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Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El Salvador figura entre los 48 países que, en 1948, un día 10 de diciembre, votó a favor de la declaración universal de los derechos humanos.
Este es un dato importante, el que la representación del Estado salvadoreño tuviera esa conducta en aquel tiempo.
Sin embargo, el estado salvadoreño figura también como el autor de la mayor de las masacres contra población civil en nuestro continente, hecho ocurrido también en un mes de diciembre, en 1980, conocida como la masacre de El Mozote, en el departamento Morazán.
Esa no fue ni la primera ni la única violación a los derechos humanos, nuestro pueblo sufrió atrocidades bajo la dictadura oligárquico militar, inaugurada con la masacre de 1932 y, durante el conflicto armado (19801992), sufrió innumerables masacres, torturas, exilios, y la sistemática negación de sus libertades y derechos.
A esa historia de dolor se refiere el Informe de la Comisión de la Verdad (De la locura a la esperanza) y los diferentes testimonios orales y escritos sobre acontecimientos ocurridos bajo la bota militar, incluso antes de la segunda guerra mundial.
Las garantías mínimas de toda persona frente a los poderes públicos, se recogieron en la declaración de derechos humanos y en los desarrollos de la misma, suscritos por el Estado salvadoreño (derechos económicos sociales y culturales; cívicos y políticos, entre otros).
Importantes tratados que obligan y abren la posibilidad de responder por las violaciones a los mismos, como ha ocurrido con sentencias de organismos internacionales en los casos de las Hermanas Serrano, El Mozote y, más recientemente, en señalamiento de las responsabilidades del Estado salvadoreño en la muerte de una mujer, conocido como “Caso Manuela”.
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Así el primero de los 30 artículos que contiene la citada declaración; seguido de la no discriminación por razón de raza, color, sexo idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole.
Ya en esa declaración, dada como guía para el desarrollo de las naciones, se reconocen entre los derechos individuales, el derecho a la vida, la libertad, el derecho a ser oído públicamente, el derecho a la presunción de inocencia; derechos que se pretende negar y se niegan por el actual gobierno a cualquier persona que critique o discrepe del gobierno, incluso si son diputados de su propio partido.
Si con los acuerdos de paz, firmados en 1992, y la reforma a la Constitución de 1991, se creó la Procuraduría para la defensa y promoción de los derechos humanos (PDDH), se espera que un ente que viole derechos humanos, y sancione conforme a su mandato a cualquier funcionario o entidad que abusa de sus atribuciones y viola los derechos de cualquier salvadoreño.
Eso debemos demandar a la PDDH.
Es importante, en el momento histórico que vive nuestro país a partir del acaparamiento de poder estatal en la persona del presidente de la república, que reafirmemos y reforcemos el conocimiento y conciencia sobre los derechos humanos.
Pues resulta obvio que si aún en la relación entre estados, el comportamiento de las actuales autoridades resulta violatoria de principios y normas propias del derecho internacional, de la relación diplomáticas respetuosas, como no se violentarán las relaciones de las personas con autoridad frente al ciudadano y la ciudadana.
Eso está ocurriendo. En muchos casos, las personas que sufren atropellos guardan silencio ante las amenazas y chantajes, por temor a represalias.
Es importante saber que quienes representaban a nuestro país hace 73 años en el organismo, ahora conocido como la Organización de Naciones Unidas (ONU), votaron a favor de reconocer los derechos universales de toda persona.
También es importante recordar que, gracias al tratado de paz firmado entre el gobierno y el FMLN, se crearon instituciones con el deber de promover los derechos humanos y vigilar que quienes están dotados de autoridad estatal y violenten esos derechos, tengan que responder por faltas o delitos.
Al cumplirse 73 años de la declaración universal de los derechos humanos, es un deber de los maestros, de las universidades, de la PDDH, y de los organismos no gubernamentales, contribuir a la formación de conciencia de derechos reconocidos en esa declaración, en nuestra Carta Magna, en diferentes leyes y luchar por que se respeten.
Evitemos que sepulten los hechos buenos ocurridos a lo largo del tiempo. Promovamos y defendamos los derechos humanos.
