Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Mirar hacia atrás debe servir para escoger mejor los pasos a dar en el futuro; el año que termina quedara atrás como el germen de sufrimientos futuros para el pueblo salvadoreño, pese a los deseos de que el año que viene sea mejor.
Llegar a una elección presidencial inconstitucional, a la elección de una Asamblea Legislativa con 24 escaños menos, a la elección de 44 concejos municipales en vez de 262, tenía como telón de fondo decisiones anteriores de modificación institucional, al margen de la Constitución existente en nuestro país.
Sí, una Constitución que sigue vigente e incumplida es el telón de fondo de decisiones que, a pesar de contar con respaldo popular, no deja de ser contraria a los propios intereses de quienes respaldaron, y respaldan aún, la instauración de hecho de un régimen que se sirve de la institucionalidad simulada para imponer sus decisiones.
Uno puede decir que la responsabilidad es de la Sala de lo Constitucional, que un 3 de septiembre autorizó la reelección presidencial, pero esa Sala es, a su vez, producto de una acción inconstitucional, como fue deponer a la Sala legalmente electa por una legislatura plural.
Estamos, pues, ante un laberinto de decisiones ilegales, ilegítimas, que el poder político que empezó el 1 de junio de 2019 ha venido imponiendo.
Vivimos este año esos cambios institucionales que contaron con votos para imponer una elección presidencial inconstitucional, con fraude, para establecer un dominio absoluto en la Asamblea Legislativa (el parlamento) y reproducir un poder judicial secuestrado por el interés del grupo que domina la presidencia de la República.
Aquí está el nudo desde el cual emergen las otras decisiones, que se convierten en la política nacional y que afecta al pueblo.
La ley seca o cero tolerancia, la creación de una entidad para la recolección de desechos sólidos y la obligación de transferir la mitad de las tasas cobradas por los municipios al poder central, la derogación de la prohibición de la minería metálica, las nuevas tarifas por infracciones de tránsito, el vaciado de fondos de cooperativas y bancos por préstamos relacionados a funcionarios, dirigentes políticos oficialistas y familiares, los desalojos de comerciantes en las calles.
Y lo más grueso, los despidos de miles de empleados públicos, que a su vez llevará cierre y despidos de pequeñas empresas privadas, como efecto de la contracción económica que representa el hecho de que miles y miles de personas pierden de repente su capacidad adquisitiva por no tener trabajo e ingresos.
Y el acuerdo con el fondo monetario internacional (FMI), que obliga al Estado a recortar gastos en recursos humanos y servicios y hacerse de nuevos ingresos para asegurar el pago a los tenedores de bonos y acreedores de la deuda pública.
La moneda tiene dos lados, algunos ganarán con esas decisiones: las empresas transnacionales, los bancos y tenedores de bonos, los amigos de funcionarios, los que drenan recursos por la opacidad o falta de información pública y transparencia y los funcionarios allegados al grupo gobernante y al grupo oligárquico dominante.
¿Por qué 2024 será semilla o germen de sufrimiento? Es sencillo.
Porque la empresa de seguridad que cuidaba al TSE, al ISSS y demás instituciones, al perder esos contratos, tendrá que despedir a sus agentes de seguridad privada; porque los centros comerciales que venden café, refrescos y comida en sitios en donde los empleados despedidos llegaban a consumir, hoy venderán menos y seguramente algunos cerrarán, otros reducirán.
Y qué decir de los mercados, las tiendas en donde los miles y miles de personas varadas, por despido o por pérdida de su actividad de servicio, ya no podrán sostenerse de la misma manera.
Sufrirán o sufriremos cuando necesitemos un servicio público de salud que no estará disponible por cierre o por menos personal, o porque se carecerá de servicios en el campo de la agricultura, ni decir de los que necesitaban de servicio de la PGR para cobrar la cuota familiar o para que le defiendan en un juicio por detención ilegal.
Es solo una ligera mirada al sufrimiento futuro de miles y miles de hermanos y hermanas por las decisiones del poder político, que mantiene respaldo por coincidir, por conveniencia, o por engaño.
Pero será a su vez un año para despertar, y allí estará la posibilidad de una inflexión en la ruta por donde nos llevan los gobernantes hoy.
Esa es la esperanza, ese es el mejor deseo para 2024, para que la vida de cada familia pueda experimentar un cambio positivo, fruto de su lucha por su vida y por la vida democrática de su país que hemos perdido y debemos recuperar.