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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Las detenciones provisionales que ha ordenado la señora Jueza, que ha sido notificada el día ayer (lunes 6) a la acusación particular, representan un paso de esperanza en el avance a la justicia de este atroz crimen”, declaró David Morales, jefe de Justicia Transicional de CRISTOSAL.
No obstante, Morales observó que las detenciones provisionales son únicamente contra el exministro de la Defensa, Guillermo García, y contra el ex jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, general Rafael Bustillo. “Pese a eso, seguiremos como CRISTOSAL abogando por la detención del teniente coronel Antonio Méndez y el coronel Adalberto Landaverde”, añadió.
La masacre de El Calabozo, ocurrida el 22 de agosto de 1982, dejó alrededor de 200 víctimas de la población civil desarmada que huía de los operativos militares en esa época y ejecutados por el Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, firmados en enero de 1992, la Comisión de la Verdad los documentó como Crímenes de Lesa Humanidad.
“El proceso judicial en el caso de la Masacre de El Calabozo fue reabierto en el año 2016, por efecto de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, y por otra sentencia de amparo específica relativa al caso, que ordenó el desarchivo del expediente judicial”, explicó.
“CRISTOSAL ha ejercido desde entonces la acusación particular en representación de las víctimas como otros casos de Crímenes de Guerra ocurridos en el conflicto armado interno. Y hemos enfrentado el avance de la justicia a la pasividad tanto de las autoridades judiciales, como el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián (San Vicente)”, manifestó Morales.
El jefe de Justicia Transicional de CRISTOSAL señaló la pasividad de la Fiscalía General de la República en cuanto a “desarrollar investigaciones a profundidad”, de conformidad a su mandato.
Morales reconoció como uno de los mayores obstáculos “El bloqueo a documentos militares relevantes para la investigación del caso por parte de las altas autoridades militares y el gobierno actual de El Salvador”.
“No obstante, desde la acusación particular hemos luchado por presentar evidencias y pruebas, en gran medida la prueba testimonial, que es altamente relevante la voz de personas sobrevivientes que sufrieron este horror y lograron salir con vida y que declararon ante el Tribunal”, sostuvo Morales.
La acusación particular imputa responsabilidad penal a los altos jefes militares que dirigieron el operativo “Mario Azenón Palma”, en agosto de 1982, durante el cual se consumó la masacre de más de 200 personas en El Calabozo, jurisdicción de San Esteban Catarina, San Vicente. “De estos altos jefes militares, que se encuentran aún con vida, son el exministro de Defensa José Guillermo García, el ex jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS), Rafael Bustillo, el excomandante del Batallón de Reacción Inmediata Ramón Belloso, teniente coronel Antonio Méndez y el comandante de la Brigada de Artillería, Adalberto Landaverde”, acotó.
“Contra estas personas hemos insistido que deberían ordenarse las detenciones provisionales porque a pesar de las limitaciones, la prueba sobre la masacre de El Calabozo y la participación de la Fuerza Armada es bastante clara en San Vicente”, opinó Morales.
En cuanto a la petición que hizo la Fiscalía General de la República sobre la detención de estos ex jefes militares, las que fueron giradas por el Tribunal el pasado 27 de octubre y notificadas ambas partes del proceso penal, Morales expresó que si bien señaló a algunos su acción fue limitada porque no incluyó a todos los militares señalados por CRISTOSAL y las víctimas en el proceso judicial que llevan.
“La jueza actual -de reciente nombramiento- nos parece que de forma muy positiva ha atendido la solicitud de la Fiscalía General de la República, para la detención provisional en el caso de los militares vivos. Y únicamente contra Guillermo García y Rafael Bustillo, pese a esto aún seguiremos abogando por la detención del teniente coronel Antonio Méndez y el coronel Adalberto Landaverde”, reiteró Morales.
“Consideramos que es un avance y es el resultado de la lucha de las víctimas en más de 41 años en su demanda por verdad, justicia y reparación. Las víctimas sobrevivientes y familiares asesinados en El Calabozo han llevado adelante todo un proceso de reconstrucción de sus comunidades, de consolidación de la paz con posterioridad a la guerra y han mantenido firme su voz por la verdad, la justicia y reparación, año con año”, puntualizó Morales.
La Comisión de la Verdad, en sus conclusiones, señaló al Batallón Atlacatl como responsable de dar “muerte deliberadamente a más de 200 civiles” entre hombres mujeres y niñez que habían sido retenidos sin resistencia. “El hecho ocurrió en el sitio denominado El Calabozo, cerca del cantón Amatitán Abajo, departamento de San Vicente”, señalado en la página 153 del Informe de la Comisión de la Verdad. “A pesar de las denuncias públicas, las autoridades salvadoreñas negaron los hechos. Aunque expresaron haber hecho una investigación, no existe rastro alguno de su existencia. La masacre de El Calabozo fue una seria violación del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, añade la cita.
