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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Han transcurrido 32 años desde aquella noche en la que un comando militar ingresara a la UCA, para asesinar a los sacerdotes jesuitas y sus acompañantes, Elba y Celina, en el marco de la ofensiva Al Tope adelantada por el END en la capital del país, como respuesta a la frustración que la serie de reveses militares le supusieron al ejército los operativos guerrilleros desplegados en la capital, donde no solo fue manifiesta la superioridad táctica alcanzada por la insurgencia, pero también por perder el régimen gobernante, la máscara mediática que hacía suponer a sus incondicionales que el conflicto se “ganaba” para el conservadurismo, vindicando su legitimidad en el terreno militar desde el cual supuestamente aplastaba a los así llamados “piricuacos”, término despectivo con el que el fundador del partido gobernante, como de los tristemente célebres escuadrones de la muerte [Informe de la Comisión de la Verdad], responsables además del asesinato también impune del Santo Romero.
La ofensiva inició el 11 del mismo mes, convergiendo en la capital la guerrilla como en otros objetivos militares relevantes del país, machacando las posiciones militares, sorprendiendo al ejército, a pesar de “conocer desde al menos un año antes”, aquella operación; para el momento del asalto a la UCA, amanecía el 6o día y las bajas se acumulaban sobre todo del lado oficial (1600 militares y 400 guerrilleros/ONUSAL), lo que llevó a la comandancia del ejército junto a la presidencia del país a celebrar en la cede del Estado Mayor, una reunión para rediseñar la estrategia de contrainsurgencia.
La primera versión conocida aseguró que el entonces presidente Alfredo Cristiani, desconocía las intenciones reales, aprobando sin saber el operativo.
Años después uno de los ejecutores de la misión, el teniente Cerritos, denunciaría que el presidente “sí conocía el objetivo ulterior de la misión encomendada”, que era “asesinar a los sacerdotes para eliminar así a estos dirigentes comunistas”, lo que los sacerdotes no eran.
Lo cierto es que, concluida la ofensiva y descubiertos los pormenores del crimen a pesar de los esfuerzos de parte del gobierno y la milicia por encubrirlo, se realizó aquella parodia de juicio, del que no resultara sino la impunidad que también ahora reina, tanto para ejecutores como para instigadores.
Se ha sumado empero, un nuevo hecho: el actual fiscal general, Rodolfo Delgado, cuyo ejercicio es ilegítimo, resultado de la remoción ilegal del anterior fiscal, ha interpuesto ante la Corte Suprema un recurso de Amparo para reaperturarlo.
No es difícil sin embargo calcular por sus antecedentes, que su interés real es ganar el favor de la civilidad que pugna por justicia en este y todos los casos que lastran a la sociedad salvadoreña, por lo que es apenas un gesto político, con ninguna intención de concretarlo -su complacencia con la impunidad del actual régimen y su carencia de carácter así lo indican – por lo que esta noticia debe considerarse en términos de su fuente, y como sociedad civil continuar promoviendo desde los “sin vos”, la justicia anhelada que nos incluya a todos.
