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Por Alina Dieste
El Diamante/AFP
A días de la firma de la paz con las FARC en Colombia tras 52 años de conflicto armado, el «fenómeno del paramilitarismo» inquieta a la guerrilla, reunida esta semana en una conferencia nacional para ratificar el acuerdo alcanzado con el gobierno.
Entre los «guerrilleros delegados (…) se repite mucho la preocupación del fenómeno del paramilitarismo», dijo este lunes Pablo Catatumbo, integrante de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal y más antigua guerrilla del país.
Catatumbo, miembro del Estado Mayor de las FARC desde 1979, recalcó la incertidumbre que genera en filas de las FARC el accionar de milicias irregulares de derecha, que se formaron en los años 1980 para combatir a las guerrillas izquierdistas y que se desmovilizaron formalmente en los tempranos 2000.
«Hemos recibido saludos y comunicaciones de organizaciones sociales de distintas regiones del país, y han dado también sus inquietudes y casi todas van dirigidas en ese sentido», añadió el dirigente.
Incluso la semana pasada, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el gobierno está «en alerta» por el reciente asesinato de al menos cinco líderes sociales en distintas regiones de Colombia, donde en el primer semestre del año fueron asesinados 35 defensores de derechos humanos.
Miedo al exterminio
La inquietud por el paramilitarismo no es nueva en las FARC, nacidas en 1964 de una sublevación campesina y que según estimaciones del gobierno cuenta con unos 7.000 combatientes.
Según esta guerrilla, grupos de extrema derecha siguen operando en el país a pesar de la desmovilización de estas fuerzas irregulares promovida por el gobierno de Álvaro Uribe entre 2003 y 2006, a la que se acogieron unos 32.000 miembros de grupos de autodefensas.
El miedo de las FARC a que la dejación de armas y la reinserción de los guerrilleros a la vida civil genere violencia y muerte remite al exterminio de la Unión Patriótica (UP) tras el fallido proceso de paz del presidente Belisario Betancur en 1984.
Entonces, unos 3.000 miembros de ese movimiento político, entre ellos dos aspirantes a la presidencia, fueron asesinados por paramilitares en connivencia con fuerzas estatales.
«La UP es la organización política surgida de ese intento de paz de 1984. Fue creciendo con una base campesina fuerte y mucha simpatía urbana. Y eso asustó a la clase dirigente, que fomentó la creación de grupos paramilitares y se asoció con la mafia para aniquilar a la UP. Y los aniquilaron», explicó a AFP el analista Luis Fernando Quijano.
Según el investigador de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), tres décadas después, las FARC están advirtiendo sobre un segundo exterminio que se podría presentar porque el paramilitarismo «está vivo y extendiéndose en el país».
Este experto en conflictos urbanos y rurales recordó cómo en los espectáculos musicales que cada noche han cerrado la conferencia de las FARC ondea la bandera de la UP.
«Es un mensaje de las FARC recordando el magnicidio y advirtiendo que no puede volver a ocurrir», dijo.
¿El gobierno va a cumplir?
Aunque «por lo general, en todas las intervenciones se nota un apoyo unánime al acuerdo firmado en La Habana», también ha surgido preocupación en la conferencia por aspectos del pacto que será firmado dentro de una semana en Cartagena.
Catatumbo dijo que las bases guerrilleras se cuestionan su futuro al reingresar a la vida civil, así como el compromiso del gobierno de Juan Manuel Santos para honrar lo negociado tras casi cuatro años de diálogos en Cuba.
«¿El gobierno sí va a cumplir? ¿Cómo va a ser la reintegración nuestra a la vida económica del país? También surgen inquietudes sobre si los presos van a salir», señaló.
Además, dijo que «se han oído también algunas observaciones críticas frente a algunos mandos», en particular sobre los integrantes de un frente que opera en el centro-este del país, que meses atrás comunicó su intención de no acatar el acuerdo de paz.
La cúpula de las FARC había señalado entonces que quienes no se acogieran al acuerdo de paz quedarían «por fuera» de la organización y no podrían «usar su nombre, armas y bienes», aclarando no admitir «disidencias».
Los delegados de las FARC estarán reunidos hasta el viernes en el aislado paraje El Diamante en el Caguán, tradicional bastión de la guerrilla en el sureste colombiano, para pronunciarse sobre lo pactado para poner fin al conflicto que ha causado unos ocho millones de víctimas.
El lunes continuaron las intervenciones de las distintas unidades guerrilleras con miras a la votación sobre el acuerdo de paz, que será al final de la conferencia y «a mano alzada», dijo Catatumbo, precisando que la decisión se tomará «por mayoría».
«Rumbo» a la política sin armas
La conferencia, por primera vez realizada con aval de las autoridades y abierta a la prensa, también marcará el inicio de la transición de las FARC hacia un movimiento político sin armas.
«Estamos marchando por ese rumbo», enfatizó Márquez.
«Apenas hemos dado los primeros trazos (…), todavía no está plasmado totalmente en el lienzo la visión, la concepción del nuevo movimiento político, el nombre todavía no lo hemos decidido», apuntó, aunque sobre esto último dijo que hay «propuestas» para analizar.
En su pasaje a la vida política legal, las FARC tienen por delante el reto de aterrizar los «maximalismos» típicos de la izquierda y proponer «proyectos específicos», opinó la politóloga Camila Carvajal.
«Se están preparando para eso. No es un proceso que se va a resolver en dos años», dijo a la AFP esta experta del Centro de Investigación e Investigación Popular (Cinep).
Las FARC también deberán anunciar en los próximos días sus representantes al Congreso, con voz y sin voto, en los debates que se darán para la implementación del acuerdo, que para hacerse efectivo debe ser aprobado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre.
¡Bienvenidos, «presos políticos»!
En la conferencia guerrillera también participan «presos políticos» de las FARC que obtuvieron un permiso especial del gobierno para representar en la reunión a los miembros de la guerrilla en prisión, que según Márquez suman unos 4.000.
«Fue un momento apoteósico, de mucha emoción, de lágrimas, de abrazos», relató Márquez, al comentar el reencuentro, saludando «el gesto de confianza del presidente Santos».
Hermides Linares, de 39 años y 26 años en la guerrilla, es uno de los 16 prisioneros llegados el sábado, pero se esperan una decena más, según contó a la AFP.
Preso desde hace cuatro años «por rebelión», como la mayoría de los 150 miembros de las FARC que están en la cárcel de La Picota con él, Linares está «seguro» de que ganará el «Sí» en el plebiscito y de que en dos meses podrá acogerse al acuerdo de paz y quedar libre.
«La guerra para nosotros nunca ha sido la solución», afirmó este hombre que sueña con reencontrarse con su familia y está dispuesto a hacer en libertad lo que «la organización me ponga a hacer».
