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Por Leonel Herrera*
El Juzgado de Sentencia de San Vicente ha girado nuevas órdenes de captura contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, según una investigación periodística realizada de manera conjunta por varios medios digitales sobre este caso de persecución contra el activismo ambiental.
Según la nota publicada la semana pasada por Voz Pública, MalaYerba, Gato Encerrado, Factum, Elementos, Focos T.V., La Brújula y otros medios integrantes de la Alianza de Medios Independientes de El Salvador, las órdenes de aprehensión dictadas por el referido tribunal responden a una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía busca encarcelar nuevamente a los defensores ambientales en represalia por no presentarse a la nueva vista pública el pasado 3 de febrero. Los activistas antimineros expresaron en una carta pública que no se someterán al nuevo juicio porque ya fueron sobreseídos el 18 de octubre del año pasado por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque.
En la misiva también denunciaron un posible plan de condenarlos de cualquier manera, encarcelarlos a toda costa y hasta asesinarlos en prisión; y llamaron a todos los sectores del país a cerrar filas contra la reactivación de la minería metálica porque “pone en riesgo la vida de toda la sociedad salvadoreña y la existencia misma del país”.
La publicación de la Alianza de Medios Independientes también se refiere al acoso permanente que sufre la comunidad Santa Marta, cuyos líderes han advertido que la FGR podría estar montando nuevos casos y proceder con más capturas.
Esta semana, Diario Colatino también publicó que un grupo de jóvenes becarios son objeto de vigilancia y acoso en las casas donde se hospedan en San Salvador. Son jóvenes de Santa Marta y de otras comunidades de Chalatenango, Cuscatlán y Morazán que estudian diferentes carreras universitarias apoyados por el programa de becas de ADES.
https://www.diariocolatino.com/santa-marta-denuncia-vigilancia-acoso-contra-jovenes-becarios/
La buena noticia es que, a pesar de la criminalización y persecución contra el activismo ambiental, la lucha social frente a la reactivación de la minería metálica aumenta y cada vez más voces se suman a la denuncia de esta mortal amenaza. El pasado fin de semana pobladores de Ilobasco, Cabañas, se manifestaron de manera clara y contundente.
En una caravana y concentración organizada por el Comité por el Agua y la Vida, las comunidades exigieron la derogación de la Ley General de Minería Metálica y el restablecimiento de la prohibición definitiva de esta nociva industria extractiva.
“Este día nos sumamos al consenso nacional por la vida de las presentes y futuras generaciones”, expresaron en el comunicado. “Nos manifestamos contra la codicia, la avaricia y las mezquinas ambiciones de riqueza que motivan a las empresas y al gobierno de turno a revertir la prohibición de la minería para imponer estos proyectos de muerte”, manifestaron.
En el pronunciamiento advierten que la minería escasea el agua, contamina con cianuro y metales pesados, destruye ecosistemas, provoca enfermedades mortales como insuficiencia renal y diversos tipos de cáncer y daña la agricultura, la pesca, el turismo y otras actividades económicas.
También señalan el problema de los desechos tóxicos que las empresas mineras lanzan a los ríos o dejan abandonados en “depósitos de colas”, los cuales “representa un enorme peligro en un país como el nuestro que es altamente sísmico y propenso a tormentas, huracanes y otros fenómenos climáticos que causan desastres”.
Además, alertan que los daños de la minería serían para todo el país, debido a que los proyectos mineros están en la cuenca del Río Lempa. “Una mayor contaminación del Lempa arriesgaría el suministro de agua para San Salvador, la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de distritos de riego y otras necesidades vitales del país”, advierten.
Las comunidades exigen que, en vez de minería, el gobierno reactive el agro, la producción alimentaria, el turismo, las industrias no contaminantes y el desarrollo humano a través de la salud y educación. Consideran que “ahí están las verdaderas posibilidades de empleo y desarrollo”
Finalmente, sostiene que el país también necesita reformas tributarias progresivas donde “paguen más quienes tienen más” y que ésto daría al Estado muchos más ingresos fiscales que los proyectos mineros. Proponen impuestos directos a la ganancia de las grandes empresas y al patrimonio de las personas más ricas, en vez de seguir gravando a la población pobre.
Enhorabuena, pues, que a más persecución, más voces rechazan la minería metálica.
*Periodista y activista ambiental.
