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José Acosta
El acceso al agua es un derecho humano básico, lo que requiere que las decisiones de cómo se gestionan y asignan los recursos hídricos deben ser tomadas por el Estado, teniendo como prioridad el consumo humano y garantizando que aún aquellos que son incapaces de pagar tienen el agua que necesitan para vivir con dignidad.
Esto es especialmente necesario en nuestro país, en donde la derecha legislativa y empresarial está maniobrando, para promulgar una ley que entregue la gestión del agua a una entidad controlada por intereses privados, lo que equivale a convertir el agua en una mercancía o en todo caso, a designar su uso a medida y conveniencia de la gran empresa privada.
Esta maniobra quedó en evidencia el pasado 18 de marzo, cuando la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en la Asamblea Legislativa, acordó que el ente rector del agua estará conformado por representantes de siete entidades de las cuales únicamente tres pertenecen al gobierno, en consecuencia la mayoría corresponde al sector privado.
La noticia se regó como pólvora y en las redes sociales, se comenzó hablar que la privatización del agua se había consumado; sin embargo, es importante analizar la situación con más juicio, lo que sucedió el pasado lunes apenas es un acuerdo de la Comisión, con respecto a un artículo de la Ley, aún falta que la Asamblea Legislativa, la apruebe y posteriormente que el Presidente de la República la sancione.
Lo anterior significa que hay oportunidad de detener el mezquino interés de privatizar el agua, y que la presión popular logrará que finalmente se promulgue una Ley General de Aguas, con un enfoque de derecho y con una gestión estatal. Aceptar la privatización como un hecho consumado, es desalentar la movilización ciudadana.
Por su parte ARENA y sus partidos satélites, sostienen que no se está planteando ningún tipo de privatización, que son falsas acusaciones; declaran que su intención es mejorar el servicio que ofrece ANDA. No obstante, carecen de credibilidad, ya que con similares discursos de supuestos beneficios, en el pasado, privatizaron la banca, impusieron la dolarización, firmaron tratados de libre comercio, promovieron la minería e implementaron otras medidas neoliberales que tanto daño han causado al país.
Está claro que los grupos de poder, no van a desistir de su interés de privatizar el agua. Le corresponde al pueblo estar prevenido, y no permitir bajo ninguna circunstancia que intereses privados se apropien del control del agua, por el contrario la Asamblea Legislativa, debe decretar una Ley General de Aguas, que cumpla determinadas condiciones.
Según el Foro del Agua existen cinco principios fundamentales que debe comprender dicha ley: Garantía del derecho humano al agua; prioridad para el consumo humano y no de las empresas; gestión pública del agua; gestión sustentable de las cuencas hidrográficas; y un régimen económico justo y equitativo.
Para lograr una ley que integre estos principios es clave la participación ciudadana. La gente debe tomar acción, debemos asumir aquella frase histórica de Antonio Gramsci: “Instrúyanse, porque necesitamos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitamos todo nuestro entusiasmo.
Organícense, porque necesitamos de toda nuestra fuerza”.
Sin duda este es el momento más importante en el que todos y todas debemos defender el agua.
