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Samuel Amaya
SamuelAmaya98
Organizaciones de la sociedad civil presentaron este miércoles un informe sobre violaciones a los derechos humanos en el marco de los tres años del régimen de excepción. El informe destaca que entre 2022 y 2025 se han recibido 6,889 denuncias, de estas, el 52% corresponde a jóvenes capturados.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, destacó que, en el informe, se identifica que la población, “no tiene libertad ni justicia y tampoco se le respeta su integridad personal”.
Es de recordar que el 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa a solicitud del Gobierno de Bukele, impuso un régimen de excepción para “combatir frontalmente” a las pandillas, esto luego que 82 salvadoreños fueran víctimas de homicidio. Desde entonces, se ha prorrogado mes con mes el régimen. Pero en estos tres años, se han violentado los DDHH de personas que nada tienen que ver con pandillas.
Las organizaciones que recabaron la información fueron: el Servicio Social Pasionista (SSP), Fundación AMATE, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Red de Defensoras, Azul Originario (AZO) y el IDHUCA.
Estas organizaciones de derechos humanos han recibido desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2025, un total de 6,889 denuncias de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción. Sin embargo, el dato no refleja que exista esa cantidad de casos de violaciones a DDHH sino, esos casos son los que han llegado a las organizaciones, los conocidos.
Hasta inicios de marzo de 2025, se han registrado la captura de más de 85 mil personas detenidas; muchos de ellos fueron arrestados sin que tuvieran un vínculo con pandillas y la mayoría son jóvenes de 19 a 30 años.
“Hemos identificado que justamente es la gente joven, sobre todo del género masculino, entre 19 y 30 años quienes más han sido capturados, que ascienden a más del 50%”, comentó Santos. El segundo grupo etario con el 35% es el de 31 a 59 años.
Sobre el hacinamiento en el sistema penitenciario, las organizaciones destacaron que, en El Salvador, la tasa por cada 100 mil habitantes es de 1,824, manteniéndose como la tasa más alta a nivel mundial. El 2.6 del total de la población adulta se encuentra privada de libertad; se estima que el hacinamiento dentro del sistema penitenciario es del 369.5% a excepción del CECOT.
Los agentes estatales más denunciados son los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) con un 75%, correspondiente a 5,158 víctimas vulneradas. La cifra se eleva al 82% si se toma en cuenta aquellos hechos en donde hubo participación conjunta entre los agentes de la PNC y miembros de la FAES.
También, se planteó que varias organizaciones sociales han registrado muertes dentro de los centros penales. El SSP ha sistematizado 278 muertes desde marzo de 2022 a diciembre de 2024. Cristosal ha verificado 265 muertes desde marzo de 2022 a abril de 2024 y Socorro Jurídico Humanitario ha registrado 375 muertes desde marzo de 2022 a marzo de este año.
“No basta con decir que las personas de algo se van a morir, no basta con decir que son muertes naturales, que no hay homicidios o que se hayan archivado los casos porque no hay indicios, cuando sabemos que no hay instituciones independientes”, comentó Gabriela Santos.
“Es urgente que el Estado salvadoreño haga público un dato homologado de las muertes ocurridas en el sistema penitenciario durante el régimen de excepción. Además, debe brindar información sobre la investigación independiente de estas muertes”, instaron las organizaciones.
