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Capitán Francisco Mena Sandoval
A 41 años del Golpe de Estado de la Juventud Militar del 15 de octubre de 1979, la Memoria Histórica me pone los muertos en mi cabeza, al mismo momento en que los colectivos de víctimas sufren hasta hoy la impunidad de un sistema que no ha querido trabajar en la búsqueda de la verdad, exigiendo las responsabilidades a quienes abusaron del poder para alcanzar la justicia que es la única que nos llevará en El Salvador a una verdadera paz y por ello a la tan ansiada y necesaria Reconciliación.
Por el contrario, hay suficientes y peligrosas señales que, dentro de nuestras instituciones, tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil, por el accionar de sus máximos dirigentes -el señor ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy y el señor director de la PNC, Mauricio Antonio Arriaza Chicas- se está produciendo una peligrosa deriva hacia comportamientos del pasado. Con su actuación, más como militantes de un partido político que como los máximos dirigentes de unas instituciones que deben ser garantes del ejercicio democrático en el país, se olvidan de la historia reciente en la que a los militares y miembros de los Cuerpos de Seguridad se nos ocupó como si fuéramos militantes del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y en nombre de la Democracia fuimos parte de la creación en nuestro país de un caos político, económico y social que nos llevó a una sangrienta guerra que nos ha dejado resultados difíciles de superar. Hoy bajo el poder de ambos dirigentes, estamos regresando a ese pasado tenebroso, se está violando el Estado de Derecho y se están poniendo en riesgo los avances de ese difícil proceso democrático realizado en estos últimos veinticinco años.
En la vida de nuestras Instituciones del Estado, principalmente la Fuerza Armada y la PNC puedo valorar categóricamente, por conocer personalmente el interior de estas y por tener buenos amigos entre sus integrantes, que no todos sus miembros militares y policías, y me refiero a todos los niveles jerárquicos, estén de acuerdo con el comportamiento de sus jefes. Hay que reflexionar profundamente señores ministro de Defensa y director de la PNC. No hemos terminado de dilucidar las responsabilidades de muchos integrantes de estas instituciones que en el pasado, al servicio de políticas corruptas y asesinas, sembraron el dolor del pueblo salvadoreño mediante las capturas, torturas, desaparecimientos y asesinatos de miles de ciudadanas y ciudadanos entre los que no hay que olvidar a los sacerdotes jesuitas y a monseñor Romero.
En el reciente juicio llevado a cabo en España ha quedado probada la responsabilidad del alto mando en el asesinato de los sacerdotes Jesuitas y sus dos trabajadoras, aunque por el momento solamente el coronel Inocente Orlando Montano ha sido condenado. Ahora falta llegar más allá, recordando que los efectos de las órdenes cumplidas recaen en los superiores que dieron esas órdenes.
La Masacre del Mozote, declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como crímenes de Lesa Humanidad y reconocida en el mundo entero como una de las más grandes masacres acaecidas en la historia, quieren defenderla hoy todavía negando la información al juez. Pero estos hechos terribles no se pueden, ni se deben, ocultar ante la justicia. La Memoria Histórica, imprescindible para construir una cultura de paz duradera, nos lleva a estas muertes y las victimas esperan -y exigen- verdad, justicia y reparación.
El dolor de las victimas está muy presente en la celebración de este 41 aniversario del golpe de estado protagonizado por nuestro movimiento de la Juventud Militar, que apoyaron tanto los sacerdotes jesuitas asesinados como monseñor Romero, como la última oportunidad en el esfuerzo de detener la guerra, terminando con la dictadura militar para abrir el camino a la libertad política.
Muchos de los que nos apoyaron en ese 15 de octubre de 1979 están muertos, asesinados por una unidad del Batallón Atlacatl, entrenado en los Estados Unidos. Hay que recordar que, en el período comprendido entre octubre de 1979 a septiembre de 1981, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), informó que un total de 32,000 civiles fueron asesinados por fuerzas gubernamentales o por escuadrones de la muerte vinculados al Ejército. Ya no eran solamente los cuerpos de seguridad, la situación en defensa de intereses ajenos nos había contaminado profundamente en el enfrentamiento contra el pueblo. No me lo contaron, lo viví personalmente dentro de la Institución.
En un pasado, no tan lejano, los partidos políticos gobernantes utilizaban descaradamente a la Fuerza Armada para defender sus propios intereses que nada tienen que ver con el papel que nuestra Constitución Política le adjudica a la institución castrense y que los Acuerdos de Paz le determinan más claramente.
En el año 1972, cuando el Partido de Conciliación Nacional (PCN), al verse ante la posibilidad de derrota en las elecciones, utilizaron a la Fuerza Armada para hacer campaña electoral, aun siendo una institución apolítica por ordenamiento constitucional.
En ese año de 1972, siendo sub teniente de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel, en los meses anteriores al día de las elecciones, me ordenaron hacer campaña electoral en el municipio de Sesori. A otros oficiales les fueron adjudicados otros municipios. Sin embargo, aún con este esfuerzo inconstitucional, el PCN perdió las elecciones. El pueblo votó en mayoría significativa por La Unión Nacional Opositora (UNO) y ante esa derrota, esa misma noche, finalizadas las elecciones, se nos ordenó cambiar el resultado electoral. Por supuesto la razón esgrimida para perpetrar ese fraude fue la defensa de la “democracia” y la defensa de la patria. Bajo esos argumentos violentamos la decisión electoral de la mayoría de nuestro pueblo.
Se alteraron, de diversas maneras, los resultados de muchas urnas y, al día siguiente el PCN había ganado las elecciones. Así llegó a la presidencia el coronel Arturo Armando Molina, el penúltimo militar dentro de alrededor de cincuenta años de dictadura militar en El Salvador.
Este no fue el único episodio fraudulento de nuestra historia. A la Fuerza Armada se le ordenó trastocar en otras ocasiones los procesos electorales. Lo hicimos –se nos exigió hacerlo- siempre en nombre de una supuesta “democracia”, que, en la realidad, era solo la de los grupos de poder. Y así nos colocaron en contra de lo que el pueblo salvadoreño había decidido en las urnas.
A muchos de nosotros se nos empezaron a abrir interrogantes, empezamos a no comprender las órdenes que se nos pedía cumplir. No hay que olvidar la historia, en la que en cada proceso electoral los militares repetíamos lo mismo, otro fraude electoral. ¿Que estábamos defendiendo?, ¿cómo podía ser que la defensa de la democracia pasara por torcer la voluntad popular y enfrentarse, con la fuerza si era preciso, al pueblo que decíamos defender?
Ese poder militar cerró los espacios políticos a las organizaciones sociales y les fue obligando a organizarse. La misma Fuerza Armada potenció esta organización defendiendo los intereses que definían los gobiernos de turno que ya habían declarado la guerra contra el pueblo.
En esa situación crítica no fueron suficientes los grandes esfuerzos por la trasformación de nuestra Fuerza Armada, contenidos en la Proclama de la Juventud Militar el 15 de octubre de 1979, que les propongo a los militares que lean. Pudieron más otros intereses, abrigados en los sectores económicos y los partidos políticos, apoyados por los Estados Unidos.
Nuestro pueblo debe de sentir el orgullo y mérito de lo que hemos hecho durante estos últimos años en nuestro país. Ha sido un profundo proceso de cambio democrático en el que, aún sin haber alcanzado todo lo que desearíamos, hemos logrado avances muy significativos. Nuestra Asamblea Legislativa tiene muchas deficiencias a superar, pero hay que reconocer su importante papel y las capacidades que han demostrado muchos de sus integrantes, mujeres y hombres que se han puesto al servicio de su pueblo. Al igual que nuestra Corte Suprema de Justicia, que ha seguido un desarrollo de superación importante desde aquella Corte de 1,993 que tenía como presidente al doctor Mauricio Gutiérrez Castro, quien cinco días después de recibir el Informe de la Comisión de la Verdad, en complicidad con otras instituciones y personas, entre ellas muchos militares, decretaron la Ley de Amnistía que tanto daño y atraso ha causado en todo este proceso en la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.
Ciertamente la violencia golpea nuestra sociedad. El Salvador tiene el “honor” de encontrarse entre los primeros puestos del ranking de países con mayor índice de violencia social. Pero abordar esa violencia significa entender sus causas y actuar decididamente sobre ellas no con mentiras o solamente con medidas militares. Por ello, no podemos obviar que, como ha sido a lo largo de nuestra historia, la violencia que hoy vive nuestro país hunde sus raíces en las desigualdades sociales y en las extremas condiciones de vida que soportan muchas salvadoreñas y salvadoreños. Esta fue una de las principales causas de la guerra y no se ha resuelto, por el contrario, la pandemia la ha agravado. Y la misma Pandemia se usará como justificación de su agravación.
Cada quien le tendrá que hacer frente a sus miedos, pero hay un elemento que no debemos perder de vista: cuatro gobiernos de ARENA y dos del FMLN y sus consecuencias han provocado una gran desilusión, esta es una gran realidad. El problema está en saber si estamos regresando al pasado ante las grandes evidencias existentes. La desilusión es grande, la amenaza de que pueda continuar también. Por el momento se mantiene el beneficio de la duda, pero esta tiene sus límites muy claros.
También la institución armada debe hacer esa reflexión. Los militares de alta no deben prestarse a intereses de ningún partido y deben ser conscientes que su permanencia está mejor garantizada si la sociedad está en paz, unida, y si tiene sus necesidades fundamentales resueltas. La nueva Fuerza Armada, si es que es otra como lo han difundido abiertamente, no puede cargar, como institución, con las complicidades que abraza su máximo jefe. O estamos hablando de la misma Institución que bajo el mando de la Tandona y otros cuantos jefes más trataron de tomarse el país a base del terror, esto en parte la viví personalmente. Hoy lo veo diferente, aunque me asalta la tremenda preocupación de que estén retomando el mismo camino, que tanto ustedes como yo sabemos para donde va. La Fuerza Armada que abandoné, sigo pensando que era otra. En qué momento dejó de ser la vieja Fuerza Armada para convertirse en la nueva. Algún sortilegio mágico hizo posible ese cambio.
Lamentablemente no aprendemos las lecciones del pasado y nuestros jefes nos arrastran a repetir la historia. El 30 de octubre del corriente mes comparecerán en audiencia ante la Corte Suprema de Justicia los presidentes del poder Ejecutivo y Legislativo; el ministro de Defensa, los demandantes de la inconstitucionalidad de la ley, los amigos del tribunal admitidos por resolución de seguimiento de 18 de junio de 2018, el director de IDHUCA, el ministro de Hacienda, el fiscal general de la República, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. La audiencia tratará el tema de la inconstitucionalidad de la “Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional”, su finalidad será la de evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia emitida en este proceso y en las resoluciones citadas por parte de la Asamblea Legislativa y demás autoridades obligadas a su acatamiento. Audiencia que se deberá tomar con la responsabilidad de lo que significa para el futuro del país. Su trascendencia tiene una magnitud inmensurable sobre todo que estarán los que poseen poder de decisión. Esperamos que se termine la impunidad y trascendamos hacia la Reconciliación. El estado es el responsable de gestionar nuestro futuro, aquí está la oportunidad y ya no tenemos tiempo para mentiras ni nuevas leyes de amnistías encubiertas.
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