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Por Leonel Herrera*
El Salvador es un país sin agua suficiente y de calidad. Y, si se mantiene la actitud antihídrica del actual gobierno y el sesgo antiecológico de sus políticas, pronto podríamos quedarnos literalmente sin agua.
Ya somos el país con la menor reserva de agua dulce en Centroamérica. Los mantos acuíferos subterráneos disminuyen aceleradamente debido a la sobreexplotación que hace la industria de bebidas, a la destrucción de bosques y al indetenible avance de proyectos urbanísticos que impiden la filtración de agua.
Uno de éstos es “Valle El Ángel”, realizado por la empresa Urbánica, de la oligárquica familia Dueñas. Esta urbanización contribuirá a la reducción del acuífero de Nejapa, de donde proviene la mitad del agua que abastece al Área Metropolitana de San Salvador. Además, el proyecto se ubica en una zona de riesgo de deslaves al pie del cerro El Picacho.
El 90% de los ríos y quebradas están contaminados, incluido el Río Lempa, de donde procede la otra mitad del agua para San Salvador. El principal río del país sufre una acelerada degradación que pone en grave riesgo no sólo el abastecimiento de agua para casi dos millones de capitalinos, sino también la generación de electricidad, la producción agropecuaria y demás actividades que se realizan en sus cuencas.
Según la Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa, esto se debe a sobreexplotación de sus recursos y servicios, deterioro de sus ríos tributarios, degradación de bosques y humedales, mal manejo de desechos sólidos en toda su cuenca, descarga de aguas negras desde centros urbanos, manejo inadecuado de desechos industriales y agroindustriales, explotación minera en Guatemala y al cambio climático.
Al deterioro del Río Lempa se suma la creciente contaminación del Lago de Coatepeque y la desprotección de las cuencas del Lago de Ilopango amenazadas por proyectos turísticos que pretenden desarrollarse a pesar del rechazo de las comunidades.
El gobierno de Nayib Bukele no tiene ningún plan de rescate de los ríos, descontaminación de los bienes hídricos y protección de la cuencas. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es un mandadero de las empresas constructoras y un tramitador exprés de permisos a proyectos depredadores de los ecosistemas.
Y esta crisis hídrica del país podría ser peor si se reactiva la minería de metales, la industria extractiva que más explota y contamina el agua.
Las empresas mineras compiten con las comunidades en el acceso al agua, pues utilizan enormes cantidades del vital líquido para lixiviar los minerales y separarlos del resto de la roca. Provocan mayor escasez de agua y terminan agotando las fuentes hídricas.
La compañía canadiense Pacific Rim declaraba en el estudio de factibilidad del proyecto El Dorado, en San Isidro, que usaría 11.5 litros de agua por segundo; es decir, unos 900 mil litros diarios. Sin duda, esta mina habría dejado sin agua a la población de Cabañas. En Valle de Siria, Honduras, una mina secó 19 de los 23 ríos que existían en la zona.
La minería también contamina el agua con químicos mortales como cianuro o mercurio y mediante el “drenaje ácido” que se genera cuando los minerales son removidos de su estado natural y entran en contacto con el agua o el aire. Este fenómeno todavía existe en el norte de La Unión, donde operó una mina hace más de 100 años.
Sin embargo, el régimen de Nayib Bukele parece dispuesto a retomar los tenebrosos proyectos mineros y para debilitar la resistencia comunitaria mantiene criminalizados a los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, quienes enfrentarán la audiencia preliminar el próximo 3 de abril.
Ojalá que en este Día Mundial del Agua el país sea consciente de que para evitar un mayor deterioro del vital líquido es necesario evitar la minería y que esto empieza por lograr la absolución de los ambientalistas de Cabañas.
*Periodista y activista social.
