A 20 años de la derrota del golpe del 2002. Lo que pasó en Venezuela y que puede acontecer en Perú

Isaac Bigio

Politólogo economista e historiador

En Venezuela hay un dicho que dice: «a todo 11 viene su 13». Esto significa que a todo intento de golpe derechista viene el contragolpe de movilización de masas izquierdistas. Esto es, precisamente, lo que sucedió el 11 y 13 de abril del 2002.

Golpe

Desde que Hugo Chávez había llegado en febrero 1999 a la Presidencia de Venezuela como un «outsider» plebeyo y mestizo radical que derrotó a los 2 partidos tradicionales que se alternaban siempre en el poder, el establishment y sus medios le habían hecho la vida imposible. El excomandante apenas debutó en palacio, llamó a una nueva constituyente y al establecimiento de una nueva república. Todo eso había chocado con los sectores pudientes que siempre habían querido que el grueso de la renta petrolera se quedara en ellos, mientras que las mayorías, especialmente de origen indígena y africano, seguían siendo marginadas.

Poco antes del 11 de abril 2002, Venezuela estaba inmersa en una profunda crisis a raíz de paros patronales organizados por la Federación de Cámaras empresariales (FEDECAMARAS) y huelgas por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV, central sindical que, al igual que la CTP peruana, es liderada por burócratas laborales que reivindican a Haya de la Torre).

Entonces, la popularidad del Presidente había caído al 30% según las encuestas.

Envalentonados por todo ello, porque había sectores de las FFAA que abiertamente desafiaban a Chávez y por la oposición abierta y expresa de los gobiernos de derecha dura en Washington y Madrid, es que la oposición impulsa fuertes protestas en las calles.

El 11 de abril una marcha golpista intenta llegar a Palacio de Gobierno, donde se producen enfrentamientos con manifestantes leales al Gobierno, lo cual genera 18 muertos y 69 heridos.

Esto último fue el pretexto ideal para que se produzca un golpe militar que secuestre a Chávez y que coloque en la Presidencia al jefe de las Fedecamaras Pedro Carmona, el mismo que estableció un «Gobierno de Unidad Nacional» que disolvió varias entidades.

Dentro de los golpistas se alinearon muchos sectores que se reclamaban de izquierda. Hasta el día de hoy, 3 de los 4 partidos que lideraron el desconocimiento internacional de Nicolás Maduro pertenecen a la Internacional Socialista, incluyendo Voluntad Popular (VP) de Juan Guaidó. Otro activo promotor de ese y otros intentos de cuartelazos ha sido Bandera Roja, el cual sigue reivindicando y a las guerrillas «marxismo-leninistas» que hizo anteriormente. Uno de los más destacados activistas en dicho golpe y en otros sucesivos más ha sido Leopoldo López, el jefe de VP y de muchos «guarimberos» (grupos armados que queman vivos a izquierdistas o que disparan a multitudes con francotiradores), el mismo quien llegó a Lima y a Arequipa poco antes del balotaje peruano para servir de «padrino de bodas» en el matrimonio de las familias Vargas Llosa y Fujimori y para educar a bandas ultraderechistas criollas en tácticas de choque callejero.

Cuando las masas venezolanas se enteraron de que el Presidente Chávez había sido derrocado y encarcelado, cientos de miles de manifestantes salieron a las calles forzando la dimisión de Carmona y tumbándose un golpe apoyado por los altos mandos, los gremios empresariales, los medios y las principales potencias occidentales. Los mandatarios George Busch de EEUU y José María Aznar de España habían felicitado y reconocido al nuevo Gobierno golpista que solo duro 2 días.

Bumerán

En cierta manera dicho golpe les resultó como un tiro por la culata a la derecha, pues ayudó a que el chavismo se consolidara en el poder por 20 años más.

Por una extraña paradoja, el golpe del 11 de abril del 2002 en Caracas se dio justo en la fecha en que se cumplían 50 años de la victoria de la insurrección de los trabajadores bolivianos que derrocaron a la junta militar. Dos días antes de ello, el 9 de abril de 1952, un golpe castrense quiso llevar a Palacio a Víctor Paz Estenssoro, cuya victoria electoral había sido impedida con un cuartelazo. Cuando este putsch estaba siendo derrotado por los militares conservadores, los mineros, fabriles y policías salieron a las calles y les doblegaron. Con esa gran movilización Bolivia logró el voto a los analfabetos 28 años antes de que en Perú, realizó una reforma agraria más radical que la de la China de Mao de entonces y nacionalizó a todas las 3 grandes corporaciones mineras (algunas de las cuales, como los Hotchild, siguen teniendo propiedades en el Perú de hoy).

Lo que una a ambas victorias que se dieron en la misma fecha con medio siglo de diferencia es la enorme capacidad de las masas movilizadas en las calles, desafiando las balas y en pro de lograr conquistas sociales.

Perú

Lo que pasó en abril en 1952 en Bolivia y en 2002 en la «República Bolivariana de Venezuela», es algo que puede acontecer en Perú. Es claro que hay muchas diferencias entre estas 3 naciones andinas y bolivarianas y entre sus distintos procesos políticos. Sin embargo, hay elementos comunes.

En el Perú de hoy, el grueso de los medios y de los gremios empresariales quieren deponer a otro outsider de raíces humildes e izquierdistas, a quien han hecho todo lo posible para impedir que su triunfo electoral fuese reconocido y que luego pueda gobernar.

A inicios de abril en Perú se dieron un paro de transportistas y bloqueos de agricultores y barrios, ante lo cual los fujimoristas han querido sacar provecho para promover la caída del Gobierno. Grupos de choque ultraderechistas han estado envueltos en los actos vandálicos del 5 de abril (con el cual quisieron celebrar «a su manera» el 30 aniversario del fuji-golpe de 1992), los mismos que se centraron en atacar sedes judiciales donde se ven casos contra los Fujimori (pero no contra el TC que les ampara, ni contra los monopolios que suben los precios de los productos esenciales).

Por primera vez desde que Pedro Castillo llegó el 28 de julio pasado a Palacio se han producido muertos en conflictos sociales (8). La oposición, en vez de buscar soluciones al alza de precios (que sus corporaciones impulsan), han aprobado una moción en el Congreso que controlan para instar al Presidente a renunciar. La crisis ha hecho que Castillo, al igual que

Chávez hace 20 años, haya perdido el apoyo de la mitad de quienes antes votaron por él.

Sin embargo, la derecha peruana es más débil que la venezolana de entonces. Sus marchas apenas movilizan a algunos centenares. El sábado prometieron que iban a realizar una inmensa que trajese numerosos contingentes de varios rincones de Lima hacia la Plaza San Martín, pero, nuevamente, solo trajeron poca gente, muchos de ellos con dádivas. Pensaron que iban a tener millares como la protesta espontánea que el 5 de abril se dio contra el «toque de queda», pero no quisieron entender que esta no se dio para pedir la caída del Gobierno, sino para rechazar una encerrona que no les dejaba ir a trabajar. Además, en Washington y en Madrid quienes gobiernan son los rivales de Busch y Aznar, los mismos que no están interesados en promover golpes en Perú. El Congreso que une a las derechas criollas es uno de los más impopulares del planeta y los golpistas carecen de una sola figura popular.

Una ventaja que tiene la derecha peruana actual sobre la venezolana de entonces, es que esta domina a los poderes legislativo y judicial, al TC, a la Defensoría del Pueblo y a muchos más medios, además de que la constitución vigente peruana es la única de Sudamérica hecha bajo una dictadura neoliberal.

Por el momento, el golpismo «cholo» del 2022 no se ha radicalizado tanto como el «chamo» del 2002. Esto se debe, por una parte, debido a la extrema moderación de Castillo, y, por otro lado, a que su principal fuerza (el fujimorismo) es impopular y ha sufrido varios reveses. Temen que una aventura putchista les pudiese generar otro búmerang, como han sido los 2 intentos de vacancia presidencial o el intento de hacer que su TC libere a Fujimori.

Posibilidades

El actual Gobierno bien pudiera sacar ventaja del descrédito de las derechas y de su muy impopular Congreso. Cabalgando sobre el descontento social ante las alzas y peajes impuestos por los fujimoristas, las izquierdas pudiesen movilizar a los más pobres bajo un programa que contemple eliminar monopolios, intervenir a las corporaciones que acaparan productos y hacen subir sus precios, eliminar todas las leyes antilaborales y la abusiva jornada de trabajo de 6 días a la semana, reponer despedidos por causas sindicales y sociales, renegociar todos los contratos y la deuda externa, renacionalizar a la Repsol, el gas y varias industrias y servicios estratégicos para abaratarlos, restablecer la carta magna de 1979 e ir ya hacia nuevas elecciones, pero para una constituyente que reorganice al país.

Una medida que se podría emular tanto de los gobiernos de Venezuela como de Brasil del 2002 es la organización generalizada de canastas familiares en los cuales el Estado compra directamente alimentos a los productores y los distribuye directamente a precios módicos a los consumidores. Estas (que en Brasil se llamaron «Bolsa de Familia» y en Venezuela se siguen denominando «CLAP») ayudan a ir logrando el «hambre cero» y a ir a una sociedad menos desigual y más democratizada. Los comités populares que distribuyen estas canastas practican la fiscalización y democracia directas, y son sostenes contra el golpismo.

Otra lección a aprender de las jornadas de abril en Bolivia 1952 y Venezuela 2002 es la importancia de masivas rondas o grupos de licenciados y de defensa contra el golpismo, la delincuencia, los saqueos o la corrupción. El 5 de abril en Lima se ha demostrado que la policía fue incapaz de evitar el vandalismo contra negocios y sedes judiciales, algo que sí pudieron haber evitado colectivos, asociaciones de licenciados y rondas. Sin embargo, Castillo se negó a seguir con su programa de rondas urbanas para no chocar con el alcalde de Lima. Jorge Muñoz, quien paradójicamente hoy cumple 60 años, ha devuelto esa concesión demandando, al igual que su correligionaria M. Alva, que Castillo presente su inmediata dimisión.

Castillo puede optar por 2 caminos. Uno es volver a seguir persistiendo en mantener políticas y ministros conciliadores y neoliberales (con los cuales él perderá apoyo popular y con eso acabará perdiendo el poder). Otra es empezar a aplicar sus promesas electorales, volver a recobrar popularidad y, así, pasar a la contraofensiva.

A pesar de las críticas hechas al Premier Aníbal Torres, él ha logrado ir organizando una serie de «consejos de ministros descentralizados» en los cuales se invita al público a criticar o sugerir propuestas, algo que ha mejorado los vínculos del Gobierno con el pueblo.

Una siguiente medida pudiese ser la de que se convoque a una Asamblea Popular con las organizaciones sindicales, laborales, magisteriales, campesinas, vecinales, juveniles, femeninas, ronderas y populares. Apenas Castillo llegó a palacio se recordaron 50 años desde que un golpe castrense derrocó en agosto 1971 a la Asamblea Popular cuya sede era el Parlamento boliviano.

Un Congreso de organizaciones sociales sería mucho más representativo que el actual que se ubica en la plaza de la Inquisición y que es vista por el grueso de los peruanos como una tortura permanente. Este podría convocarse por iniciativa de la CGTP, la FENATEP y otras entidades laborales, o coordinando con el Gobierno. Una Asamblea Popular a nivel nacional y varias a nivel local pudiesen servir para luchar contra el golpismo y para lograr abaratar los precios y mejorar las condiciones de vida, haciendo que gradualmente dejen de haber tantos pobres en un país tan rico.