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Por Leonel Herrera*
La noche del 24 de marzo, el gobierno de Nayib Bukele montó un “cerco militar” en el sur de Chalatenango. El despliegue castrense, propio de una guerra convencional, incluyó -según medios oficialistas- a 5,000 soldados y 1,000 policías, más los cuantiosos recursos logísticos y de acompañamiento necesarios.
El descomunal operativo militar -difundido ampliamente por el aparato de propaganda estatal- culminó con la captura de dos jóvenes, supuestamente pandilleros, acusados del asesinato de dos personas ocurridos días anteriores en dicha zona.
Coincidentemente la desproporcionada acción militar y policial se realizó en varios municipios, hoy distritos, que se caracterizan por cuatro cosas: 1- No hay incidencia pandilleril y los niveles de violencia son muy bajos, 2- En las elecciones municipales perdió el oficialismo y ganó el FMLN, 3- Existen vetas minerales apetecidas por empresas extractivas y 4- Sobreviven estructuras de organización comunitaria surgidas en los setentas y ochentas, entre éstas las comunidades eclesiales de base que -precisamente- ese día habían conmemorado el martirio de San Óscar Arnulfo Romero, asesinado por la extrema derecha el 24 de marzo de 1980.
El gigantesco operativo militar-policial confirma la falacia y el doble rasero del régimen bukelista en su “guerra contra las pandillas”. Digo esto porque la presencia de 6,000 efectivos del Ejército y de la Policía para detener a dos supuestos miembros de maras, contrasta con los beneficios dados a otros pandilleros y la ausencia de persecución penal, resultados de las negociaciones del gobierno con las maras que para nadie son ya un secreto.
Los hechos de la realidad son contundentes. Por ejemplo: la acción “anti-pandillas” en Chalatenango sucedió pocos días después de que en Estados Unidos fuera capturado Fredy Iván Jandres Parada, conocido como Lucky, quien se suponía estaba en prisión, razón por la cual la justicia gringa solicitaba su extradición.
Este criminal fue condenado a 15 años de prisión en 2016, por lo que debía estar preso hasta 2031. Sin embargo, es probable que fue sacado ilegalmente de la cárcel, tal como sucedió con Élmer Canales Rivera, alias “Crook”, quien fue excarcelado, alojado en un apartamento lujoso en San Salvador y llevado a Guatemala por Carlos Marroquín, director de Tejido Social del Ministerio de Gobernación.
En audios publicados por el semanario digital El Faro Marroquín admite que él personalmente llevó a “Crook” y que sus acciones son del conocimiento de “Batman”, refiriéndose supuestamente al presidente Bukele.
El despliegue militar en Chalatenango también se dio semanas después de conocerse que el alcalde electo por el municipio de Cuscatlán Norte, Carlos Sánchez, está perfilado como pandillero. Según El Faro, la Policía Nacional Civil (PNC) identifica a Sánchez y a varios miembros de su entorno cercano como miembros de la mara Barrio 18 facción Sureños.
Según el referido medio digital, el edil electo del oficialista partido Nuevas Ideas fue capturado en 2022, en los inicios del régimen de excepción, pero fue liberado casi de inmediato por órdenes superiores. Por tanto, no es factible esperar que haya un operativo de 5,000 soldados y 1,000 policías para capturarlo.
El despliegue militar en Chalatenango también se realizó en el marco de la veinticuatroava prórroga del régimen de excepción, las permanentes ansias de demostración autoritaria de Bukele y su obsesión infinita con la propaganda.
*Periodista y activista social.
