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Los líderes ambientalistas que enfrentan el proceso judicial son: Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez, líderes de la comunidad Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), ellos fueron personas claves para prohibir la minería metálica en El Salvador en 2017, que ahora, con Nayib Bukele se revirtió.
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Representantes de Santa Marta y ADES se pronunciaron este martes en el marco de los 25 meses “de criminalización” de los líderes ambientalistas que han sido objetivos de la FGR para buscar una condena en los tribunales de cualquier forma.
Esto sucede cuando el Gobierno de Bukele pretende incursionar en la explotación minera, que estaba prohibida desde 2017, gracias precisamente a la lucha de los ahora procesados.
Alfredo Leiva, directivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), informó que este 11 de febrero, se cumplen 25 meses de “persecución judicial” en contra de los líderes ambientalistas, a quienes la Fiscalía General de la República los señala de cometer un homicidio durante la guerra civil.
Los líderes ambientalistas que enfrentan el proceso judicial son: Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez, líderes de la comunidad Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), ellos fueron personas claves para prohibir la minería metálica en El Salvador en 2017, que ahora, con Nayib Bukele se revirtió.
“A 25 meses de persecución judicial contra nuestros líderes ambientalistas, el llamado a cerrar filas contra la amenaza minera es más pertinente que nunca”, encabezó el comunicado leído este martes en la conferencia de prensa.
Alfredo Leiva sostuvo que los líderes ambientalistas, durante el tiempo que han llevado el proceso judicial, han sido víctimas “de una acusación falsa”. Estuvieron en prisión por meses y luego de haber sido sobreseídos, se repetirá la vista pública.
Leiva sostuvo que la repetición de la vista pública “es un doble juzgamiento, que violenta el principio del debido proceso penal según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”.
El artículo 11 de la Constitución de la República, señala que “ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa”.
La nueva vista pública debía realizarse del 3 al 6 de febrero; sin embargo, el Juzgado de Sentencia de San Vicente la suspendió, alegando la no presencia de los procesados, a pesar de que el marco procesal penal actual permite realizar audiencias sin los acusados presentes. Esta se realizará del 9 al 11 de abril.
En una carta que hicieron pública los líderes ambientalistas plantearon las razones para no presentarse. Señalaron que son inocentes, que ya fueron juzgados y que ya se les decretó sobreseimiento definitivo. También denunciaron un plan por condenarles “de cualquier manera”, es decir, encarcelarlos “a toda costa y probablemente asesinarlos en prisión”.
Debido a las faltas de garantías, no se presentaron a la audiencia “para no validar más un proceso viciado realizado por un sistema judicial cooptado por el gobierno de turno y al servicio de los intereses extractivistas que están detrás de la reactivación de la minería metálica”.
“Como Santa Marta y ADES valoramos su decisión como un acto de resistencia contra la arbitrariedad y asumimos su llamado a cerrar filas contra la amenaza de la explotación minera. Consideramos que su llamado a luchar por la sobrevivencia nacional y por la salud y la vida de toda la población salvadoreña es más pertinente que nunca”, comentó ADES y la Comunidad Santa Marta.
ADES- Santa Marta planteó que, en San Sebastián, Morazán, ya se ha instalado maquinaria, pero no se sabe si es para iniciar trabajos de explotación minera o para otro tipo de proyectos extractivos.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes representantes de varias organizaciones que respaldan a los líderes ambientalistas, y están en contra de la minería, como Socorro Jurídico Humanitario, Justicia Social y Contraloría Ciudadana, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), el Foro Nacional de Salud, entre otros.
Vidalina Morales, presidenta de ADES, planteó que ante la narrativa del Gobierno y ante la amenaza en los territorios de explotar la minería, “no nos queda más que acuerparnos, alzar nuestras voces y seguir insistiendo que El Salvador es un país donde no es viable la minería”.
“Razones hay más que suficientes, lo hemos documentado. Por ejemplo, hay muchas organizaciones y dentro de ellas la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, tiene muchas investigaciones donde en ninguna de ellas aparece la viabilidad de la minería. Por lo tanto, este gobierno miente cada vez que abre la boca para decir que la minería en este país traería desarrollo”, añadió la lideresa.
Morales recordó las palabras de Nayib Bukele, en el sentido de que con los recursos que daría la minería se podría limpiar el río Lempa, “parece hasta risible eso que dice”, minfestó Vidalina. “Miente de una forma tan descarada o falsa que no puede ocultar”, agregó.
La luchadora social aclaró que, en efecto, en El Salvador existe una contaminación, “todos lo sabemos, pero sabemos también que la minería es una industria que causaría mayor contaminación, más contaminación de la que ya tenemos, y eso está ampliamente documentado. No nos va a dar, como yo digo siempre, atol con el dedo este gobierno, en decir que la minería va a generar empleo, va a generar más riqueza y todo ese poco de mentiras que nos dice”.
“Estos 20 años que hemos venido en esta lucha ha sido una acumulación también de esfuerzos, de experiencias, de conocimientos. Creo que es el momento de articularnos y para que otros sectores se sumen a este esfuerzo es el momento clave”, añadió Vidalina.
Vidalina puntualizó que parece que la lucha no acaba, “ahora con nuevas amenazas, con nuevos intentos de captura y más la amenaza fuerte que tenemos de explotar la minería. Esto tiene que mantenernos activos y activas, y por eso nosotros seguimos denunciando todos los atropellos que están habiendo contra personas que están más al frente de estas luchas”.
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