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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El recuerdo de la muerte de Beatriz contiene una mezcla de dolor, impotencia e indignación en su madre, quien señaló en su testimonio ante la Corte IDH, que el retardo en la interrupción del embarazo de Beatriz por su condición del lupus eritematoso (enfermedad autoinmune) debilitó su ya precaria salud.
Al rendir testimonio sobre el fallecimiento de Beatriz, señaló “Ella iba para el Hospital Rosales a consulta, cuando tuvo un accidente de tránsito y se golpeó su rostro, pero terminó con una neumonía”, agregó al explicar una serie de ingresos hospitalarios en Jiquilisco, Usulután y San Miguel.
“Una parte de mi vida se fue con ella. No volvió a ser la misma, su salud se agravó más (lupus), su falla de riñones, y estuvo en tratamiento de su corazón. Pero, era fuerte porque seguía cuidando al niño (primogénito), nos hace mucha falta”, manifestó.
Sobre Beatriz, en el entorno familiar, señaló, fue una buena hermana, hija y madre, que su vida en la zona rural y sin ingresos económicos, acompañaba a su madre al campo para cultivar la tierra, luego emigró a San Salvador, como empleada doméstica.
“Cuando tenía 18 años comenzó con dolor en sus pies, la llevé a consulta y me dijeron que tenía artritis juvenil y luego, la llevamos al Hospital Rosales y le diagnosticaron lupus”, recordó.
Con estas declaraciones de la madre Beatriz se abrió la parte de los testimonios de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en Costa Rica, en donde el Estado salvadoreño enfrenta una demandan de Beatriz, por sus afectaciones de salud grave ante la negativa de tratamientos médicos por la penalización absoluta del aborto en la legislación nacional. Posterior a la intervención de la madre de Beatriz, fue el médico tratante, Guillermo Ortiz Avendaño, quien rindió sus experticias sobre el caso Beatriz.
Ortiz Avendaño es ginecólogo obstetra y de embarazos de alto riesgo, quien afirmó haber atendido el primer parto de Beatriz, que fue complicado con un parto prematuro producto de su lupus eritematoso.
“Tenía 12 semanas de su segundo embarazo -cuando la volvía a ver- y ella ya tenía un estudio previo (Hospital Rosales) en donde el feto tenía anencefalia (sin partes del encéfalo que lo forman cerebro, tallo y cerebelo y el cráneo) y su lupus la había afectado con llagas, estaba exacerbado por las hormonas (estrógeno) por el mismo embarazo”, comentó.
“Luego, se hizo un nuevo estudio y se llevó al comité médico en donde 15 especialistas evaluaron el caso y se determinó la interrupción del embarazo para salvar su vida. Y fue cuando el asesor legal del hospital, quien dijo que no estaba permitido por la ley practicarle el aborto, entonces, decidimos solicitar otras opiniones, pero se tardaron para responder”, relató el médico.
Esto llevó a que Beatriz pidiera un amparo ante la Sala de lo Constitucional para solicitar la interrupción del embarazo para salvar su vida, pero le fue negado. Y se tuvo que llevar la demanda al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quienes emitieron sus medidas cautelares y provisionales para cumplir con su petición.
“Beatriz fue intervenida a sus 26 semanas, y el riesgo aumentó porque había un volumen doble de sangre y los factores de coagulación por su lupus aumentaron. Se hizo el procedimiento de una cesárea”, agregó.
Las preguntas de los jueces y juezas de la Corte IDH estuvieron relacionadas sobre la gravedad del embarazo del alto riesgo y la interrupción del mismo, así también de los protocolos médicos sobre el tema, la falta de atención a Beatriz y el acoso que sufrió al hacerse público el caso.
De la primera jornada, Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, afirmó que las preguntas de los jueces eran interesantes sobre la temática.
“Los jueces y juezas con sus preguntas -creo que- han quedado claros de la situación de El Salvador, que son cosas que no se conocen como las consecuencias por la penalización absoluta del aborto y lo que provoca a las mujeres”, agregó Herrera, que se encuentra en la sede de Corte IDH, en representación de la familia de Beatriz.
Mientras, Anabel Recinos, abogada de la Asociación por la Despenalización del Aborto, organización colitigante que representan a la familia de Beatriz, que sigue desde El Salvador la audiencia, afirmó que estas dos intervenciones han sido clave para el caso Beatriz vrs el Estado de El Salvador.
“Ya vimos a la Comisión Interamericana contextualizar el caso ante a Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), hemos escuchado a la familia de Beatriz y al médico tratante. Nosotras, que conocemos el caso a profundidad, hemos visto como los jueces han tratado el caso y tratar de saber la situación que vivió Beatriz”, afirmó.
“Consideramos que toda esa situación hasta su estigmatización por pedir la interrupción del aborto fue injusta, porque no se le garantizó el derecho a la salud, no se le protegió la integridad personal en cuanto a la privacidad y su diagnóstico médico”, sostuvo Recinos.
Igualmente consideró que ha quedado claro que la interrupción del embarazo era la única salida, por dos razones: la primera, por su padecimiento diagnosticado de lupus que se agravaba con el embarazo y segundo el feto que era anencefálico, lo cual, no tenía posibilidad de vivir fuera del útero como ocurrió al morir a unas horas de nacido.
“Hemos visto a los jueces y juezas interesados e ir profundizando en la situación que vivió Beatriz. Porque Beatriz le puso el rostro a esta problemática del país, que prohíbe el aborto en todas sus causales y lo más grave a costa de la vida de las mujeres”, reiteró.
“Ella le pidió a las autoridades a interrumpirlo -y se le dijo que no- a Beatriz se le brindó el tratamiento al final, pero no porque el Estado salvadoreño estaba interesado en su salud. Fue por medidas cautelares y provisionales que se dictaron desde la Corte IDH, y porque el personal médico estaba seguro que no iba a enfrentarse a un proceso judicial”, argumentó Recinos.
En cuanto a la evaluación de la primera parte de la audiencia, Recinos reiteró: “Se arriesgó mucho la vida de Beatriz”, ante todo porque todo el marco jurídico sobre el aborto no garantiza la atención médica oportuna.
“Ese personal médico, -aunque ellos tenían voluntad- no se atrevieron a intervenir porque estaban también en riesgo otro colega los denunciará y tuvieran que enfrentar un proceso judicial con una sentencia y pena de más de 8 o 12 años. No era sencillo ese riesgo y poner en juego su carrera profesional”, subrayó.
“Y creo que no es justo que las mujeres sigamos en este escenario de no tener atención médica oportuna, que no se atienda porque igualmente se le violentó su autonomía a Beatriz. Esperamos que la sentencia sobre el caso sea a finales de este año y tengamos un fallo favorable para la familia y una legislatura con medidas de no repetición que será positiva para las mujeres de la región”, reafirmó Recinos.
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