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Carlos Hernández
En este 2014, pharm el 16 de noviembre, se cumplen 25 años del crimen cometido por militares salvadoreños contra seis sacerdotes jesuitas más sus dos trabajadoras domésticas en la residencia de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). El hecho impactó tanto a nivel nacional como internacional. Se había asesinado con crueldad a personas desarmadas, a cinco ciudadanos españoles dedicados a la enseñanza universitaria, a religiosos acusados irresponsablemente de ser guerrilleros o comunistas (jerga muy común en el período del conflicto armado para descalificar a personas críticas del gobierno y de situaciones injustas), a tres personas con ciudadanía salvadoreña que en teoría el Estado debería de cuidarles la vida, no arrebatárselas con saña con tal de “no dejar testigos” frente al asesinato de uno de los objetivos principales de aquella acción terrorista (el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría).
Recordar este hecho histórico es importante porque a través de él se desvelan elementos que en su momento fueron ocultados y que sirven para comprender efectos de un modo de ser estatal que aún se mantienen. Dos de ellos se mencionan a continuación: lo primero es que antes y durante el conflicto armado, los cuerpos de seguridad pública se especializaron en combatir a toda persona considerada opositora al régimen. Se invirtió dinero y recursos del Estado para eliminar físicamente, no sólo a quienes participaban activamente en la guerrilla, sino a civiles inocentes comprometidos con transformaciones sociales necesarias para el país. Esta es una de las razones por las cuales carece de sentido quienes claman el regreso de la Guardia Nacional, pues su rol fundamental no era el combate a la delincuencia, sino la represión política. Si existiese aún este cuerpo represivo, el crimen organizado de alta jerarquía no sería afectado por la aciaga Guardia.
Segundo, El Salvador es un país donde la igualdad frente a la ley brilla por su ausencia mientras que desde las instituciones encargadas de hacer justicia, alimentan la impunidad que luego deriva en incentivos para cometer ilícitos de todo tipo. A pesar que las investigaciones hechas por los querellantes involucraban a varios militares de alto rango, ninguno fue condenado. Luego de 25 años tampoco. La forma en que se llevó a cabo el juicio hizo concluir que hubo vicios. Sidney Blanco, uno de los abogados acusadores, expresó en noviembre de 2002: “yo todavía no entiendo cómo los jurados pudieron absolver a quienes habían confesado haber disparado a sangre fría sobre las cabezas de los jesuitas”.
Por su parte, Henry Campos, otro de los abogados querellantes involucrado en el caso, hizo mención que no les informaron cuándo fue abordado el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, sobre su postura frente al crimen: “no nos notificaron de esa declaración. Se hizo a espaldas nuestras, de tal manera que no pudimos interrogar al presidente Cristiani” (las expresiones de Blanco y Campos en documental sobre el caso jesuita disponible en el sitio de Internet http://goo.gl/8IxFCS).
Aunque el juez del caso, Ricardo Zamora, tipificó de terrorista el hecho realizado por el Ejército (recuérdese que esa expresión era usada por militares para referirse a la guerrilla) no llevó a otro nivel las investigaciones en búsqueda de los autores intelectuales. Los únicos dos militares condenados fueron después liberados por la Ley de Amnistía. La conclusión es que –así como en este emblemático suceso– aún en la actualidad no se indaga con profundidad ilícitos que el Estado debería de hacerlo, no sólo el Ejecutivo, sino también la Fiscalía General de la República en coordinación con el órgano Judicial. Se trata de fallos históricos que han y siguen afectando la vida, la dignidad y el derecho a la justicia de miles de personas en El Salvador mientras se protege a criminales con mucho poder económico, político o social.
Es por esto que aquí se hace alusión a las palabras de Eduardo Galeano “recordar es peligroso y necesario” (disponible en sitio de Internet http://goo.gl/CO5pxl). La conmemoración implica hacer ver la impunidad con la que han quedado los autores de la masacre. Esta memoria les representa un gran peligro, pues deberían estar tras las rejas o al menos, dada la Ley de Amnistía, ser públicamente conocidos por sus actos. Es también peligroso porque seguramente son personas de mucho poder con tentáculos que les blindan de la justicia. No obstante, para la sociedad, para legitimidad del Estado, para comprender a cabalidad la historia de este país, en honor a la verdad y a las víctimas, continuar la investigación e insistir en clarificar el hecho hasta donde sea posible, es necesario. No se trata de abrir heridas, sino de hacer todo lo contrario, de cerrarlas con dignidad, lo cual sólo se hará al desvelar todo cuanto ha estado oculto hasta ahora.
