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Por David Alfaro
18/11/2024
Este año marca el 35 aniversario del brutal asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en El Salvador. Este crimen, perpetrado el 16 de noviembre de 1989, fue uno de los momentos más oscuros de la Guerra Civil salvadoreña, cuando el ejército salvadoreño, bajo las órdenes de altos mandos, ejecutó a estas figuras religiosas, conocidas por su defensa de los derechos humanos y su denuncia de la injusticia social. A pesar del tiempo transcurrido, la herida sigue abierta, y las promesas de justicia permanecen incumplidas.
El Crimen y la Falta de Justicia
Los sacerdotes jesuitas, incluyendo al rector Ignacio Ellacuría, fueron asesinados por miembros del Batallón Atlacatl, una de cinco unidades de élite del ejército, con la intención de silenciar las voces que clamaban por paz y equidad. Estos religiosos eran firmes críticos del sistema opresivo y de las desigualdades que habían perpetuado el conflicto armado en el país. Sin embargo, a lo largo de tres décadas y media, el sistema judicial salvadoreño ha fallado en rendir cuentas a los autores intelectuales de este crimen. A pesar de los intentos internacionales por buscar justicia, en El Salvador el proceso ha sido obstaculizado y manipulado.
La Era de Bukele y la Reescritura de la Historia
La situación se ha agravado en los últimos años con la llegada al poder de Nayib Bukele. En lugar de comprometerse con el cumplimiento de la justicia, Bukele ha dado pasos que muchos consideran un retroceso moral y ético. Uno de los ejemplos más impactantes fue la condecoración de Orlando Zepeda, un exmilitar señalado como uno de los principales arquitectos de la masacre de los jesuitas. Tal homenaje no solo insulta la memoria de las víctimas, sino que también perpetúa la cultura de la impunidad.
Además, el mismo ejército que estuvo implicado en aquellos crímenes atroces sigue siendo una herramienta de represión en manos del gobierno. Bajo la dictadura de Bukele, los militares han sido desplegados como «jueces de la calle», capturando y amedrentando a civiles, especialmente a los más pobres, bajo el régimen de excepción. Los reportes de abusos de poder, golpizas, detenciones arbitrarias, extorsiones y hasta violaciones pintan un panorama en el que las viejas tácticas de intimidación militar han sido recicladas para servir a un nuevo régimen autoritario.
En conclusión, treinta y cinco años después, la ausencia de justicia por el asesinato de los jesuitas es una mancha que sigue ensombreciendo la historia de El Salvador. La glorificación de figuras militares como Zepeda, con un pasado oscuro, es un insulto a los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos que tantos sacrificios costaron. La memoria de los jesuitas exige una acción concreta para erradicar la impunidad y asegurar que nunca más el poder militar se utilice para oprimir a la ciudadanía.
La lucha por la justicia y la dignidad no ha terminado, y queda en manos de la sociedad salvadoreña seguir exigiendo un país donde los crímenes no queden impunes y donde la paz se base en la verdad y la reparación. Porque, al final, la verdadera justicia no es un favor que el poder concede; es un derecho que debe ser defendido y alcanzado, sin importar cuántas décadas deban pasar.
Quién es el General Juan Orlando Zepeda, uno de los perpetradores de la masacre?
1989: Zepeda tenia el rango de Coronel, y era Vice Ministro de Defensa en el momento de la masacre. Zepeda recibió más tarde la promoción al rango de General. Estaba presente la noche del 15 de noviembre de 1989 cuando Ponce dio la orden a Benavides de asesinar a los Jesuitas. Anterior a la masacre, Zepeda había acusado públicamente a la UCA de ser el centro de operaciones del FMLN.
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