Por Lissy de Abreu
Bogotá/AFP
El exjefe de inteligencia de Colombia Miguel Maza Márquez compareció este lunes ante la justicia por su presunta participación en el crimen del aspirante presidencial Luis Carlos Galán en 1989, health en medio de una gran expectación y de la insistencia del acusado sobre su inocencia.
El proceso contra el general retirado Maza Márquez, detenido desde fines de 2013 por el caso Galán, arrancó en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá y seguirá durante varias sesiones en los próximos días, según confirmó a la AFP un vocero del ente judicial.
El magistrado Fernando Castro, el mismo que condenó por espionaje a la que fuera jefa de inteligencia durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), está a cargo del juicio contra Maza Marquez, acusado de haber orquestado, en alianza con paramilitares y capos de la droga, el homicidio de Galán, férreo opositor al narcotráfico.
Galán, un carismático y popular político liberal favorito a ganar las elecciones de 1990, fue asesinado por sicarios en un mitín en Soacha (afueras de Bogotá) el 18 de agosto de 1989, tras pasar meses en la mira de los cárteles de la droga y sufrir numerosas amenazas.
Por este caso, declarado crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible, ya fueron condenados el sicario John Jairo Velázquez, alias Popeye, hombre de confianza del narcotraficante Pablo Escobar, y el exsenador liberal y exministro de justicia Alberto Santofimio.
La acusación contra Maza Márquez, formalizada en 2014 por la Fiscalía, le señala como «presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir por posibles nexos con organizaciones al margen de la ley, en concurso con homicidio con fines terroristas» contra Galán, su escolta Santiago Cuervo y el concejal Julio Peñaloza, todos fallecidos en el mismo hecho.
La supuesta responsabilidad de Maza Márquez en el crimen del candidato liberal está relacionada con el cambio de sus escoltas justo antes del atentado.
El ente acusador asegura que el exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) designó como jefe de seguridad de Galán a una persona que «no era idónea para el ejercicio del cargo y al parecer estaba vinculada con los grupos delincuenciales que planearon y ejecutaron el homicidio».
«Yo no lo maté»
El condecorado Maza Márquez, otrora considerado un héroe por su lucha contra el narcotráfico y sobreviviente a dos atentados de Escobar, insistió este lunes en el interrogatorio -dirigido por el magistrado Castro- en que no tuvo nada que ver con el asesinato y que fue el propio Galán quien le pidió tener otro jefe de escoltas.
Durante la audiencia, Maza Márquez relató que Galán se quejó de su jefe de seguridad porque «jugaba con los escoltas» y le llevaba comentarios a su esposa de sus actividades, lo que el político consideraba que no era «conveniente».
Además, en las últimas horas el exdirector de inteligencia había reiterado su inocencia y asegurado que su «única carta» ante la Corte Suprema «es la verdad».
«La misma Corte determinó que a Luis Carlos Galán lo asesinaron Pablo Escobar y el Cartel de Medellín», dijo en una entrevista publicada en el sitio web de la revista Semana.
«El tiempo tendrá que decir que una persona que intentan asesinar cinco veces vaya a ser amigo de los mismos que quisieron matarlo», agregó en alusión a los carteles narcotraficantes.
«Yo no participé en el asesinato de Luis Carlos Galán. Yo no lo maté», reiteró el general retirado, asegurando además que su proceso ha estado viciado.
Alias Popeye, liberado en agosto pasado tras cumplir tres quintas partes de una condena de 30 años por el caso Galán y haber colaborado con la justicia, podría ser llamado como testigo en el proceso contra el exdirector del DAS.
La Fiscalía ya había intentado dos procesos contra Maza Márquez pero en ambos casos fue liberado por defectos de forma en la presentación de la demanda.
El DAS, que dependía de la Presidencia, fue disuelto en 2011 tras 58 años de existencia, por haber sido vinculado con narcotraficantes y milicias paramilitares; y más recientemente por seguimientos y hostigamiento a magistrados, opositores y periodistas críticos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).