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Alessia Genoves
Colaboradora
Unos $500 millones de dólares dispone el Gobierno de El Salvador para la amortización de la deuda nacional, que también podrían ser utilizados para “el pago de impuestos”. Ésta condición se establece tras la reciente reforma al Decreto No. 823, que fue aprobada con 60 votos a favor en la Sesión Plenaria Ordinaria No. 144 celebrada en la Asamblea Legislativa.
La reforma autoriza al Ministerio de Hacienda emitir $500 millones en bonos de deuda para financiar obligaciones del Estado. Los cambios buscan generar “condiciones financieras más atractivas y que propicien una mayor convertibilidad de los títulos a emitir”, según se justifica en el documento.
Las modificaciones fueron presentadas a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Dictamen 312, el cual adiciona dos literales al Artículo 3 del decreto original. El primero permite que “cuando se trate de colocaciones en el mercado nacional, transcurrido el primer año de su emisión y colocación, el valor facial de estos títulos podrá utilizarse para el pago de impuestos y obligaciones tributarias, hasta en un porcentaje del 50%” del total.
El segundo literal indica que “cuando se haga uso de los títulos valores de crédito para el pago de impuestos u otras obligaciones tributarias, los intereses que devenguen estos títulos valores de crédito se pagarán a la fecha de la redención de los mismos”.
Los cambios buscan generar “condiciones financieras más atractivas y que propicien una mayor convertibilidad de los títulos a emitir”, según se justifica en el documento, en momentos que la deuda pública total asciende a $15,378.5 millones hasta diciembre 2023.
Niveles récord de deuda externa e interna
El decreto original 823 se enmarca en un contexto donde los niveles de endeudamiento público alcanzan nuevos récords, tanto en obligaciones externas como internas. De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda hasta diciembre 2023, la deuda externa del Sector Público No Financiero (SPNF) llega a $11,504.7 millones, de los cuales $10,841.6 millones corresponde al Gobierno Central. Esta deuda equivale al 32.9% del PIB estimado en $34,989.8 millones.
Mientras, la deuda interna del SPNF registra un saldo de $4,987.1 millones, con el Gobierno Central aportando $4,605.1 millones de ese total (13.2% del PIB). De esta manera, la deuda de mediano y largo plazo del sector público no financiero se ubica en $16,491.8 millones (47.1% del PIB).
A lo anterior, se suma el saldo de Letras del Tesoro más Certificados de Tesorería de corto plazo, que implica otros $2,390.2 millones, con lo cual la deuda total del SPNF llega al 54% del PIB proyectado a finales de 2023.
Financiamiento frente a la calificación crediticia
Los $500 millones autorizados se enmarcan en los constantes desafíos fiscales y compromisos crediticios del país, en medio de un limitado crecimiento económico y una reducida recaudación tributaria. Este panorama no se vería esclarecido; sin embargo, pese a que la calificación de riesgo del país haya mejorado, manteniendo un perfil de deuda del 6.86% en el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), de acuerdo con la agencia calificadora de riesgo, JP Morgan Chase.
Por otra parte, es válido reconocer que el Gobierno dilató el período de gracia a 4 años, un total de deuda de $8,397 millones, a través de un canje de deuda con Agencias Aseguradoras de Pensiones. La actividad fue ponderada favorablemente por Fitch Ratings, quien, no obstante, calificó el evento como un “default selectivo”, en el canje de títulos de la deuda de pensiones.
Asimismo, la agencia de calificación crediticia, Standard and Poor´s mejoró la calificación crediticia del país, pasándola de CCC+ a B-. La decisión responde a que la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) propuso al gobierno salvadoreño trasladar un volumen de deuda de más de $2,500 millones a plazos de 2,3, 5 y 7 años para el cumplimiento.
