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Bogotá/AFP
Un nuevo escándalo por presuntos casos de corrupción sacudió al Ejército de Colombia esta semana, sovaldi días después de que se revelara una supuesta trama de escuchas telefónicas ilegales que habrían alcanzado incluso al equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con las FARC.
El ministro de Defensa, buy viagra Juan Carlos Pinzón, admitió el lunes posibles «deficiencias administrativas» en contratos de la Aviación del Ejército, luego que la revista Semana revelara supuestos casos de corrupción militar, a la vez que pidió más averiguaciones y «serenidad» para investigar.
«Se revisaron 105 contratos (en la jefatura de Aviación del Ejército), encontrándose diez hallazgos con una posible connotación disciplinaria por deficiencias administrativas», dijo Pinzón en rueda de prensa, tras explicar que esto hace parte de resultados preliminares obtenidos por una comisión creada en el ministerio de Defensa para investigar las denuncias.
El ministro dijo también que «tomando en cuenta la gravedad de los hechos», solicitó investigaciones independientes de la Contraloría, la Procuraduría General y la Fiscalía colombianas.
Según la versión periodística, parte de los fondos obtenidos irregularmente habrían sido destinados a «pagos a los subalternos presos con el fin de mantener su silencio» en investigaciones penales por cientos de asesinatos de civiles que posteriormente eran presentados como guerrilleros caídos en combate, conocidos en Colombia como «falsos positivos».
El vicefiscal general Jorge Perdomo indicó este mismo lunes que «lo que se ha conocido en los últimos meses por parte de los medios de comunicación es una información que surgió de un proceso que llevaba un fiscal de derechos humanos que investigaba lo que se conoció como falsos positivos».
En el marco de esa investigación, la Fiscalía realizó durante seis meses interceptación de comunicaciones a altos oficiales, añadió Perdomo, sin precisar sus identidades.
Documentos de audio obtenidos por la revista Semana incluyen conversaciones en las que el general Leonardo Barrero, comandante de las fuerzas militares, habría recomendado a los militares investigados «armarse como una mafia» para denunciar a los fiscales.
«Es un tema muy preocupante porque el Ejército es una institución vital para el país. Hay un riesgo para la democracia. Ponerse plata en el bolsillo ya es serio, pero esconder crímenes de lesa humanidad es aún más grave», comentó a la AFP Jairo Libreros, experto en temas de seguridad y profesor en la Universidad El Externado de Bogotá.
Espiar el proceso de paz
Esta denuncia sigue a la revelación, también publicada por la revista Semana, de un caso de escuchas ilegales que habría realizado la inteligencia militar a los delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el diálogo de paz con la guerrilla comunista FARC, así como a un grupo de periodistas que cubre el proceso.
El caso, que es investigado por la Fiscalía, motivó la salida de dos altos rangos de inteligencia del Ejército.
Sin embargo, una investigación interna de las Fuerzas Armadas no arrojó irregularidades y declinó en la Fiscalía las conclusiones.
Pero desde La Habana, donde se desarrollan las conversaciones de paz, las FARC no perdieron la ocasión de cuestionar a los militares, e incluso aseguraron que el expresidente Alvaro Uribe (2002-2010) se encontraba tras esa trama.
«El estado de necrosis que tiene la institucionalidad colombiana ha llevado a que dentro del seno de las mismas fuerzas militares ya no se pueda generar confianza ni para el propio gobierno», sentenció Jesús Santrich, uno de los delegados de la guerrilla.
Sobre ese caso, Libreros afirma que «existen sectores en el Ejército que no están de acuerdo con la política de Santos y el proceso de paz, y ellos creen que pueden actuar por encima de las leyes».
«Pero es exagerado apuntar a Uribe. El tiene su postura, pero de ahí a considerar que cometió delitos la distancia es muy grande», señaló.
Las fuerzas militares de Colombia, país que sufre un conflicto armado desde hace casi 50 años, son una de las instituciones mejor consideradas y su peso en la sociedad es visible.
Las fuerzas militares colombianas cuentan con unos 400.000 integrantes y su presupuesto anual es de unos 13.500 millones de dólares, poco menos de 15% del presupuesto total de la nación.
