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Redacción Nacionales
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En el contexto de los 33 años de los Acuerdos de Paz, la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador denunció el retroceso en la implementación de los Acuerdos de Paz y que cada vez se vuelve “más preocupante” las formas en las que hay violaciones a los Derechos Humanos en el país.
La Comisión sostuvo que los Acuerdos de Paz permitieron desmontar los gobiernos militares que se arrogaron el ejercicio del poder político por casi todo el siglo anterior, mediante la represión generalizada de cualquier voz disidente. Asimismo, dichos Acuerdos significó una oportunidad para el país para fortalecer la institucionalidad que devolviera el poder al ciudadano. También, significó la participación política sin temor a ser desaparecido o asesinado.
“Los Acuerdos de Paz fueron el resultado de un proceso de lucha popular que reivindicaba los derechos humanos básicos para toda la sociedad”, sistematizó la Comisión de Derechos Humanos.
Las organizaciones que pertenecen a la Comisión puntualizaron que los temas contenidos en los Acuerdos de Paz incluyeron la obligación del Estado de investigar las graves violaciones a los DDHH ocurridas en el contexto de la guerra, la creación de la Policía Nacional Civil que debería garantizar los derechos humanos de la población, la reducción del ejército y limitar sus atribuciones constitucionales, en la búsqueda de someter el poder militar al poder civil.
De igual forma, se contempló una nueva ingeniería del Órgano Judicial que permitiera reducir los altos niveles de corrupción e impunidad. Y, finalmente, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), como una institución contralora del ejercicio del poder público, para actuar ante las violaciones a los derechos humanos de la población.
“La propuesta buscaba modificar las profundas raíces de autoritarismo y democratizar el ejercicio del poder público, lastimosamente, después de tres décadas podemos afirmar que la implementación de los Acuerdos de Paz fue truncada”, consideró la Comisión.
En dicho espacio, se denunció el retroceso de la implementación de los Acuerdos de Paz, y a la vez, “se vuelve más preocupante” las formas en que se ejercen las violaciones a derechos humanos, como el uso de los cuerpos de seguridad para amedrentar y acosar a las voces disidentes del discurso oficial, la criminalización generalizada de la población con la aplicación del régimen de excepción permanente, la ausencia de la división de poderes y, recientemente, la aprobación de una ley minera, a pesar de sus graves implicaciones para la población y el medio ambiente.
“La implementación de los Acuerdos de Paz falló, principalmente, por la resistencia de las élites políticas y económicas que continuaron sosteniendo las estructuras de corrupción e impunidad en el Estado”, señaló, un ejemplo de ello, es la aprobación de la Ley General de Amnistía emitida en 1993 por la Asamblea Legislativa “para proteger a los criminales de guerra”.
Es de recordar que, en 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dicha ley y ordenó a la Asamblea, legislar sobre una justicia transicional, pero hasta la fecha sigue sin haber una ley que favorezca a las víctimas.
La comisión consideró que después de tres décadas, los Acuerdos de Paz se han agotado y ha dado paso a un periodo de rompimiento del orden constitucional; principalmente en la democracia, ya que se ha violentado la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, se ha regresado a la casta militar como columna vertebral “del gobierno inconstitucional”.
“Todo lo anterior ha significado el cierre de los pocos espacios de diálogo de la ciudadanía con el Estado, el retorno de la opacidad en la administración pública, la persecución de personas defensoras de derechos humanos y la profundización del nepotismo y la corrupción”, señaló la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica.
David Ortiz, de Tutela Legal Dr. María Julia Hernández, señaló que esto ha tenido un impacto significativo en el aumento de la pobreza en el país, la migración irregular, el desplazamiento forzado que ha profundizado las brechas de grandes grupos de la población para cubrir sus necesidades más básicas.
La comisión hizo un llamado a las naciones que apoyaron la solución dialogada del conflicto armado y a la comunidad internacional en general, a evitar “ser sorprendidos por la propaganda agresiva” del gobierno de turno, que busca posicionarse como una gestión exitosa y ejemplar, cuando la realidad “es que El Salvador es un país sin democracia, sin libertad de expresión y sin garantías judiciales.
