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A 46 AÑOS DE LA BRUTALIDAD
Por Álvaro Darío Lara
El 30 de julio de este año hemos asistido a una conmemoración más de la masacre de los estudiantes universitarios y de secundaria, que marcharon en aquella tarde por la 25 avenida norte capitalina en 1975.
Los jóvenes iban en solidaridad ante los atropellos que el ejército había cometido, días atrás, en el Centro Universitario de Occidente, con la finalidad de frustrar el tradicional desfile bufo que los estudiantes preparaban.
La historia es conocida: los cuerpos de seguridad y los militares reprimieron brutalmente la marcha en las inmediaciones del Instituto del Seguro Social, con terribles y fatales resultados: decenas de muertos, heridos y desparecidos.
La acción, minuciosamente planificada, fue ordenada por la dictadura del recién fallecido Coronel Arturo Armando Molina, y ejecutada por su Ministro de Defensa, General Carlos Humberto Romero, quien posteriormente, en 1977, luego de otro escandaloso y sangriento fraude electoral, sería impuesto como Presidente de la República.
A inicios de la década del 90, en estas mismas páginas de Co-Latino, junto al poeta Luis Alvarenga, publicamos unas entrevistas con los escritores Salvador Juárez (+) y Heriberto Montano (+); y con el actor y director teatral Edwin Pastore, sobre sus testimonios, y valoraciones acerca del 30 de Julio.
Todos, en aquel momento, coincidieron en la necesidad de promover la memoria histórica, como el instrumento eficaz que nos llevaría al establecimiento de la verdad y de sus implicaciones en los distintos órdenes nacionales: jurídicos, sociales, políticos, éticos; para nunca volver a repetir un acto de tal salvajismo contra lo mejor de cualquier sociedad: su juventud.
El 30 de Julio debe ser recordado siempre, con marchas y con denuncias, con foros y con publicaciones, pero también con la apertura de una necesaria investigación y establecimiento de los graves delitos de lesa humanidad, que pesan sobre los civiles y militares responsables de semejante barbarie. Lamentablemente muchos han envejecido y muerto en la total impunidad, abortándose de esa manera el justo esclarecimiento de los hechos, y las penas sobre estos victimarios.
La justicia debe imponerse para que todos los que perdieron un latido de su sangre ese día, o que aún esperan saber qué fue de sus familiares, aquel 30 de julio de 1975, puedan por fin, alcanzar un mínimo de paz a la que tienen derecho, por tantos años de angustia y de pesar.
En tanto esto no ocurra, en tanto no sean juzgados los criminales; reparadas las familias de los mártires y la dignidad de los sobrevivientes, por todos los daños causados, la masacre del 30 de julio, de todo lo que esa fecha simboliza (quiebre de la institucionalidad, instrumentalización de las fuerzas armadas, genocidio e impunidad), será siempre un bochornoso cheque en blanco para que cualquier régimen que invoque a la democracia y a la representatividad popular, se envalentone para repetir de una manera vergonzosa e inaceptable, esa página de nuestra historia a la que jamás deberíamos volver.
