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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Este 27 de marzo de 2025 se cumplieron tres años de haberse implementado el régimen de excepción, medida con la cual se han violentado los derechos humanos de miles de salvadoreños que nada tienen que ver con pandillas. De momento, no se conoce hasta cuando las autoridades dejarán de usar esta herramienta.
Fue el 27 de marzo de 2022 que la Asamblea Legislativa, a solicitud del Ejecutivo, implementó el régimen de excepción suspendiendo así algunos derechos fundamentales de la ciudadanía, como la libertad de asociación, la detención administrativa de 72 horas, la intervención de las telecomunicaciones y el ser informado de su detención y asistencia de un defensor.
El Gobierno de Nayib Bukele argumenta que necesita el régimen de excepción para “combatir frontalmente a las pandillas”, minimizando el Plan Control Territorial que Bukele impuso en junio de 2019. De momento, no se sabe hasta cuándo se dejará de utilizar el régimen de excepción, lo cierto, es que los funcionarios de la línea oficial aseguran que lo tendrán “hasta que el último pandillero esté tras las rejas”.
La Asamblea oficialista le ha concedido todas las prórrogas que el Gobierno Central le ha solicitado, todas con dispensa de trámite, contrariando la Constitución. En estos tres años, no se ha abordado una alternativa de política pública en materia de seguridad que no sea el régimen. El oficialismo y el mismo Gobierno confía en el régimen a pesar de que están suspendidos algunos derechos fundamentales.
¿Por qué inició el régimen?
El viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de marzo de 2022 fue uno de los fines de semana más violento en la historia de El Salvador, pues al menos 80 salvadoreños perdieron la vida a manos de las pandillas; como respuesta ante esa ola de homicidios, el Gobierno “atacó” a las pandillas con el régimen.
Aunque tiempo después, se reveló que dicha matanza se dio porque el Gobierno de Bukele habría roto las negociaciones con las pandillas para reducir los homicidios. Bukele, según información periodística, habría negociado con las pandillas para reducir el número de homicidios y así que el PCT fuese “exitoso”. Cuando las pandillas incrementaron los homicidios, Bukele impuso el régimen y detuvieron a centenares de pandilleros por día, es entonces que dicha tregua había cesado.
Con las capturas masivas, también se capturaron a personas que nada tienen que ver con pandillas. Organizaciones de sociedad civil han reportado las capturas arbitrarias de miles de salvadoreños, también han denunciado torturas y muertes a manos del Estado dentro de las cárceles.
A lo largo de estos tres años, se han desarrollado docenas de manifestaciones de familiares de las víctimas del régimen solicitando la libertad de sus presos inocentes. También, organismos internacionales de derechos humanos le han urgido al Gobierno de Bukele que derogue el régimen de excepción; sin embargo, este las ha ignorado.
Algunos funcionarios han aceptado públicamente que, en efecto, había personas detenidas que nada tenían que ver con pandillas y que han salido en libertad; el estado reconoce esto como “daño colateral”. Si bien, con el régimen de excepción, la población percibe mejor seguridad, este ha sido un instrumento para las violaciones a derechos humanos
Datos brindados por el Gabinete de Seguridad indican que, desde que fue aprobado el régimen de excepción, se ha capturado a más de 85 mil pandilleros; se han incautado 4,565 armas de fuego, 1,451 vehículos y 21,630 teléfonos celulares. Además, se han decomisado 37.9 toneladas de droga valoradas en $920.4 millones y $4.8 millones en dinero en efectivo. La implementación del régimen hizo que, en 2024, el país cerrara con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes.
En el marco de los tres años, el Movimiento de Víctimas del régimen de excepción (MOVIR) realizó una marcha desde el redondel José Martí hasta la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) para exigir la liberación de sus seres queridos.
«Cómo MOVIR estamos acompañando a las y los familiares de personas inocentes, muchas personas han desaparecido en los centros penales, por eso exigimos al gobierno la libertad inmediata de las capturas arbitrarias», comentó Samuel Ramírez, coordinador de MOVIR.
Miles de familiares de víctimas del régimen urgen al Estado que derogue el régimen y que facilite señales de vida de sus presos.
