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El año 2024 terminó en El Salvador presentando dos países distintos: el de la propaganda del presidente inconstitucional Nayib Bukele y el de los salvadoreños, ese 60% de la población que no tiene trabajo formal más los despedidos, a los que hay que sumar los once mil que ya no serán parte del sector público más los del sector privado.
Ese sector informal irá creciendo en la medida que avance el 2025, a lo que se sumará otras medidas impopulares del gobierno como la aprobación de la ley de la minería metálica, sin importar los daños esta ocasionará, según estudios serios y científicos.
No en balde el sector académico, en el que se incluye a las universidades como la UCA y la Universidad de El Salvador (UES), más la iglesia católica y algunas evangélicas como la ELIM, se han pronunciado decididamente contra la minería en El Salvador.
Es de destacar la oposición de la UES, pues, desde 2019 que asumió el poder Nayib Bukele ha sido genuflexa a este y ha tolerado cualquier ninguneo contra esta, hasta tenerla sumergida en una grave crisis por la falta de presupuesto apropiado, sin que ésa levante cabeza. No obstante, en el tema contra la minería ha adoptado un postura valiente y, por tanto, aplaudible.
El gobierno de Bukele, que inició la presidencia inconstitucional el 1 de junio de 2024, ha vendido la idea que la minería sacará al país de la crisis económica. Sin presentar ningún estudio, asegura que la franja norte del país, de oriente a occidente existen vetas de oro por valor de tres billones de dólares.
Lo que no dice Bukele, de ser cierta la existencia de ese mineral es que para sacar una onza del metal precioso tiene que destruir siete mil libras de roca. Pero no solo es cuestión de destruir montañas como dijo Bukele en una transmisión en cadena, sino los químicos que se utilizan para desprender ese oro, lo que dañará, por la contaminación, los ríos, los mantos acuíferos, entre otros aspectos del ecosistema.
La minería, por la grave amenaza se convertirá en un tema de organización, movilización y lucha popular, como se hizo en el pasado, que terminó en la creación de una ley contra la minería metálica aprobada en 2017, y que Bukele ordenó derogar el 23 de diciembre de 2024.
Las condiciones que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgarle 1400 millones de dólares como salvataje al gobierno de Bukele, que pese a haber recibido en seis años de gobierno 12 mil millones de dólares no le alcanza para sostener su gobierno, en parte por el despilfarro, en parte porque no ha logrado reactivar la economía.
Y entre las exigencias del FMI está el despido de trabajadores públicos, por eso, en septiembre, cuando se presentó el proyecto de presupuesto general de la nación se anunció el despido de once mil empleados públicos, muchos de estos, por cierto, por su edad, sin posibilidades de conseguir un trabajo en el sector privado, que también está en proceso de contractivo ante la falta de crecimiento económico.
Pero no solo se anunciaron y realizado despidos, también hay recortes significativos en el área de salud, incluido los hospitales, y educación. Sin que hay denuncias públicas, en las redes sociales los pacientes se quejan de la falta de especialistas que le atiendan sus enfermedades, tampoco hay medicamentos, y las citas las dejan hasta para un año, incluso de enfermedades recién descubiertas en el paciente como el cáncer.
En la educación, una de las medidas, además de despedir maestros es eliminar los turnos nocturnos, con lo que miles de niños y jóvenes no tendrán oportunidad de estudiar porque no habrá cupos para ellos en el sector matutino.
Según las estadísticas del Ministerio de Educación, en 2024, un total de 850 mil niños y jóvenes en edad de estudiar no se inscribieron en las escuelas. A esto hay que agregar que un alto porcentaje de los que estudiaron quería abandonar las escuela por diversos motivos.
La destrucción de una escuela pública en el centro histórico de San Salvador para convertirlo en parqueo fue simbólico de la poca preocupación de este gobierno por brindar educación a los niños y jóvenes del país, sobre todo de los sectores populares.
Esta realidad debe ser motivo de organización, movilización y lucha.
Y, por último, hay que decir que ante la falta de crecimiento económico, el país caerá en más pobreza. Si bien el gobierno ha anunciado que en este año realizará “el milagro económico”, no se ven las aristas de dónde y cómo iniciarlo, pues las medidas son más producto del capricho y beneficio del clan Bukele y allegados que para la población en general. Cómo se sacará de la pobreza a los salvadoreños si no tienen trabajo formal. Cómo crecerá la economía en El Salvador, si no hay políticas claras y sensatas para tal fin. Todo esto obligará a la población a organizarse, movilizarse y luchar, pese, incluso, al represivo Régimen de Excepción vigente.
