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EFE /San Salvador
El exjuez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón dijo hoy en San Salvador que “es una necesidad” que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la ley que amnistió los crímenes de guerra del conflicto civil interno que asoló al país de 1980 a 1992.
“Estamos esperanzados y a la espera que la Sala Constitucional (de la CSJ) finalmente resuelva el pedido que se le hizo hace dos años sobre (declarar inconstitucional) la ley de amnistía”, there dijo el jurista español a la prensa.
Garzón se encuentra en El Salvador para participar en un seminario internacional titulado “Derechos Humanos, Memoria y Justicia ante Crímenes Internacionales”, organizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de ese país.
Para Garzón, “es una necesidad” dicha declaración de inconstitucionalidad, porque “ninguna ley de amnistía puede amparar la impunidad de crímenes de lesa humanidad”.
Destacó que esto “puede ser muy positivo” para que el país supere los “espacios de impunidad” para “afrontar los demás retos que hoy día están pendientes en El Salvador y que afectan ámbitos tan sensibles como la seguridad, los derechos humanos y la lucha contra la criminalidad organizada”.
También restó importancia a las posturas que señalan que se “pueden reabrir viejas heridas” y hacer que el país vuelva a un clima de conflicto similar al de la guerra civil si se anula la referida ley.
“Una sociedad no se rompe por las acciones de la Justicia siempre que sea ecuánime, independiente, efectiva, ágil y que dé confianza a los ciudadanos y sobre todo a las víctimas”, expuso.
Agregó que quienes mantienen dicha postura “son los represores, los que pueden tener responsabilidad” en violaciones a derechos humanos.
Además citó el caso de Argentina, que “después de la dictadura “militar “vivió bajo las leyes de Obediencia debida y punto final durante más de 20 años” y donde a partir de 2003 se “anularon esas leyes y la sociedad no se rompió, ni hubo ningún conflicto armado, ni intento de golpe de Estado”.
También aseguró que el exministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, reclamado por el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, durante la guerra civil de El Salvador, “debe ser extraditado a España”.
Añadió, en referencia a la negación de 2012 del Supremo de extraditar a 14 militares implicados en la masacre de los jesuitas ocurridas en 1989, que en la nación centroamericana “no habría mayor dificultad en perseguir estos crímenes si realmente hubiera voluntad judicial para hacerlo. Eso es lo que tenemos que cambiar”.
Dicha masacre ocurrió en el marco de una ofensiva guerrillera durante la guerra, denominada “Final”, entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder, y el Ejército salvadoreño, financiado por el Gobierno estadounidense.
La Ley de Amnistía fue promulgada en 1993, después de la publicación de un informe de una comisión de las Naciones Unidas que señaló al alto mando del Ejército por perpetrar crímenes de guerra.
Un magistrado de la Sala Constitucional dijo recientemente que la sentencia sobre la posible anulación de dicha ley sería emitida en agosto.
Cifras oficiales señalan que durante los 12 años de guerra civil en El Salvador fueron asesinadas unas 75.000 personas y desaparecieron otras 8.000. La nación centroamericana ha sido condenada en tres ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las desapariciones forzadas de niños y por la matanza de unos 900 campesinos en la “Masacre del Mozote”, durante la guerra civil.
