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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Vidalina Morales, presidenta de ADES Santa Marta, recalcó que a cinco meses de la detención de los cinco ambientalistas, el proceso judicial contra ellos está plagado de abusos y violaciones, lo más grave es que las autoridades judiciales y penitenciarias no permiten a sus familiares y al abogado defensor los puedan ver, lo cual violenta gravemente su derecho a la salud, integridad y defensa técnica.
“Durante cinco meses el Estado salvadoreño se ha ensañado contra estos humildes y valientes luchadores sociales que salvaron al país del terrible desastre de la minería metálica, que amenazaba directamente al agua, medioambiente, la agricultura y la continuidad de la vida misma. Su trabajo fue clave para demostrar la inviabilidad de la minería y aprobar la ley que la prohíbe en forma definitiva, ellos merecen ser premiados, no castigados”, afirmó.
Morales dijo que les preocupa especialmente la situación de Saúl Rivas, quien a pesar de su delicado cuadro de salud fue trasladado del centro penitenciario hospitalario de Quezaltepeque, al penal de Izalco, uno de los más peligrosos del país, donde su seguridad y vida están en peligro.
Morales destacó que el pasado 16 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó su preocupación y pidió la inmediata libertad de los líderes comunitarios; sin embargo, las autoridades nacionales no han atendido dicha petición y los mantienen encarcelados por delitos que no cometieron.
“Desde hace cinco meses, nuestros líderes comunitarios no están con nosotros, les extrañamos tanto, a todos y a cada uno, Antonio Pacheco, Saúl Rivas, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez, desde aquel fatídico 11 de enero no tenemos su presencia, sus palabras, empeño decidido y trabajo incansable en favor de nuestra comunidad y asociación”, expresó.
Alfredo Leiva, representante de ADES Santa Marta, indicó que los ambientalistas están detenidos en difíciles condiciones de salud, en especial Saúl Rivas, quien padece diabetes y no se le permite el ingreso de medicamentos, lo cual le complica su estado.
“Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria dejan a discreción de la Dirección de Centros Penales que no se puedan ver, en un principio se informó que sus detenciones no estaban bajo el Régimen de Excepción, sin embargo, una de las medidas con los capturados es el aislamiento y a ellos así los tienen”, sostuvo.
La comunidad Santa Marta considera que el traslado de Saúl Rivas al penal de Izalco, es una medida de represión luego que la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, de la ONU, pidiera la liberación de los cinco líderes ambientalistas.
