbitrarias y fallecimientos sin investigación fiscal, dijo, por su parte, Ingrid Escobar, secretaria del Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
“El Plan Control Territorial (PCT) demostró su fracaso el 28 de marzo de 2022, cuando El Salvador cerró ese fin de semana con 83 homicidios a lo largo del territorio nacional. Hombres y mujeres de la sociedad civil perdieron su vida y ahora son las primeras víctimas sin recibir justicia”, indicó Escobar, al presentar los casos que acompañan de personas que han sido detenidas arbitrariamente y no han tenido oportunidad de acceder a un debido proceso.
Escobar señaló que al implementar y seguir prorrogando el “estado de excepción”, el gobierno ha faltado de manera “irresponsable e improvisado las medidas de seguridad de la población”, y lamentó que esta medida que suponía era sólo para personas que pertenecen a las estructuras de pandillas, han pasado a utilizarlo contra las voces disidentes como: sindicatos, defensores de derechos humanos, periodistas y dirigentes de vendedores.
“El Socorro Jurídico Humanitario, a la fecha, ha recibido más de 2,500 denuncias de detenciones durante la aplicación del Régimen de Excepción, de las cuales se tiene soporte documental que 1,376, que fueron arrestos arbitrarios, por parte de la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada”, afirmó.
“Se han presentado alrededor de 1,285 Habeas Corpus (proceso de exhibición personal) para las personas capturadas arbitrariamente, para que comparezcan ante los tribunales correspondientes en el menor tiempo posible. Y sólo recibimos respuesta (Sala de lo Constitucional) de 28 Habeas corpus, que son copia y pega cada uno y son improcedentes. Esto constituye retardación de justicia”, sostuvo Escobar.
Asimismo, Escobar añadió que circula información que 300 personas detenidas bajo el régimen de excepción han fallecido en los centros penitenciarios del país. Y que como organización han realizado una investigación de análisis criminológico y científico, sobre estos casos logrando confirmar 170 fallecidos de un universo del 90% de las víctimas del estado de excepción.
“Tenemos una muestra de 170 reos fallecidos por el régimen de excepción en done entre el mes de abril a julio 2022, hay una alza de fallecimientos y eso se debe precisamente a que estas personas fueron víctimas de tortura, estrangulados, vapuleados y vejados en muchas formas, lo cual, terminó con la vida de ellos. Indudablemente tenemos pruebas documentales y testimonios de sus familiares”, indicó.
“En abril tenemos que fallecieron ocho personas. ¿Cómo es posible que fallezcan ocho personas de muerte natural?, como dice el fiscal General. ¿Por qué no investiga estos datos, estos no prescriben, es un análisis científico, criminológico que se debe hacer (Fiscalía)”, argumentó Escobar.
Sobre las denuncias que ha recibido en Socorro Jurídico Humanitario, Escobar señaló que el análisis realizado por ellos, registrn una baja de denuncias hacia el mes de julio a diciembre 2022, que se debía a que las autoridades “tomaron medidas para frenar los fallecimientos”, aunque no descarta, que pueda estar ocurriendo algo mucho más grave, que es el ocultamiento de las muertes y que constituye un “delito grave” por parte del sistema penitenciario y judicial.
“En el análisis -vemos de nuevo- un alza en enero de 2023 a la fecha, tenemos un pico con 15 fallecidos en el mes de abril del presente año y hasta el 10 de julio, han fallecido ocho personas, no obstante, la última semana de julio han fallecido tres mujeres en el penal de Apanteos que no están registradas en este informe que hemos presentado este día (el jueves)”, acotó.
“Sobre la tasa de muerte, esto es importante, porque contradice las declaraciones que ha dado el fiscal general de la república, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque él habló de 142 casos que los envió a archivo”, manifestó.
“Queremos pensar de buena fe que él (Fiscal) ha omitido 150 casos más, por lo menos, porque entonces estamos hablando que de estos 170 fallecidos, un 49% han fallecido por muertes violentas y esa información la tenemos de fuentes directas de los familiares”, observó Escobar.
La secretaria del Socorro Jurídico Humanitario indicó que un 31% fue por negligencia médica, o sea, falta de tratamiento médico, y un 2% por enfermedad terminal (4 personas). “Nos preguntamos qué tenían que estar haciendo estas personas con enfermedades terminales en centros penales”, indicó Escobar al mencionar que la recomendación de la CIDH, al Estado salvadoreño es que estas personas debieron estar ingresadas en centros hospitalarios.
Estas 170 personas fallecieron en los centros penales de Izalco, Mariona (La Esperanza), Apanteos y Quezaltepeque, y en menor cantidad Zacatecoluca, Ilopango.
En cuanto a los sitios en donde los familiares reconocieron los cadáveres de sus familiares de este universo de 170 personas fallecidas, en el penal de Izalco es el lugar con más reportes de fallecidos.
En cuanto a los fallecidos en los centros médicos están los hospitales Jorge Mazzini de Sonsonate, San Juan de Dios de Santa Ana, Hospital Zacamil, Hospital Rosales, Hospital Saldaña. Estos tres en San Salvador. Hay 46 fallecidos dentro del centro penal que fueron llevados a la morgue del Instituto de Medicina Legal (IML), informó.
Escobar lamentó la muerte de personas en sus hogares, haciendo énfasis a los testimonios de familiares, que han vencido el temor, y han denunciado que cuando los dejaron en libertad estaban “tan golpeadas o tan grave de su enfermedad, que fallecieron a pocos días”, afirmó, lo que consideran una salida de las autoridades para que “no murieran en los centros penales y quitarse la responsabilidad” al recalcar que estas muertes se dieron luego de una semana o 15 días de estar libres.
¿Por qué pasa esto? porque desde el día 1 en que ingresan las personas los golpean, los torturan los custodios, y cuando se quejaron de dolores no los atendieron y fallecieron, explicó.
“Este es un dato muy importante, de la muestra del tiempo de en prisión, de 72 personas fallecidas en menos de un mes fueron 14. Este dato es para el fiscal general, para darle una idea de ¿Cómo pudieron morir de muerte natural esas 14 personas?, que hay algo más y tiene que investigar, no mandar al archivo los casos”, sostuvo Escobar.
“De estas 170 personas fallecidas, su filiación a las pandillas, solamente el 91% de las personas en fase de investigación son personas inocentes que no tuvieron derecho de audiencia, derecho a una defensa, derecho a un juicio justo, a un debido proceso. ¿Por qué?, porque el Estado les quitó la vida por omisión o con conocimiento”, indicó.
“Y esto tiene nombre y es Crimen de Lesa Humanidad. Un delito internacional que no prescribe, y hacemos un llamado a los familiares de estas personas para que se acerquen y asesorarlos de como proceder a la denuncia, porque la gran mayoría de estas personas fallecidas fue injustamente”, puntualizó Ingrid Escobar.
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