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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Sonia Gutiérrez y Alfredo Guevara lideran luchas comunitarias en Sonsonate y Ahuachapán, y comparten el temor del tema ambiental que les impacta directamente en sus territorios por el modelo económico que califican de “extractivista”, en el cual se ha dado prioridad al lucro a los consorcios económicos versus el bienestar de la población, que son derechos fundamentales en un Estado de Derecho.
“Es lamentable la situación que vivimos en el territorio por el cultivo de la caña de azúcar y la problemática de contaminación, notificamos al MARN, sobre la quema de cañales que están realizando y no han llegado aún a verificar y esto está prohibido por ley”, dijo Sonia Gutiérrez (MESUTSO). “El pasado lunes (12 diciembre), estaban quemando algunas manzanas de caña, pero la bendita lluvia vino y apagó el fuego, pero son 115 mil manzanas de este cultivo que arrebata el modo de vida de los agricultores, por eso exigimos que dejen de dar permisos ambientales y detener este abuso”, expresó.
Mientras, Alfredo Guevara, de MESAMA, explicó que el “turismo” puede ser para un visitante un espacio de esparcimiento y diversión, mientras para sus habitantes se convierte en una “explotación”, en la cual, inversionistas extranjeros o nacionales cooptan zonas de pesca o arrasan con sus medios de vida.
“Las autoridades están otorgando permisos en donde hacen extracciones de agua con puntas, con pozos perforados y construyen fosas sépticas, tirando los desechos sobre zonas de mantos acuíferos. Eso causa enfermedades en las comunidades y es lamentable llegar a los hospitales en donde no hay medicamentos en los hospitales nacionales”, afirmó.
“Los recipientes de bebidas los turistas los dejan en las playas, en los bosques salados. Son de vidrio o plástico, y eso contamina, porque no hay una campaña de aseo permanente de desechos para darle una oportunidad a esos bosques salados de una limpieza a fondo”, sostuvo Guevara. La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), junto a las organizaciones territoriales: Mesa por la Sustentabilidad del Agua y el Medio Ambiente de Ahuachapán (MESAMA) y la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), realizaron un balance de los hechos y gestión pública ambiental durante el año 2022.
En el balance abordan la crisis ambiental, la fragilidad en aplicación de las políticas públicas y el impulso de un modelo económico extractivista que exacerba la vulnerabilidades de las poblaciones mayormente empobrecidas del territorio nacional.
Sobre la gestión ambiental y las políticas públicas, Luis González, del Equipo Coordinador de la UNES, afirmó que existe un “franco retroceso”, al detallar que la crisis climática y la dificultad de acceso a la alimentación son parámetros válidos para medir el impacto a las comunidades.
“Hemos visto como las políticas públicas que estarían orientadas para atender estos temas no se han aprobado, a pesar de que existen varias propuestas que han sido presentadas por organizaciones no gubernamentales nacionales o locales”, dijo.
González agregó que “las políticas que están vigentes no se aplican adecuadamente, nos preocupa que la Ley de Medio Ambiente, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la Ley de Riego y Avenamiento y la Ley de Áreas Protegidas, continuamente sean violentadas”, sostuvo González.
Para el ambientalista esta falta de capacidad y voluntad política en las autoridades para hacer cumplir estos marcos normativos, vigentes en el país, obedecen a presiones de sectores de poder que buscan mercantilizar los bienes naturales en detrimento de las comunidades vulnerables.
“Podemos verificar estos debilitamientos legales en la persistencia de las quemas de cañales (luego de la zafra), pese a ser una actividad ilegal y se encuentra tipificada en el Código Penal. Y también, como las Áreas Protegidas van perdiendo territorio frente a la ganadería o monocultivos, sin que actúen las autoridades”, resumió.
“Realmente, existe un retroceso en la visión de protección ambiental y este año 2022, hemos visto como se han dado prioridad a proyectos económicos, se ha mercantilizado la naturaleza frente a la protección de los bienes naturales y los habitantes”, acotó González.
Asimismo, crítico que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en un informe registre como un “logro” , la expedición de más de 1,500 permisos ambientales. Y no cuenten en ese proceso con la misma cantidad de consultas públicas en donde la población aceptaban los proyectos en sus territorios o la presentación de los 1,500 Estudios de Impacto Ambiental, que les permitió a los empresarios intervenir los territorios. “Aquí, se ha priorizado el tema económico frente a la preservación y rescate de los bienes ambientales y en ese sentido, contamos con varias políticas públicas que no se cumplen para beneficio de la población”, argumentó. “Sin embargo, las propuestas desde la sociedad civil y comunidades para una Ley de Cambio Climático, una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria o la Ley de Prohibición de Agrotóxicos , siguen durmiendo el sueño de los justos sin que se tome su discusión en la Asamblea Legislativa”, declaró González.
Así también, González señaló que junto a este retroceso en justicia ambiental, se suma la “criminalización de las personas defensoras del medio ambiente”, que muchas se encuentran en resistencia por preservar sus medios de vida y terminan siendo “amenazados o criminalizadas”, por muchas empresas que llegan a los territorios a amedrentarlos y sin protección de las autoridades.
Los integrantes de los colectivos MESAMA, MESUTSO y la UNES, reiteraron el llamado al órgano Ejecutivo a cesar la política de “libre trámite y autorización de proyectos que dañen el medio ambiente”, y regirse por criterios ecológicos, antes que una visión económica.
Tatiana Oliva, de la UNES, afirmó; “Los megaproyectos como el Tren del Pacífico, el aeropuerto y estadio anunciados en el Oriente del país, así como la cárcel penitencia en San Vicente”, dan certeza que están promoviendo la inversión de obras que no consideran los límites y capacidad biológica de los ecosistemas.
“Demandamos que se fortalezca el Presupuesto General de la Nación, para que existan posibilidades reales e integrales de abordar la crisis ecológicas que sufre el país”, acotó.
“En especial deben destinarse y ejecutarse los fondos suficientes para la realización de los Estudios de Impacto Ambiental que sean necesarios no solo para cumplir con la Ley Ambiental, sino, también, para construir mejores condiciones para atender las emergencias y los desastres considerando el componente de adaptación al cambio climático”, dijo Oliva.
Sobre el órgano Judicial, los colectivos demandaron dar cumplimiento a las resoluciones de los tribunales ambientales y dar continuidad a las órdenes judiciales que garantizan la protección de los bienes naturales y las declaratorias de los Bienes Culturales, ante cualquier degradación o destrucción de los mismos.
