2024 marcado por el incremento de la crisis hídrica en El Salvador

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Luis González, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua (ANCPA), presentó, junto a otras organizaciones, el Balance Ambiental 2024, en el tema hídrico y centrado en el derecho humano al agua y saneamiento, en el tercer aniversario de la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos.

“Como Alianza queremos expresar nuestra preocupación por el avance de la crisis hídrica a nivel nacional por la degradación de las cuencas que sigue avanzando, el aumento de la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la pérdida de acceso al agua para diferentes usos agrícolas, humano domésticos y mantenimiento en ecosistemas que afectan a la población”, explicó González.

Diversas organizaciones ambientalistas que integran la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua (ANCPA) participaron en la presentación del balance anual sobre el derecho humano al agua y la situación de los recursos hídricos del país. Así como, un análisis sobre las políticas públicas y cumplimiento de los marcos legales en materia de protección ambiental.

“Si bien hay causales externas a la crisis hídrica nacional, como es el cambio climático, también se ve exacerbada esta crisis por las decisiones que se toman a nivel nacional. Desde el cambio de uso del suelo, la entrega de permisos ambientales sin control a las industrias e inmobiliarias, que al final todo esto junto golpea la calidad de vida de la población”, afirmó González.

“Parte de este balance es de cara a la protección de los ecosistemas que nos brindan agua, como son las cuencas hidrográficas, que actualmente se puede ver nuevas amenazas como la minería transfronteriza o el reciente anuncio presidencial de querer revertir la minería metálica en el territorio nacional, que sería nefasto para el país”, sostuvo González.

Derecho humano al agua deuda pendiente del Estado 

Amalia López, de la ANCPA, indicó que sobre el derecho humano al agua se ha “dicho mucho, pero aún están en rojo”, tras recordar que la primera administración del presidente Nayib Bukele (2019-2024), una de sus promesas de campaña fue “pagar la deuda histórica de una ley de agua”, que aún se encuentra sin pagarse.

“En aquel momento la Asamblea Legislativa (2018-2021) aprobó la reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua y saneamiento, como derecho fundamental, así como la alimentación, es decir, los integraba a la Constitución de la República. Sin embargo, posteriormente Nuevas Ideas rechazó ratificar (2022)”, reseñó.

“Con este nuevo orden, los diputados decidieron mandar al archivo esta reforma constitucional”, recordó López.

Mientras, en la línea de la cobertura y abastecimiento a la población, López añadió que las instituciones están siendo sobrepasadas en su competencia por falta de financiamiento en algunos aspectos, o por la inseguridad hídrica que vive el país.

“Ahora que tenemos datos lanzados por el VII  Censo de Población y Vivienda, nos dejan claro cómo se encuentra la situación de la población frente a la manera de adquirir el agua para sus hogares y cuánta población en realidad tiene acceso al agua y que sea segura en su potabilidad”, manifestó.

“Recordemos que Naciones Unidas (ONU) tiene establecido un estándar de cómo debe ser distribuida el agua para una persona, y que esta pueda desarrollarse plenamente. Porque el derecho humano al agua es sin duda, un derecho vinculado a otros fundamentales como salud, educación y la vida”, manifestó López.

Sobre los datos del VII Censo de Población y Vivienda 2024, un 30% de la población salvadoreña se abastece de agua a través de las Juntas de Agua, y que se encuentran en zonas rurales y alejadas de los centros urbanos. Que se paga más cara su tarifa, de hasta con un 40% más caro que los abastecidos por la ANDA.

Y por parte de ANDA, la cobertura que registró fue del 44.32% de la población, frente a un 21.69% de los que no tienen acceso a agua domiciliar, sino que debe ser recogida de aguas superficiales o pozos que no cuentan con una garantía de sanidad.

“Mucha gente recurre a comprar agua para poder abastecerse y continuar su vida en sus hogares y casi todos los lugares que atiende ANDA, son poblaciones cerca de los cascos urbanos. Mientras, en las zonas rurales están pagando hasta un 40% más por abastecerse de agua y lo pagan con sus propios recursos, es decir, están abandonados por el Estado”, afirmó

“En cuanto al derecho humano al agua, no vemos que haya una inversión desde el gobierno -para afirmar-, que se está trabajando para garantizarle justamente el derecho fundamental del acceso al agua a la población. Y como esta política pública no cuenta con financiamiento es simplemente una declaración de buenas intenciones”, reiteró López.

Juntas de Agua sin resolver su legalidad 

Rodolfo Calles, integrante de la ANCPA, señaló que la preocupación “del común” en las Juntas de Agua seguirá siendo la legalidad, para el próximo año. Es una situación en “extremo grave”, ya que más del 30% de la población recibe el agua por sistema autoabastecidos como Juntas de Agua, ADESCOS o Comités de Agua.

“El problema que vemos como ANCPA es que, si bien la Ley General de Recursos Hídricos reconoce a las Juntas de Aguas, como asociaciones sin fines de lucro están autorizadas a administrar agua a las comunidades, pero también, la misma ley señala que el Estado, a través de la ASA, está obligada a fortalecerlas y legalizarlas”, expresó.

“Y la falta de legalización por parte del Estado, seguirá en crisis, porque al revisar el presupuesto aprobado (2025), en lugar de aumentar el presupuesto a la ASA, una autónoma que debería contar con su propio presupuesto para funcionar, pero se lo han disminuido y entonces ¿Cómo atenderá a las Juntas de Agua?”, cuestionó Calles.

Este desfinanciamiento de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), consideró Calles, permanecerá generando problemas a las Juntas de Agua, que no se han inscrito en el Registro Nacional de Recursos Hídricos, retrasando su proceso de legalización para abastecer a poblaciones en vulnerabilidad económica y social.

“Hay algunos sistemas que están registrados con su personería jurídica y sus credenciales, lastimosamente el manantial de donde se abastecen estas Juntas de Agua, no son de su propiedad porque pertenecen al Estado, al municipio o es propiedad privada, y eso no les permite llenar el requisito que la ley les establece para inscribirse en el registro oficial”, comentó.

“Esto debería ser una obligación de la ASA, en este momento estar visitando a las comunidades para resolver estos problemas que tienen las Juntas de agua y apoyarlos para su inscripción, como pedir un decreto transitorio a la Asamblea Legislativa, para que estas Juntas de Agua, puedan ser inscritas”, reiteró Calles.

No a la minería en el territorio salvadoreño

Gabriela Solórzano retomó el llamado de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua (ANCPA), a los órganos Ejecutivo y Legislativo, a que “abandonen cualquier intención de derogar la Ley de Prohibición de Minería Metálica”, tras indicar que las afectaciones a los bienes hídricos que cause la actividad minera industrializada tendrá consecuencias irreversibles.

“Con esto estarían condenando a un buen número de población donde se ubican los proyectos mineros a vivir en una inseguridad hídrica y alimentaria, mayor a la que ya sufren. Y se estaría violentando el derecho humano a un ambiente sano, que está consagrado en la Constitución de la República”, dijo.

“Que asuman su papel como garantes del derecho humano al agua y al saneamiento, dejando de actuar en favor de intereses empresariales, en detrimento del bienestar de la vida de las comunidades que se ven limitadas en su acceso a los bienes naturales, o el desplazamiento”, puntualizó Solórzano.