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Beverly Medrano
Colaboradora
El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) hizo un planteamiento de los 33 años de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, un pacto histórico firmado el 16 de enero de 2025, que puso fin a 12 años de guerra civil.
Hace 33 años, los Acuerdos de Paz pusieron fin a una violenta guerra interna en El Salvador, dando paso al inicio de un proceso de reconstrucción democrática basado en instituciones que garantizaran derechos y equilibrios de poder. Pero, con el gobierno de Nayib Bukele, este logro se está desmoronando poco a poco, poniendo en peligro los principios democráticos alcanzados, mientras sectores sociales denuncian retrocesos en derechos laborales, seguridad pública y autonomía institucional, afirma el MDCT.
En su discurso del 16 de diciembre de 2020, Bukele calificó los Acuerdos de Paz como una “farsa”, desacreditando a las fuerzas firmantes y a las víctimas que aún claman por justicia y reparación. Desde entonces, diversas medidas han debilitado las instituciones creadas tras los acuerdos.
El MDCT señala que durante el gobierno de Nayib Bukele, instituciones clave nacidas de los Acuerdos de Paz, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados (FOPROLYD), han enfrentado desmantelamientos y reducciones significativas en sus funciones.
El cierre del Instituto Especializado de Nivel Superior (IES-ANSP) y los despidos masivos en la Policía Nacional Civil (PNC) y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) son señalados como ataques directos contra la institucionalidad democrática.
El MDCT recordó que el 23 de diciembre de 2024, el oficialismo destituyó a 150 trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, además de despedir a miembros de sindicatos de empleados públicos, actos considerados una violación al derecho de organización y representación laboral.
También, en su planteamiento público, se refiere a la militarización de la seguridad pública, con el protagonismo de la Fuerza Armada en labores policiales, ha sido criticada por contradecir los principios constitucionales y los compromisos de paz. Además, la reducción presupuestaria en sectores clave como la salud y la seguridad social pone en riesgo derechos fundamentales de la población.
Diversos sectores acusan al gobierno de Bukele de cooptar el sistema judicial desde 2021, cuando destituyó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y forzó la salida de cientos de empleados. Para expertos, estos actos evidencian un debilitamiento de la democracia y una consolidación del autoritarismo.
El desmantelamiento de las instituciones nacidas de los Acuerdos de Paz no solo traiciona la memoria de quienes lucharon por la democracia, sino que sella un retroceso histórico para El Salvador. La centralización del poder, la persecución a sectores críticos y la militarización de la seguridad confirman que el autoritarismo se ha instaurado, amenazando no solo los derechos, sino el futuro mismo de la nación.
